"La Justicia protegió a funcionarios judiciales y a los intereses económicos beneficiados", aseguró Juan Carlos Vega, abogado de las víctimas del caso.

Los tribunales federales de Córdoba.

El abogado Juan Carlos Vega pidió ayer ante la Sala IV de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky -como presidente-, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos -estos últimos, como vocales- “la nulidad” de la sentencia correspondiente al caso Mackentor, en el marco de la mega causa de La Perla. Afirma que el tribunal “protegió a otros funcionarios judiciales y a los intereses económicos beneficiados”. También asegura que el fallo omitió “cuarenta y una pruebas instrumentales y testimoniales”, no tuvo en cuenta “el Derecho Aplicable y por ende (efectuó una ) incorrecta aplicación del Código Penal y del Código Procesal Penal”.

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Cabe recordar que el juicio conocido como “La Perla” abarcó a los hechos sucedidos en este campo de concentración y el de “La Ribera”. Se realizó con 26 causas acumuladas, más de 700 víctimas y casi 40 imputados. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba -integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier (presidente), Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Arturo Ochoa (este último en calidad de juez sustituto)- impuso la pena de prisión perpetua a 28 imputados. En tanto que fijó penas de dos a 21 años para otros 10 acusados. Cinco fueron absueltos.

Además de Vega, comparecieron la Defensa Pública Oficial que asiste a Juan Carlos Cerutti, Francisco Domingo Melfi, José Idelfonso Vélez; y la defensa particular de Alberto Luis Choux. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal y los restantes defensores oficiales realizaron presentaciones por escrito informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

El abogado Juan Carlos Vega.

El caso de la empresa constructora Mackentor evidencia la conexión íntima de los militares con un sector del poder económico de nuestro país, los verdaderos beneficiarios del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976. El ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y sus hombres actuaron como la fuerza armada desde el Estado en favor de un negocio particular, en este caso del grupo Supercemento. ¿Cuál fue el botín?: el Segundo Acueducto Villa María – San Francisco, una enorme obra pública que Mackentor había obtenido por licitación en 1972 y se negaba a entregar al gigante del sector, que era Supercemento. Por ese motivo, el grupo liderado por Natalio Kejner fue intervenido y sus directivos, detenidos y torturados. En el medio y en el tiempo, hay que sumarle complicidades del Poder Judicial, por ejemplo, del fallecido juez Adolfo Zamboni Ledesma y otros funcionarios de la Justicia. La empresa terminó quebrando en 2002.

VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.

Vega reclamó en la audiencia las siguientes nulidades:

Tres de los jueces del Tribunal Oral Federal 1, durante el juicio de la mega-causa La Perla.

-De la sentencia en lo que es objeto del Recurso de Casación, “por violación al Derecho Aplicable y por contradecir la prueba del juicio”.

-De la intervención judicial de Mackentor y “los actos cumplidos por ella y durante ella por ser actos de un crimen de Lesa Humanidad”.

-De “la rescisión del contrato de Obra del Acueducto Villa María – San Francisco. Y del nuevo contrato a favor de Supercemento S.A. (…) y de la compra por parte de Supercemento S.A. de la Fábrica de tubos para conductos de alta presión de Mackentor S.A.” .

-De la quiebra de Mackentor, “fundada en créditos por honorarios regulados a favor de los Fiscales Federales de Córdoba en autos “Mackentor c/ Estado Nacional – daños y perjuicios”.

También planteó que “se declare la responsabilidad del Estado Nacional por los daños causados a Mackentor S.A. por la intervención judicial. Y de manera solidaria se declare la responsabilidad reparatoria de Supercemento S.A. por ser partícipe necesario en los crímenes de Lesa Humanidad cometidos”.

Además pidió que se “investigue la responsabilidad de los funcionarios judiciales  beneficiarios de honorarios con los cuales se peticionó la Quiebra de Mackentor S.A.” Entre ellos se encuentra la actual fiscal federal, Graciela López de Filoñuk, el camarista Luis Rueda y el ex camarista, Carlos Otero Álvarez.

Por último, solicitó que  “se ponga a disposición del Juez Federal (Claudio Bonadío) que investiga la red de Corrupción denunciada en la última década , de la causa de Mackentor por su conexidad objetiva y subjetiva. La empresa Supercemento actuó del mismo modo en las dos etapas históricas”.

 LA COMPLICIDAD CIVIL

Natalio Kejner, el dueño de Mackentor y una de las víctimas.

En una extensa presentación, Vega se pregunta “¿qué dice la sentencia para fundar el rechazo de las nulidades de los actos de la intervención judicial de Mackentor?” Y se responde: “Nos dice dos cosas. Ambas son declaraciones dogmáticas que contradicen la prueba y violan el derecho aplicable: “No hay prueba que acredite que el Juez (Adolfo) Zamboni Ledesma actuara bajo los designios de Menéndez” y “la Intervención Judicial a cargo del mismo juez hace cesar los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante  el Terrorismo de Estado por el general Menéndez”.

A partir de esa afirmación, el representante de Mackentor señala: ¿La Intervención Judicial de Mackentor fue un acto jurídico válido que garantizó a Mackentor y a sus directivos sus derechos constitucionales de defensa, o por el contrario, la intervención judicial de Mackentor fue la continuidad de la Intervención Militar dispuesta por el General Luciano Benjamín Menéndez, es decir, la continuidad de los crímenes de Lesa Humanidad que reconoce la sentencia como acreditados? ¿Fue o no una fachada de legalidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Menéndez, tal como lo describe en la primera parte la sentencia recurrida, o por el contrario una excepción a esa regla? ¿Qué es lo que lleva a jueces federales argentinos, después de 34 años de democracia, en un juicio por crímenes de Lesa Humanidad, a apartarse tan groseramente de la prueba del Juicio y del Derecho Aplicable? ¿Se trata de simples errores procesales los que comete la sentencia o por el contrario, la sentencia la revela una decisión ideológica de los jueces federales de Córdoba  de silenciar y ocultar  responsabilidades de la misma Justicia Federal  y de proteger los intereses económicos beneficiados?

¿Qué es lo que lleva a jueces federales argentinos, después de 34 años de democracia, en un juicio por crímenes de Lesa Humanidad, a apartarse tan groseramente de la prueba del Juicio y del Derecho Aplicable?” (Juan Carlos Vega).

Sobre los hechos probados en la causa, el defensor legal de Mackentor, dice que “son 41 pruebas omitidas por la sentencia en esta  declaración dogmática”. Y resalta a tres de ellas: “Los oficios de consulta del juez Zamboni Ledesma dirigidos al General Menéndez  (antes de cada resolución en el expediente”; “(…) las privaciones ilegítimas de libertad y torturas  de los 20 directivos de Mackentor  por orden del juez Zamboni Ledesma”; “(…) y el   vaciamiento patrimonial de Mackentor  a favor de Supercemento  SA  legitimado por  la intervención judicial”.

“Estas son  pruebas que la sentencia dice  que no existen”, afirma Vega.

CORRUPCIÓN

El último tramo de la presentación de Vega se refiere a “la corrupción en la obra pública durante el Terrorismo de Estado y las complicidades civiles”. Afirma que “lo que nunca pudo aparecer hasta ahora  en ningún otro juicio por crímenes del Terrorismo de  Estado  con valor de prueba judicial, es la participación empresarial con el Terrorismo de Estado”.

Lo que nunca pudo aparecer hasta ahora  en ningún otro juicio por crímenes del Terrorismo de  Estado  con valor de prueba judicial, es la participación empresarial con el Terrorismo de Estado”.

Apunta que “en la causa Papel Prensa, no obstante el esfuerzo del Gobierno Nacional, nunca se pudo probar lo que sí hemos probado en el caso Mackentor. (Aquí) aparece con toda claridad la prueba de la corrupción en la obra pública argentina durante el Terrorismo de Estado. Y aparece también, por cierto, la cartelización organizada por la Cámara Argentina de la Corrupción en ese mecanismo de corrupción. Del mismo modo que lo han reconocido presidentes y autoridades de esa Cámara ante el juez (Claudio) Bonadío. Por eso, el caso Mackentor tiene también importancia, prueba que la estructura de la corrupción en la obra pública argentina ya existía durante el Terrorismo de Estado. Cartelización y sobreprecios. La única diferencia eran los campos de concentración para los que renunciaban a la Cámara Argentina de la Construcción”.

En ese sentido, precisa que “Natalio Kejner (titular de Mackentor), en su testimonio por videoconferencia desde México y un mes antes de morir, declaró que Obras Sanitarias de la Nación era un títere de Supercemento S.A. Y también consta en la prueba que Mackentor fue la única empresa de gran envergadura que renunció a la Cámara Argentina de la Construcción en 1975”.

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