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Mackentor: Piden en Córdoba, al Tribunal Oral Federal N°1, que cumpla con los fallos de la Corte y la CIDH

Los tribunales federales de Córdoba.

Las víctimas del caso Mackentor pidieron este martes a la presidenta del Tribunal Oral Federal N°1 (TOF N°1), Carolina Prado, que haga cumplir el Informe de Fondo 293/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El planteo se realiza luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocara la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificaba el falló del TOF N°1 en el megajuicio de La Perla en lo referido a la usurpación y vaciamiento de la empresa constructora Mackentor a partir de 1977. A la par, ordenó a la Cámara que dicte una nueva resolución, en línea con la jurisprudencia por delitos de lesa humanidad y con el informe 293/2021, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El dictamen de la Corte, con el voto de sus cuatro integrantes, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, y Carlos Rosenkrantz, dice en el punto 10, que “la decisión judicial (de la Cámara Federal de Casación Penal) no puede basarse en una interpretación procesal aislada del contexto de los juicios de lesa humanidad, como ocurre en el caso” y recuerda en el punto 11, que “esta Corte Suprema ha señalado que ‘…este compromiso internacional presupone no sólo que el Estado no pueda oponer normas internas que obstaculicen el enjuiciamiento y eventual castigo de los responsables (verbigracia, leyes de amnistía o prescripción), sino que además debe abstenerse de adoptar cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche’”.

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Con la firma del abogado Juan Carlos Vega, las víctimas señalan que “entendemos que esta Sentencia de la CSJN allana los obstáculos procesales que a juicio de ese Tribunal impedían resolver los pedidos formulados en mayo del 2023 (el cumplimiento de la sentencia de la CIDH)”.

El dictador Jorge Rafael Videla junto a Menéndez, en uno de los juicios por crímenes de Lesa Humanidad. (Foto: Archivo).

Mackentor es un caso testigo de la acción del Terrorismo de Estado en el terreno económico durante la dictadura cívico militar de 1976. Revela, a partir de la prueba reunida en el caso, la íntima vinculación entre los militares, el poder económico y la Justicia Federal. Justamente, en sus resoluciones, la CIDH y la CSJ desnudan el papel de la Justicia protegiendo a los actores económicos y judiciales desde hace 46 años.

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Ahora, Vega reclama al TOF, con sede en Córdoba, los siguientes puntos:

– “Haga lugar al pedido de las víctimas y declare la nulidad de la Sentencia de la Megacausa de La Perla, en relación al Caso Mackentor. Al mismo tiempo, se haga lugar al pedido de la Querella y se declare la nulidad de la Intervención militar – judicial de Mackentor y de todos los actos jurídicos cumplidos durante la intervención o como consecuencia de ella. De modo particular, la rescisión de la obra Segundo Acueducto Villa María – San Francisco, y la re adjudicación de dicha obra a la empresa Supercemento S.A; (…) y la nulidad de la venta de la Fábrica de Tubos para Conductos de Alta Presión, propiedad de Mackentor, ubicado en barrio Las Flores de la Ciudad de Córdoba”.

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– “Se cite a prestar declaración indagatoria a los actuales directivos de Supercemento S.A. con fundamento en el art. 25 del Estatuto de Roma. Está probado y reconocido por los directivos de Supercemento, que esa empresa se quedó con los principales activos de Mackentor, con el aval del juez Federal Adolfo Zamboni Ledesma. (El hecho) ocurrió mientras el directorio de Mackentor era torturado en cárceles clandestinas. Sus actuales directivos, cuya indagatoria se pide, reconocieron esos hechos en juicio. Los beneficios del Crimen de Lesa Humanidad se incorporaron a los activos de Supercemento y ellos forman parte del patrimonio actual de la S.A. Por ello corresponde hacer lugar al pedido de conformidad al art. 25 del Estatuto de Roma”.

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– “Se determine el monto de la reparación debida a las víctimas de Mackentor por el Estado, como consecuencia del vaciamiento de la empresa y de las ilegales denegatorias de justicia. Tal como lo declara la Comisión Interamericana de DDHH en su Informe de Fondo 293/21”.

– “(…) Solicitamos que los pedidos de las víctimas se tramiten conforme el art. 25 de la Convención Americana. Es decir, mediante un trámite “rápido, sencillo y efectivo”.

También plantea la recusación de los jueces Fabián Falcucci y Jaime Díaz Gavier, “por probada falta de imparcialidad y de independencia en este caso”.

Enner

QUÉ DIJO LA CIDH

(La CIDH), “el más alto tribunal de América en Derechos Humanos declara la responsabilidad internacional de la República Argentina por el dictado de actos judiciales violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el periodo 1986/2016”.

El abogado Vega detalla que “los mandatos de la Comisión Interamericana en su Informe de Fondo 293/21 son dos: Investigar los actos judiciales violatorios de la Convención y Reparar a las víctimas”.

MACKENTOR

Mackentor fue una empresa dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera, secuestrando a directivos y empleados. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.

Natalio Kejner. (Foto: Gentileza La Voz).

La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. Luego, durante casi cinco décadas, se produjo, por parte de la Justicia Federal, una fenomenal cobertura del accionar de Zamboni Ledesma y otros funcionarios. El principal beneficiario de la acción del Terrorismo de Estado fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. Esta compañía se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco.

Columnistas 2024

[COBERTURA]

VER La Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia del caso Mackentor en el megajuicio de La Perla.

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VER Lesa Humanidad: Después de 8 meses, sin novedad en el pedido de Jury contra la jueza que mandó a la quiebra a Mackentor.

VER Denuncian la actuación de cinco jueces federales luego del fallo de la CIDH por el caso Mackentor.

VER El mandato moral de Talo Kejner.

VER La CIDH condenó a Argentina por violaciones a los Derechos Humanos en el caso Mackentor.

VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.

VER Caso Mackentor: corrupción, Terrorismo de Estado y jueces que protegieron a sus pares y empresarios.

VER Mackentor, el caso que conecta a los militares con un sector del poder económico.

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