Pasaron 15 años, siete meses y 11 días, cinco fiscales de instrucción (Javier Di Santo, Fernando Moine, Marcelo Hidalgo, Daniel Miralles y Luis Pizarro) y uno de cámara (Julio Rivero) y todo sigue como al principio: Sin culpables por el crimen de Nora Dalmasso.
Dicen que la impunidad es hija del poder. Es decir, de aquel que puede disponerla porque tiene la capacidad de conseguirla. El origen de esa posibilidad puede ser económico, delictual, espiritual, político o simplemente de fuerza bruta, como la que imponen las instituciones armadas o de seguridad. La impunidad es lo más parecido a una osteoporosis social, que debilita desde adentro la estructura sobre la que se sostiene el cuerpo de las sociedades, que básicamente es la existencia de acuerdos de convivencia en base a reglas. Cuando esas reglas son violentadas se fractura la confianza, el lubricante que alimenta las construcciones comunes. En ese sentido, el resultado de impunidad de procesos judiciales como el que finalizó este martes 5 de julio actúa del mismo modo que una bomba.
Sin embargo, la impunidad tiene otra cara, que lima o desgasta al que la ejerce: Soluciona el presente de los responsables, pero deja abierto el juicio histórico. Por lo tanto, todas las hipótesis siguen vivas y tienen derecho de seguir así. Como suele ocurrir con la mayor parte de las injusticias, algún día encuentran la fisura por donde regresar a la superficie para resolverse.
Esto vale también para el impune asesinato de Nora Dalmasso.
Para que haya impunidad hay personas de carne y hueso que actúan, que ponen su voz, su firma, su argumento. Instituciones que se vuelven cómplices de esa búsqueda, ya sea por acción u omisión.
¿A quién le puede decir la Justicia de Córdoba que su accionar fue el correcto, si después de más de 15 años el crimen sigue impune? ¿A quién le puede decir la Justicia de Córdoba que trabajó bien, si pasaron seis fiscales, y luego de más de 15 años el asesinato sigue impune? ¿A quién le puede decir la Justicia de Córdoba que resguarda los derechos de los habitantes de la provincia, si el fiscal (Rivero) que tenía que defender la investigación que hizo otro fiscal (Luis Pizarro), no lo hizo? ¿A quién le puede decir la Justicia de Córdoba que cuida los impuestos de los contribuyentes, si Pizarro investigó más de dos años y elevó una causa a juicio, cuya hipótesis fue defenestrada por otro fiscal (Rivero), que además se tomó otros cuatro meses de juicio para decirlo? En las dos opciones que dan las respuestas, hay responsables. Si la Justicia fue cómplice de la impunidad, alguien permitió que sucediera. Si la Justicia fue negligente o inútil, lo mismo. El accionar de la Justicia excede al crimen de Nora Dalmasso, pero el hecho irresuelto interpela su indefendible papel en el caso. También, las consecuencias de su accionar abrazan al sistema político que se encolumnó en silencio detrás de este accionar.
Puede ocurrir que en el debate un fiscal encuentre que se queda “corto” de pruebas. Nadie está exento de una experiencia de ese tipo. Lo que no debió ocurrir es que el fiscal Rivero exprese su diferencia con la acusación cuando presentó el alegato porque consideraba que esta era incorrecta. Pasaron casi cuatro meses en el medio.
Pizarro había asentado su acusación contra Macarrón como instigador del crimen de su esposa, sobre todo, en pilares técnicos. Los mismos eran muy difíciles de rebatir. Luego incorporó prueba testimonial. Una de las pruebas técnicas era la pericia psicológica de la víctima. Para los especialistas, Nora no tenía problemas fuera de su entorno, los que tenía eran en su propia alcoba, ya que era parte de un “matrimonio disfuncional”, definieron. Otro, el análisis de la autopsia y la escena del crimen, donde sobresale que la mujer fue sorprendida durmiendo, fue abusada (para simular) y la mataron con las manos y el lazo de su bata apretado alrededor de su cuello. Luego, el asesino “limpió” el lugar de sus huellas y “sexualizó” la escena para que parezca que fue un amante. El fiscal consideró como correcta la conclusión de uno de los forenses, de que el abuso se produjo durante la agonía y que, por lo tanto, no hubo consentimiento. También estableció que el móvil había sido económico para colocar a Marcelo Macarrón como quien armó el plan para matar a Nora. Traducido en lenguaje silvestre: No quería dividir los bienes en la separación del matrimonio. Para Pizarro, eso era producto de la personalidad del médico, un hombre muy preocupado por hacer dinero y no gastarlo, “re-pijotero”, como lo definió su ex amante Alicia Cid. Como bien se dijo antes del inicio del juicio, esa hipótesis tenía casilleros sin llenar: Quién fue el asesino material o “sicario”; cuánto cobró por hacerlo; dónde y cuándo se realizó ese acuerdo; cuándo y dónde se pagó el asesinato.
Marcelo y Facundo Macarrón al finalizar el juicio por el crimen de Nora Dalmasso. (Foto: José Ismael Britos / Télam).
El esquema con el que organizó el juicio no podía resolver esos “faltantes”. Todos los testigos convocados habían ayudado a llegar hasta lo que se sabía, no más. La investigación previa no había encontrado elementos en ese sentido y esa era su debilidad.
Además, increíblemente, Rivero dejó desarrollar su estrategia al abogado Marcelo Brito, defensor de Macarrón durante los interrogatorios a los testigos. Y hasta dejó caer la lectura del testimonio de Alicia Cid. Justificó en la sala que se debió a que el expediente no había tenido control de parte y que iba a ser declarado nulo porque no podía ser ratificado por una nueva declaración de la mujer durante la audiencia.
También, en su alegato, dijo que Nora había tenido “sexo consentido”. Todo lo contrario a lo que había planteado Pizarro. Obvio, que si era “sexo consentido”, la imputación se derrumbaba, porque la pericia psicológica actuaba en sincronía con la autopsia, la escena del crimen y el móvil. Es el abecé de una acusación: la coherencia argumental. Pero Rivero volvió a interpretar el expediente y desestimó el informe de Ricardo Caciaguerra y adhirió al de Mario Vignolo y Mario Subirachs.
Nora Dalmasso.
Trató de cubrir su posición, asegurando que al traumatólogo se lo debió acusar de encubrimiento agravado junto con su vocero Daniel Lacase y la expareja del abogado laboralista, Silvia Magallanes. Sin embargo, como para él hubo “sexo consentido”, esa teoría también se caía.
El papelón judicial es, por cierto, una suma interminable de capítulos. Este fue uno más.
Mientras, Nora Dalmasso sigue ahí. Prendida de la memoria social como víctima de un hecho impune. Esperando justicia desde aquella cada vez más lejana madrugada del 25 de noviembre de 2006.
EL ATAQUE DE BRITO Y RIVERO A MEDIOS Y PERIODISTAS
El abogado defensor Marcelo Brito y el fiscal Julio Rivero atacaron, con sus dichos, a la prensa y a periodistas. Sucedió durante los alegatos. Se trata de afirmaciones que lesionan los derechos de información y libertad de expresión.
Brito afirmó que los medios, a lo largo de todo el juicio, desinformaron a la sociedad: “Los medios tiran mierda cuando las cosas no se hacen como ellos quieren… (…) la información tiene que ser clara, transparente y no tiene que ser crítica (sic)”.
El abogado Marcelo Brito, a la izquierda de Macarrón. (Foto: José Ismael Britos / Télam).
Mientras que sobre la cobertura periodística de Puntal, dijo que “un medio que antes vendía 3.000 ejemplares y ahora vende 400 contrató a un equipo de periodistas, uno de los cuales fue demandado por Macarrón. Eso es una lucha muy desigual (sic)”.
Por su parte, Rivero habló de un juicio “adentro” y otro “afuera” de la sala de audiencias, del que dijo haber sufrido presiones “mediáticas y sociales” (sic). Planteó que “en los dos juicios que se realizaron en simultáneo, en uno se respetaron las garantías constitucionales, mientras que en el otro se juzgó con liviandad a policías, forenses, al Ceprocor, a Lacase, a Magallanes, a Rohrer y a la propia Nora Dalmasso”.
COBERTURA
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