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Mackentor y “las verdaderas motivaciones que subyacen en la sentencia declarada nula por arbitrariedad”

De izquierda a derecha, los jueces Julián Falcucci, Jaíme Díaz Gavier y José Camilo Quiroga Uriburu. (Foto: Gentileza CIJ / Archivo).

Por muchos motivos, la causa Mackentor es un caso testigo de la íntima relación entre el poder económico, los militares y la Justicia y de su accionar conjunto. Los abogados Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat, representantes de la empresa, critican con dureza a los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga, que dictaron en 2016 la sentencia de la megacausa de La Perla y del capítulo Mackentor en lo referido al capítulo económico y judicial. Lo hacen en el escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba, solicitando que se dicte una nueva resolución declarando nula la intervención judicial de la compañía, resuelta por el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma el 2 de mayo de 1977 y todos los hechos posteriores hasta el presente. las razones que llevaron al TOF N°1.

VER Mackentor: Piden declarar la “nulidad total, absoluta e insanable” de la intervención en 1977 y los hechos que le siguieron hasta hoy.

Picadas

Afirman que “este es un proceso judicial con valor institucional y significante para la sociedad en su conjunto. Por varias razones jurídicas, judiciales e históricas”.

Señalan que “las victimas sentimos la obligación moral y jurídica de expresar nuestra posición en relación a las verdaderas motivaciones que subyacen en la sentencia declarada Nula por Arbitrariedad”.

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Dicen que “en una Argentina de 2024 con riesgos y amenazas de negacionismo, se hace necesario mirar bien lo que se ha probado en el caso Mackentor. Cuáles fueron las motivaciones reales que llevaron a la toma de las decisiones judiciales declaradas nulas (por la Cámara Federal de Casación Penal, el pasado 20 de marzo de 2024)”.

Resaltan que “por primera vez, en sede judicial, nacional e internacional, se prueban las complicidades judiciales con el Terrorismo de Estado y se visualizan los Grupos Económicos beneficiarios del Genocidio”.

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Recuerdan que “la querella siempre ha sostenido que en la sentencia dictada y anulada no existen solo errores procesales ni solo ignorancia del derecho. Son demasiado graves los errores que señala la querella y recepta la Cámara Federal de Casación Penal. Y que fundan la arbitrariedad manifiesta”.

Apuntan que “dijimos ante la Cámara Federal de Casación Penal en la audiencia del 21/12/2023, que nuestra explicación motivacional de lo que había pasado con el TOF Nº1 de Córdoba pasaba por el voluntarismo político de los magistrados firmantes de la sentencia nula”.

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En ese sentido, señalan que “también sostuvimos que una de las motivaciones probables en la sentencia nula pasaba por la voluntad de ocultar y silenciar las complicidades de la Justicia Federal de Córdoba con el Terrorismo de Estado del general Luciano Benjamín Menéndez”.

También “en la voluntad judicial de silenciar quienes fueron los Grupos Económicos amigos del Terrorismo de Estado que se beneficiaron con el crimen de Lesa Humanidad (Supercemento, cuyos principales accionistas en ese momento eran el Grupo Macri, Julián Astolfoni, y Filiberto Bibiloni)”.

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Por último, destacan que “finalmente hemos planteado en la Casación como motivación posible de la sentencia declarada arbitraria, la condición de judío de Natalio Kejner. El Terrorismo de Estado en Córdoba, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, estuvo marcado por un fuerte anti semitismo”.

MACKENTOR

Mackentor fue una compañía dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, y obras en todo el país, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera, secuestrando a directivos y empleados. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.

Enner

La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada, usurpada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. El principal beneficiario de la acción del Terrorismo de Estado fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. Esta compañía se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco.

[HISTORIA DE UN CALVARIO JUDICIAL]

VER Casación anuló parte de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla y dispuso que se dicte una nueva resolución.

VER Mackentor: Piden en Córdoba, al Tribunal Oral Federal N°1, que cumpla con los fallos de la Corte y la CIDH.

VER La Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla.

VER Caso Mackentor: El Jury desestimó la denuncia contra la jueza Martínez pese al fallo de la CIDH.

VER Mackentor, un caso emblemático de violencia institucional.

VER Caso Mackentor: Piden habilitar la feria para investigar la conducta del Jury de enjuiciamiento de la Justicia.

VER Derechos Humanos: Piden indagatoria del directorio de Supercemento y una empresa agropecuaria en el caso Mackentor.

VER Caso Mackentor: Presentan denuncia penal contra cuatro legisladoras y una vocal del TSJ.

VER Lesa Humanidad: Después de 8 meses, sin novedad en el pedido de Jury contra la jueza que mandó a la quiebra a Mackentor.

VER Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor.

VER El mandato moral de Talo Kejner.

VER La CIDH condenó a Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Mackentor.

VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.

VER Caso Mackentor: corrupción, Terrorismo de Estado y jueces que protegieron a sus pares y empresarios.

VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.

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