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Mackentor Día 1: 47 años y la camiseta de River

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Publicado

31 mayo, 2024

Los jueces del TOF N°1, facundo Zapiola, Carolina Prado y Cristina Giordano.

Los 47 años que pasaron desde la ocupación militar de la constructora Mackentor en 1977, son inapelables. A tal punto que, hasta esta mañana, en su transcurrir, se terminó la dictadura cívico-militar; Argentina inició y perdió una guerra con el Reino Unido y la OTAN para recuperar las islas Malvinas; pasaron 12 presidentes constitucionales; fueron enjuiciadas las juntas militares de la dictadura y decenas de represores; las Abuelas de Plaza de Mayo han encontrado a 137 nietos apropiados de los 400 que buscan con paciencia oriental; en 2001 explotó el plan de Convertibilidad diseñado por Domingo Cavallo y el país quedó sumido en una crisis económica nunca vista que aceleró la diáspora de argentinos por el mundo iniciada en los ‘90; la selección de fútbol fue campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022; murió Diego Armando Maradona; y el básquet argentino cosechó una medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 2004. ¿Qué más se puede enumerar?

En la sala de audiencias de los tribunales federales de Córdoba no está ninguno de los hombres y mujeres que hicieron Mackentor. Son todos hijos, hijas, nietos. Son las caras de la sangre en las que todavía vibra la injusticia de la persecución y la falta de justicia. Kejner, Paván, Manassero, Ramis, Cuello, Zambón, Reyna Carranza, la mujer de Gustavo Roca, algunos de los apellidos de la constructora que se forjó desde la visión, el esfuerzo y la convicción de que había que hacer una Argentina que no existía allá por los años 50, 60 y 70, estaban ahí, mirando a los ojos de los jueces. Saben que, también para ellos, el paso del tiempo hace más pesada la cruz de la memoria de sus seres queridos.

Este salón del segundo piso de los tribunales es más pequeño y menos impersonal que el principal con que cuenta el edificio. Los familiares pueden ver al tribunal casi como si estuvieran en el living de una casa grande. La cara de la Justicia parece tener, en este lugar, nombre y apellido.

Carolina Prado, la presidenta, se sentó en el centro. Cristina Giordano a la izquierda y Facundo Zapiola a la derecha. Las dos mujeres tomaron nota de los planteos de dos de los abogados de Mackentor, Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat -los otros son Luis Berardo, Marisa Bollea y Tomás Vega Holzwarth-, y de la primera parte de la intervención del fiscal general Facundo Trotta. Zapiola se dedicó a escuchar y observar, como tomando una distancia imaginaria de lo que allí estaba sucediendo. Apenas un intercambio con la presidenta del tribunal en las poco más de dos horas en que se extendió la primera audiencia. La única que habló fue Prado, que a diferencia de Giordano escribe con la mano izquierda y a medida que avanzaban los minutos comenzó a acomodarse su pelo rubio con la mano derecha. Giordano, en cambio, una vez que finalizaron las intervenciones de Vega y Barcesat, dejó de anotar y acomodó su cabeza sobre el respaldo del sillón, como tratando de sopesar todo lo que había escuchado.

Todos los juicios remiten a un teatro. En el escenario, los jueces en el centro. A un lado, el fiscal y los defensores del Estado, principal acusado en este caso. Al otro, los abogados de las víctimas. Enfrente de los jueces, las víctimas. La materia son los hechos. Pero el resultado surge de la interpretación de los hechos. Aquí adentro, en el escenario de la sala de audiencias, las palabras y argumentos adquieren una dimensión única. Todos los que están aquí entienden que este caso tiene un valor sustantivo, tanto en lo personal, como en sus alcances generales. La singularidad de Mackentor es que puede poner en el banquillo de los acusados del Terrorismo de Estado a los instigadores y beneficiarios económicos y a los jueces y funcionarios judiciales que los protegieron, algo que la democracia todavía no consiguió desde 1983.

Por los ventanales ingresa el fulgoroso sol del mediodía. En una de las pantallas de TV que cuelgan del techo se ve a Camilo Kejner, uno de los hijos de Natalio, el que fuera principal accionista de la compañía, que está conectado a la audiencia por Zoom desde Estados Unidos. Detrás, en un cuadro, luce una camiseta de River, el club del que es fanático y del que también era fanático su padre.

[LA COBERTURA]

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LAS AUDIENCIAS

La próxima audiencia se realizará el miércoles 5 de junio, entre las 10:00 y las 13.00. Continuará exponiendo el fiscal Facundo Trotta y se escuchará a la representante de la Procuración del Tesoro, María Soledad Cuestas Bazán. De ser necesaria una tercera audiencia, se realizará el 13 de junio.

MACKENTOR

Mackentor fue una compañía dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, y obras en todo el país, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera, secuestrando a directivos y empleados. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.

La compañía, que tenía como principal accionista a Natalio Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada, usurpada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma. El principal beneficiario de la acción del Terrorismo de Estado fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. Esta compañía se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, una de las principales obras públicas de la época.

Cabe recordar que el TOF N°1 había condenado a Luciano Benjamín Menéndez como coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal (dos hechos) y usurpación por turbación del dominio (un hecho) todos en concurso real entre sí. La CSJ recordó en su resolución de noviembre de 2023, que “sin perjuicio de ello, (el TOF N°1) entendió también que, aunque el 25 de abril de 1977 se verificó una irrupción ilegal en las oficinas de la empresa Mackentor por parte de las Fuerzas Armadas —que paralizó la actividad—, el delito de usurpación se agotó en sus efectos el día 2 de mayo del mismo año, cuando -por orden judicial- el Juez Federal (Adolfo Zamboni Ledesma) designó a un auxiliar judicial para intervenir en el funcionamiento de la empresa de mención. Ello, a los efectos de poder examinar los libros y la documentación contable de las empresas, en atención a la presunción de que subvencionaban económicamente las actividades ilícitas de organizaciones subversivas”.

Dicho de otro modo, para el TOF N°1, la ilegalidad se extendió una semana y un día (del 25 de abril al 2 de mayo); luego, la intervención de Zamboni Ledesma trajo la legalidad y, en consecuencia, la usurpación y destrucción posterior de la empresa no estuvo conectada al delito de lesa humanidad -la ocupación militar de la empresa, y el secuestro y tortura de sus directivos-. Eso es lo que luego fulminaron la CIDH, la CSJ y la CCP y habilitó esta nueva instancia que se está desarrollando ahora.