El gobernador Juan Schiaretti, ayer, recorriendo una obra de cloacas.
La crisis de EPEC es obra de quienes la dirigen. Culpar a los trabajadores por la crisis de una compañía es un modo de ocultar las incapacidades propias. El problema de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) es una combinación de: malas decisiones empresarias -el gobierno le cargó la deuda en dólares para construir la central Bicentenario de Pilar o tomó la decisión de implementar los Centros de Atención Comercial que ahora quiere cerrar-; “negocios” como las tercerizaciones -la telemedición es un ejemplo-; y la mansa aceptación del cuadro tarifario nacional, que hizo explotar la operación en Córdoba, con un incremento de 1500% en dos años y medio. Una suma de incorrectas decisiones de gestión y de los costos ideológicos de “pensar” de modo muy similar al presidente Mauricio Macri. En los dos planos, el responsable es el gobierno provincial.
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Es tan crítica la situación de EPEC que no ha podido completar el pago de la BAE a 1.000 trabajadores, a los que había acordado hacerlo en cuotas, y postergó el pago del aguinaldo hasta nuevo aviso a los 4 mil trabajadores de la empresa. Todo índica que abonaría a duras penas los salarios de junio. Es obvio, que en esta situación tiene que ver el “daño económico” del conflicto con los sindicatos, pero está claro que la empresa funciona al día desde hace muchos años, y eso es producto de la agonía que le produjo la obra de la central de Pilar y la idea subyacente e irresponsable de que la empresa puede ser un “aguantadero” de militantes partidarios y amigos, como lo han demostrado las distintas denuncias periodísticas publicadas por ENREDACCIÓN, Canal 12 y La Voz del Interior.
En lugar de enmendar las decisiones de gestión, el gobierno ha decidido profundizar las medidas en favor de “negocios” que destruirán la compañía, como ocurre con la telemedición, que se entregará a terceros a un valor superior a los 100 millones de dólares, costos siderales que pagarán los usuarios -directamente a través de la boleta de luz o indirectamente a través de créditos-.
Se parece a lo que hace el gobierno nacional, que profundiza su política macroeconómica, que generó una crisis que no había, y afirma que “evitó una crisis más grave yendo al FMI”. En economía es mejor tirar la piedra y ocultar la mano.
Schiaretti cree que cambió el escenario económico y político nacional, tanto por la eliminación de subsidios al consumo de energía, como por el valor de las tarifas de generación, que se dolarizaron. A ello, en lo macro, se suma la llegada del FMI, que es quien otorga el plan económico para que lo ejecuten los CEOs del gobierno nacional. En ese contexto, el gobernador les dijo a los miembros de su Gabinete que las exigencias de reducir el déficit fiscal y de reducir la dinámica del gasto público serán “intensos” desde la Casa Rosada. También apuntó que los efectos de la devaluación se sentirán en la actividad económica y la recaudación. Entonces, bajó la orden de priorizar las obras públicas, los salarios y el gasto social. “Y a EPEC le bajó el pulgar y la sacó de la lista de esas prioridades. Piensa que no hay más lugar para una empresa estatal de ese estilo. Además, no hay más plata y hay que hacer el ajuste, que es ahora o nunca. No quiere que le explote el año que viene, ni confrontaciones con la administración nacional en 2019”, dijo una de las fuentes a ENREDACCIÓN, en un artículo publicado la semana pasada.
También tiene una obsesión política: que los cordobeses no lo identifiquen como responsable de lo que les llega de luz en la boleta. Por eso, dicen, eligió al sindicato como su rival.
En el papel, el ajuste de erogaciones, tiene un número de mínima: 1500 millones de pesos anuales.
La estrategia para superar la crisis -producida por su propia gestión y los tarifazos de la administración nacional- pasa por llevar adelante un ajuste del costo laboral directo -horas extras, licencias, jefaturas, etc.-; flexibilizar el Convenio Colectivo de Trabajo -sobre todo la BAE-; reducir las prestaciones operativas al estilo de Edesur o Edenor que tienen gravísimos incumplimientos de servicio por cortes; habilitar participación privada en el área de telemedición y otras operaciones de la empresa, permitiendo “negocios privados”, por un lado, y “desguazándola”, por otro; y preparar EPEC para una eventual privatización de parte del parque de generación, en particular la central Bicentenario de Pilar.
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Tanto la administración nacional, como la provincial tienen un problema básico: el ajuste en marcha que demanda la restauración neoliberal, el programa económico y el FMI, generará rechazo y elevada conflictividad social. EPEC es un caso testigo de ese contexto. El gobernador lo sabe y eligió como “enemigo” a Luz y Fuerza para tratar de endilgarle sus propias responsabilidades y ocultar el desastre de la gestión oficial en la empresa. Lamentablemente, ha convertido en rehenes de esta estrategia al conjunto de los cordobeses.
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