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Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor

De izquierda a derecha, los jueces Julián Falcucci, Jaíme Díaz Gavier y José Camilo Quiroga Uriburu. (Foto: Gentileza CIJ).

Las víctimas del caso Mackentor pidieron al Consejo de la Magistratura investigar por “mal desempeño” o “comisión de delitos” a cinco jueces federales. Se trata de los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu, que integraban el tribunal oral de la mega causa de La Perla; el juez federal, Alejandro Sánchez Freites; y el camarista federal Abel Sánchez Torres. Mientras que ante el Jury de Enjuiciamiento de la provincia de Córdoba acusaron por los mismos delitos a la juez Verónica Francisca Martínez de Petrazzini.

A los tres primeros los demandan por firmar “la sentencia en la Mega Causa de La Perla rechazando el derecho de las víctimas de crímenes de Lesa Humanidad con el fundamento de que el juez Adolfo Zamboni Ledesma les garantizó el derecho de justicia durante la intervención Judicial -1977-1984-”; a los dos últimos, por “haber rechazado de manera ilegal y al margen de la prueba y del derecho aplicable el pedido de Mackentor S.A de ser tenido como querellante y actor civil”; y a Martínez de Petrazzini por sus actos en la quiebra de Mackentor.

VER El mandato moral de Talo Kejner.

Qué buscan las presentaciones: Que los órganos de contralor de la actividad judicial (el Consejo de la Magistratura en el fuero Federal; y el Jury de Enjuciamiento en Córdoba) se expidan sobre el accionar de los seis jueces (cinco federales y uno provincial) por su responsabilidad en la sanción que la CIDH le impuso a Argentina por violar los derechos humanos en el caso Mackentor. En principio se reclama que se los investige por “mal desempeño” o la “comisión de un delito”.

Cabe recordar que en la mega causa de La Perla, la Justicia sancionó a Menéndez y otros militares por los secuestros y torturas en el marco del plan de exterminio aplicado por la dictadura cívico-militar en relación a Mackentor, pero no extendió la culpabilidad a la actuación de los militares, los jueces y los empresarios que se beneficiaron, por la intervención militar y judicial, vaciamiento y destrucción de la compañía constructora nacida en Córdoba. A su vez, la Justicia provincial decretó la quiebra de Mackentor luego que esta no pudiera hacer frente a la demanda de honorarios en un juicio contra el Estado por los perjuicios causados por la intervención judicial impuesta desde el III Cuerpo de Ejército en 1977 y pese a que el hecho se enmarcaba como crimen de Lesa Humanidad.

La mega causa de La Perla fue el juicio más importante contra el Terrorismo de Estado en la Justicia Federal de Córdoba y juzgó los hechos ocurridos en el segundo mayor campo de concentración de Argentina y otros centros de detención desde 1974 hasta 1983. En agosto de 2016, Menéndez y otros 27 militares y policías recibieron condenas a prisión perpetua por su participación en crimenes de Lesa Humanidad en los que fueron encontrados como responsables; y otros 10 militares y cíviles recibieron penas menores.

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En ambos planos, el federal y el provincial, el abogado patrocinante, Juan Carlos Vega, fundamenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución de fondo (equivalente a un fallo de nuestra Justicia) en contra del Estado argentino por la violación de Derechos Humanos de las víctimas secuestradas, torturadas y desaparecidas en el caso de la constructora Mackentor. Los hechos ocurrieron en Argentina durante la Dictadura cívico-militar de 1976 y sus efectos se prolongan, por la inacción de la Justicia, hasta el presente. Se trata de una resolución que es de cumplimiento obligatorio para el gobierno nacional.

Dice, en ese sentido, que la CIDH ordena al Estado argentino investigar y reparar. Afirma que “corresponde declarar la nulidad de la quiebra y de la sentencia de la mega causa de La Perla en el tramo Mackentor”.

Señala también que “el concepto reparar implica declarar la nulidad, ya que es la primera reparación que necesitan las víctimas de Mackentor por la persecución del Estado desde 1977 hasta 2016”.

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Plantea además que si se declara el mal desempeño o comisión de delitos por parte de los jueces, “este hecho acarreará la nulidad, tanto de la quiebra como del tramo de sentencia correspondiente a Mackentor en la megacausa de La Perla”.

Las presentaciones fueron dirigidas al titular del Consejo de la Magistratura de la Nación y titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; y a la titular del Jury de Enjuiciamiento de la provincia, Julieta Rinaldi.

Llevan las firmas de Camilo Kejner, hijo de Natalio Kejner -uno de los fundadores de Mackentor- y sobrino de Marta Kejner; la escritora Reyna Carranza, esposa de Gustavo Adolfo Roca -abogado y síndico de la empresa-; Marta Cristina Ramis, Elena Rosa Ramis y Patricia Emilia Ramis, hijas de Ramón Walton Ramis, uno de los directivos; Nora Vilma Manassero, esposa de Enzo Manassero, directivo de Mackentor; y Pablo y Cecilia Zambón, hijos de Carlos Enrique Zambón, otro de los directivos.

VER La CIDH condenó a Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Mackentor.

Natalio Kejner. (Foto: Gentileza La Voz).

Mackentor fue una empresa dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.

La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. Luego, se produjo, por parte de la Justicia Federal, una fenomenal cobertura del accionar de Zamboni Ledesma y otros funcionarios, un proceso que continúa hasta el presente.

Una imagen del juez Adolfo Zamboni Ledesma. (Archivo).

LOS FUNDAMENTOS CONTRA MARTÍNEZ DE PETRAZZINI

La CIDH declara la responsabilidad internacional de Argentina “por actos cumplidos por los jueces federales de Córdoba y por la jueza de la provincia de Córdoba, Victoria Martínez de Petrazzini en la quiebra de Mackentor”.

Explica Vega que “la conducta que denunciamos de la jueza Martínez es la de declarar la quiebra de Mackentor S.A en pleno conocimiento de que se trataba de un Crimen de Lesa Humanidad. (…) Desde la primera presentación que hizo Mackentor, la jueza supo que los créditos por los cual se peticionaba la quiebra provenían de regulaciones de honorarios por prescripciones declaradas en Crímenes de Lesa Humanidad. Es decir imprescriptibles”. Es decir, que la situación económica de la empresa y sus accionistas era producto de la acción del Terrorismo de Estado, que vació la compañía y persiguió y secuestro a sus directivos a partir de 1977.

También recuerda el abogado de Kejner y el resto de las víctimas de Mackentor que “la jueza Martínez supo, desde un comienzo, que los peticionarios de la quiebra eran los fiscales federales de Córdoba, Luis Roberto Rueda, Carlos Otero Álvarez y Humberto Vidal” y rechazo “la prejudicialidad penal planteada sobre la base de la investigación en curso sobre crímenes de Lesa Humanidad”. Esto es, que los crímenes de Lesa Humanidad se anteponen a normas o leyes internas.

Carlos Otero Álvarez, que fuera secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma. Foto: Sebastián Salguero / Archivo.

Agrega que “la declaración de quiebra de Mackentor no obedece a simples errores procesales. Las victimas tenemos el derecho de pensar que la jueza de la quiebra, al desconocer el Crimen de Lesa Humanidad cometido en contra de Mackentor y probado ante la Justicia Federal, lo que estaba haciendo era silenciar que los peticionarios de la quiebra eran fiscales federales de Córdoba beneficiados por regulaciones de honorarios dictadas en la misma justicia Federal de Córdoba en juicios por Crímenes de Lesa Humanidad”.

Por otra parte, considera que “se trate de mal desempeño o se trate de delitos cometidos en el ejercicio de la función Judicial, la quiebra de Mackentor es la última etapa de crímenes de Lesa Humanidad que se iniciaron en abril de 1977 cuando el General Luciano Benjamín Menéndez interviene a la empresa Mackentor con el fundamento de ser “sostén financiero de la subversión”.

El ex-jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Foto: Sebastian Salguero / Archivo.

Vega apunta que “25 años después de este bando militar de Menéndez, la jueza Martinez declaraba la quiebra de la empresa Mackentor. La decisión de la jueza constituye la última etapa de la persecución masiva de personas iniciada por Menéndez”.

“Pero más allá de estos hechos está el texto del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Mackentor, que ordena investigar la conducta de los jueces que generaron la responsabilidad Internacional de la República Argentina por violaciones masivas a las Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

EL TRIBUNAL DE LA MEGA CAUSA DE LA PERLA

“La Sentencia en la Mega Causa de la Perla declara que los actos cumplidos durante la intervención judicial (durante la dictadura) a cargo del Juez Adolfo Zamboni Ledesma  fueron  válidos y legítimos” explica la presentación dirigida a Rosatti. Y agrega que “la sentencia declara que el Juez Zamboni Ledesma les garantizó a las víctimas de Mackentor todos sus derechos”. Los jueces que dictaron el fallo son Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu.

El abogado Juan Carlos Vega. (Foto: Mariano Paiz / Archivo).

Asegura Vega que “se trata de decisiones Judiciales contrarias a pruebas plurales y dirimentes del juicio y contrarias al Tratado de Roma que era derecho aplicable por los jueces en la Causa de la Perla. Son decisiones voluntaristas e ideologizadas que la CIDH declara violatorias de la Convención y de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos”.

Recuerda luego a los oficios de consulta (sobre cómo proceder en el caso) que dirigía el juez al general Menéndez: “Valga esta prueba omitida por la sentencia para probar de qué modo los jueces les negaron a las víctimas de Mackentor todo derecho de justicia sin ningún respaldo probatorio ni legal”.

Dice finalmente que “ésta sola prueba acredita la alta complicidad del Juez Zamboni Ledesma con el Terrorismo de Estado en Córdoba. Y acredita del mismo modo que la sentencia en la Mega Causa de la Perla en (lo referido) al Caso Mackentor, es aberrante. Como lo dice la CIDH viola elementales derechos de justicia de las víctimas de Mackentor”.

[COBERTURA]

VER El mandato moral de Talo Kejner.

VER La CIDH condenó a Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Mackentor.

VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.

VER Caso Mackentor: corrupción, Terrorismo de Estado y jueces que protegieron a sus pares y empresarios.

VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.

VER Documentos Mackentor, crónica de un saqueo.

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