La legisladora Liliana Montero presionó en la Unicameral y en el Tribunal de Conducta para que se aclarara la situación de la empleada policial que denunció represalias luego de los acosos. Imagen: Prensa Legislatura de Córdoba.
El escándalo generado luego de la investigación sobre acoso laboral seguido de represalias en la Policía de Córdoba -que incluyó un apriete contra el autor del informe y una toma de licencia anual por parte del comisario señalado– comienza a tomar cauces más razonables a partir de señales concretas desde el poder político.
La más contundente de ellas ha sido la noticia del levantamiento de la pasiva en la que se encontraba la mujer identificada como “Calderón” en el informe (aunque no sea ése su apellido real), una de las uniformadas que había denunciado al comisario Carlos Cabral por acoso y que aseguraba haber recibido represalias.
Ayer al mediodía, funcionarios del Tribunal de Conducta Policial se comunicaron con la uniformada para convocarla de urgencia a que se presentara ante el organismo. La noticia era la que venía esperando desde hace dos meses.
“Simplemente me atendieron de parado en la puerta del Tribunal, no me respondieron preguntas y me hicieron firmar el levantamiento de la pasiva y nada más”, contó la mujer, añadiendo que no accedieron a responderle ningún tipo de preguntas acerca de su expedientes.
Antes de presentar el pedido de informe en la Legislatura, preferí ponerme en contacto directamente con Becerra para pedirle explicaciones acerca de esta contra-causa que le habían armado a esta empleada de la policía”, explicó la legisladora Liliana Montero
También fue importante el rol que desempeñó la legisladora Liliana Montero (ex Córdoba Podemos, ahora bloque unipersonal), quien el jueves por la mañana planteó la situación de la mujer policía en la reunión de bloques de la Unicameral, que por otra parte, cuenta con un representante en el Tribunal. “No sabemos quién es, quién lo designó ni qué es lo que hace, porque evidentemente no es un delegado del Poder Legislativo sino del gobierno”, manifestó Montero ante sus pares.
Tras ello logró reunirse con la presidenta del Tribunal de Conducta, Ana Becerra. “Antes de presentar el pedido de informe en la Legislatura, preferí ponerme en contacto directamente con Becerra para plantearle si se podía analizar y resolver la contracausa que le habían armado a esta empleada de la policía”, le explicó Montero a ENREDACCIÓN ayer por la tarde, cuando ya se conocía la decisión de levantar la medida que para la denunciante no era otra cosa que una represalia.
“Le aclaré a Becerra que yo no conocía ni al comisario Cabral ni a la policía que lo denunciaba, pero por haber tenido conocimiento a partir de la publicación de ENREDACCIÓN y por saber cómo se maneja una institución tan verticalista como la Policía, no dudé en pedir los informes directamente a los funcionarios que están encargados de darlos”, le explicó a este medio.
REGRESO INMEDIATO
Lo cierto es que en la tarde de ayer “Calderón” recuperó su credencial y luego debió concurrir a la Jefatura de Policía, donde completó los trámites de un nuevo diagnóstico psicotécnico. “Me dio todo bien, pero cuando me atendió la psicóloga me recomendó postergar 15 días mi reincorporación a las tareas debido al estrés que había sufrido por esta situación de la que fui víctima”, señaló la empleada policial, conforme con la decisión.
En estos momentos, lo que le resta definir es si efectivamente volverá a ser asignada a su anterior destino, en Alicia, donde actualmente vive. “Me comuniqué con compañeros de allá y me dijeron que los jefes ya están al tanto y que piensan tirarme en Laspiur, a 80 kilómetros de donde yo vivo”, dijo la mujer, considerando que si tal rumor se cumpliera, esto seguiría siendo parte de las represalias que viene padeciendo. “Esperemos que no vuelvan a hacer una canallada conmigo”, concluyó.
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