Argentina se caracteriza muchas veces por poner “el folklore político” delante de las conveniencias económicas nacionales o el debate en profundidad alrededor de un modelo de desarrollo con posibilidades reales. El caso Vicentin parece ir en camino de convertirse en un nuevo ejemplo en ese sentido, si es que antes no se produce un apartamiento de esa conducta superficial. Hay tiempo y hay voces suficientes para aportar puntos de vista y complejidad a esta discusión.
En política, es claro que facilita el agrupamiento rápido de la centro-derecha alrededor de la defensa de la “propiedad privada” y el “libre mercado”; y también del bloque populista, con hegemonía peronista, con ejes en el “interés nacional” y la “soberanía alimentaria”.
La opinión pública parece dividirse entre los dos polos con casi 3 de cada 10 argentinos en situación de indecisión, según la encuesta nacional de Zuban, Córdoba y Asociados publicada por este medio. También puede observarse allí una importante inclinación social hacía herramientas del populismo y la izquierda en economía, como la “intervención del Estado” y la acción de empresas estatales como YPF. Indudablemente, esto tiñe el debate político, pero hace que la dirigencia del bloque “populista” exagere los alcances reales de la intervención y eventual expropiación de Vicentin. Este tipo de relato, sin vinculación con la realidad, puede pasar factura en la disputa política y económica de los próximos meses.
Por cierto, a medida que se conocen detalles de los privilegios que le dio el Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos a Vicentin, pese a encontrarse en categoría 4 (atrasos de 180 días), y al tendal de acreedores que tiene el gigante santafesino, crece el escándalo financiero y las sospechas de corrupción. Parece obvio, por lo tanto, que más que un argumento ideológico, es probable que el ex oficialismo nacional esté corriendo hacia adelante para evitar las esquirlas y defenderse de las inevitables consecuencias.
Una de las plantas de Vicentin en la provincia de Santa Fe.
En el territorio de la economía, el gobierno nacional ha señalado -al menos en el principio- una serie de argumentos para justificar la intervención y expropiación que, en principio, resultan desproporcionados a las posibilidades de Vicentin:
-Uno es la soberanía alimentaria. La empresa, es líder en producción y exportación de aceite de soja y subproductos, como pellets, con más de 7 millones de toneladas entre todos los items, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura; y ocupa el octavo lugar en el acopio y venta de cereales, con base en maíz. Es decir, pese al volumen de facturación de la compañía, que ronda los 3 mil millones de dólares, no es sustantivo su aporte a la producción de alimentos. Su fuerte es el aporte de insumos para la producción de proteínas animales en el exterior; y con el maíz, para la producción de biocombustibles. Argentina ya utiliza un dispositivo indirecto que es útil a este objetivo de soberanía alimentaria. Se trata de las retenciones agropecuarias, un instrumento sumamente discutido políticamente, pero que es altamente eficaz para mejorar el precio interno de los alimentos y para incentivar o desmotivar la producción. Por lo tanto, en un país que tiene una diversificada producción agropecuaria, existen otras herramientas para direccionar tanto la producción como la comercialización.
-Otro es la generación de dólares. Vicentin exporta alrededor del 85% de sus 3 mil millones de dólares anuales en ventas. Esto es, unos 2.550 millones de dólares, que representan un 10,5% de los 24.310 millones de dólares que exportaron en 2019 los complejos sojero, maicero y triguero juntos; o un 3,92% del total de ventas externas del país (65.000 mil millones de dólares). No es poco, pero es por lejos insuficiente para incidir en el curso del valor del tipo de cambio o para morigerar los efectos de los cuellos de botella de la balanza comercial. El drama argentino se compone de dos vías: lo que ingresa y lo que egresa cuando se expande el mercado interno, base de los modelos de cierta igualdad social. Para decirlo de otro modo, los recursos del campo son necesarios, pero insuficientes para garantizar políticas de equilibrio social.
-Y la última, es que puede ser una empresa testigo. Tener la propiedad de una empresa de este tipo no es necesariamente operar una empresa testigo -salvo para conocer cómo opera de modo particular este sector del mercado-, porque no tiene capacidad de incidencia decisiva sobre la operación del resto de sus competidores -por ejemplo, para liquidar divisas o fijar precios-. Salvo que se la corriera de ese sector del mercado en favor de otras compañías nacionales o extranjeras, y se la utilizara, por ejemplo, en el mercado del trigo que es más pequeño y donde a igual volumen de facturación tendría una porción mayoritaria. Para poner el parámetro comparativo de una empresa que podría hacerlo y no lo hace, se puede observar el comportamiento y volumen de YPF, donde el Estado argentino es propietario del 51% de su capital. La petrolera produce casi la mitad del crudo nacional y un tercio del gas, sin embargo, en el país, el petróleo, el gas y los combustibles tienden a comercializarse a valor internacional -demanda de las compañías internacionales y nacionales, aceptada por los distintos gobiernos hasta la pandemia, en que fueron congelados-, sin tener en cuenta los costos internos de producción. YPF facturó en 2019, 11.600 millones de dólares (cuatro veces más que Vicentin). Por lo tanto, con la información existente, parece un esfuerzo desmedido para el Estado -en términos políticos y, probablemente, económicos- respecto de sus efectos reales en este tema.
En general, además, nunca es bueno solucionar los problemas de un sistema tocando a sólo uno de sus componentes. De ese modo, sólo se puede optimizar el funcionamiento del sistema, pero no cambiarlo o modificarlo de manera relevante. La falta de dólares en Argentina no es sólo el modo en que los gestiona el mercado (o el campo), es la falta de diversidad en la producción de bienes transables en la economía mundial. Se requiere un modelo de desarrollo, que aquí no está explicitado.
YPF extráe casi el 50% del crudo en Argentina.
YPF, por ejemplo, se encuentra en una zona de producción estratégica, como es la energía, que además explota recursos no renovables -es decir, que son finitos, que se terminarán en algún momento-. El precio del petróleo o el gas pueden, además, hacer más o menos competitiva a la producción primaria, industrial o de servicios.
Vicentin resulta, por lo tanto, una empresa demasiado pequeña para estos objetivos planteados por el gobierno nacional. Para lograrlo, debería apelar a otro herramental, como nacionalizar el comercio exterior o una parte mayoritaria de él -si quiere controlar las divisas que genera el agro y sacarlas de la acumulación privada- o si quiere argentinizar la comercialización, aprobar leyes que limiten o eliminen la inversión extranjera en ese sector, por citar a dos de ellas.
Distinto es “rescatarla” de la quiebra para evitar una mayor concentración del mercado (porque la adquiere alguno de sus principales competidores) o evitar que su situación la ponga en manos de accionistas extranjeros o impedir que decenas de productores que le vendieron su producción y no cobraron vayan al quebranto. En ese contexto, la intervención “transitoria” que se dispuso y el proyecto de ley de expropiación tienen otro color, porque como dijo el ministro Matías Kulfas es una “intervención puntual” para corregir una desviación. O como afirmó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra: “El Estado está a favor de la defensa de Vicentin. (…) No se puede permitir que caiga”. El funcionario agregó que “(los accionistas) tienen que responder patrimonialmente por 1.350 millones de dólares, que no los tienen y que el activo físico de la empresa no lo vale”. Apuntó además que “una empresa funcionando probablemente hasta valga más, pero en el estado en que la han dejado vale por los fierros (el equipamiento) y por las construcciones que tiene”. En ese contexto aseguró que “están inflando todo esto como si Vicentin hubiera sido la mejor de las empresas argentinas y que viene un Estado glotón a devorársela. Y la verdad, es que viene el Estado a recuperar una empresa que desde hace seis meses está en conflicto”.
Es decir, la realidad no requiere de adornos estrafalarios; la acción se justifica por su propio peso. En esa línea parecen moverse los que efectivamente están trabajando en el tema Vicentin, incluidos el interventor Gabriel Delgado y el gobierno de Santa Fe.
Sin embargo, la escena generada permitiría iniciar un debate más allá de Vicentin. Esto es, que ofrezca a los sectores económicos, políticos y sociales excluidos por el modelo neoliberal, articular y constituir un programa real de desarrollo, que incluya los alcances de la intervención estatal en la economía, entre otras herramientas; y, por supuesto, los aliados para semejante confrontación. Si eso no sucede, lo “folklórico” será, en realidad, una especie de “cortina de humo” para encubrir el verdadero proyecto en curso.
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