Este jueves 19 de septiembre comenzarán a declarar testigos en una nueva instancia del tratamiento del caso Mackentor, la constructora ocupada por los militares del III Cuerpo de Ejército el 25 de abril de 1977, durante la última dictadura cívico-militar. La audiencia se desarrollará en los tribunales federales con sede en Córdoba Capital.
Será la cuarta audiencia de esta particular instancia judicial que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF N°1) integrado por Carolina Prado, como presidenta, y Cristina Giordano y Facundo Zapiola, como jueces. El fiscal es Facundo Trotta; mientras que los defensores de las víctimas son los abogados Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat; y los representantes del Estado son los abogados Antonio Márquez y María Soledad Cuestas Bazán.
Los testigos citados para este miércoles, a partir de las 9:30, son Alberto Javier Salcedo, director de Contencioso Internacional en materia de DD.HH. de la Cancillería; Edgardo Enzo Manassero que fue detenido en Buenos Aires, era empleado de Mackentor al momento de los hechos e hijo de Enzo Manassero, otra de las víctimas; y Fabián García, periodista y autor del libro “Mackentor, crónica de un saqueo”. En tanto, el miércoles 2 de octubre, a las 10:00, deberá comparecer el integrante de Supercemento, José Gloria Rodríguez Falcon.
Esta nueva etapa surgió de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, fundada en un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró la nulidad absoluta e insanable de la sentencia dictada por el TOF N°1 (en su anterior composición) en la Megacausa de La Perla en los puntos 10 y 11.
Allí se dispone dictar una nueva resolución sobre este capítulo que, en lo esencial, debe partir de determinar si la intervención judicial de la empresa Mackentor S.A. de fecha 2 de mayo de 1977, dictada por el juez Adolfo Zamboni Ledesma, resultó legítima y válida o si, por el contrario, es ilegítima e inválida. Desde este nudo o cruce de rutas se sostiene luego, la legalidad o ilegalidad de todo lo ocurrido hasta la sentencia del TOF N°1 de 2016 (en el juicio de la causa La Perla), y la “extensión” (temporal) de los daños a reparar (indemnización).
Cabe recordar que el TOF N°1 había condenado a Luciano Benjamín Menéndez como coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal (dos hechos) y usurpación por turbación del dominio (un hecho) todos en concurso real entre sí. La CSJ recordó en su resolución de noviembre de 2023, que “sin perjuicio de ello, (el TOF N°1) entendió también que, aunque el 25 de abril de 1977 se verificó una irrupción ilegal en las oficinas de la empresa Mackentor por parte de las Fuerzas Armadas —que paralizó la actividad—, el delito de usurpación se agotó en sus efectos el día 2 de mayo del mismo año, cuando -por orden judicial- el Juez Federal (Zamboni Ledesma) designó a un auxiliar judicial para intervenir en el funcionamiento de la empresa de mención. Ello, a los efectos de poder examinar los libros y la documentación contable de las empresas, en atención a la presunción de que subvencionaban económicamente las actividades ilícitas de organizaciones subversivas”.
Dicho de otro modo, para el TOF N°1, la ilegalidad se extendió una semana y un día (del 25 de abril al 2 de mayo); luego, la intervención de Zamboni Ledesma trajo la legalidad y, en consecuencia, la usurpación y destrucción posterior de la empresa no estuvo conectada al delito de lesa humanidad -la ocupación militar de la empresa, y el secuestro y tortura de sus directivos-.
EL CASO MACKENTOR
Mackentor fue una compañía dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, y obras en todo el país, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera, secuestrando a directivos y empleados. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada, usurpada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. El principal beneficiario de la acción del Terrorismo de Estado fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. Esta compañía se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, una de las principales obras públicas de la época.
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