Arquímedes Federico es un vecino del barrio Cerro de las Rosas, en el Noroeste de la ciudad. Arquitecto, ex docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue el expositor número 39 de la audiencia pública que se desarrolló en el Concejo Deliberante. Federico rechazó la creación del Ente de Fiscalización y Control. Denunció que en las tareas de habilitación y control hay corrupción y que la Municipalidad de Córdoba, al permitir el funcionamiento de numerosos comercios y otras actividades en el Cerro de las Rosas, no cumple con una medida cautelar dictada por la Justicia para proteger la condición de barrio residencial y con protección patrimonial.
El Ente que se crea podrá autorizar, habilitar, fiscalizar y controlar el funcionamiento de los comercios y espectáculos. Se trata de funciones que en la actualidad se encuentran en manos del Estado municipal.
Luego de la aprobación en primera lectura, el cuerpo deliberativo sometió el proyecto a audiencia pública y posteriormente regresó a comisiones donde eventualmente podría incorporar modificaciones. Posteriormente, deberá tratar el proyecto en segunda lectura, en una sesión que se realizará a mediados de este mes.
Durante la audiencia se escucharon numerosas intervenciones a favor de la creación del nuevo organismo, fundamentalmente del sector empresarial, que reclama celeridad y condiciones para desarrollar sus actividades.
Federico dijo que “una causa clave para abordar los problemas que se plantean a partir de la habilitación de negocios, ha sido la causa Bomberos”, en la que se produjeron numerosas detenciones, entre ellas la de quien fuera jefe de Bomberos de la Policía, Gustavo Folli.
Explicó que “la habilitación de negocios tiene dos aspectos: uno administrativo y otro relativo al ámbito o espacio donde debe funcionar la actividad y el lugar de la ciudad dónde se ubicará. En el primero se contemplan una serie de condiciones, como quien es el responsable del negocio, tipo de actividad, condiciones de esa actividad, etc. La segunda es la clave. Porque el espacio dónde va a funcionar y el lugar dónde se localizará tiene una normativa que se expresa en el área de obras privadas y que abarca aspectos urbanísticos, arquitectónicos e ingenieriles. Rechazo este proyecto en razón de que este tema no se atiende”.
Más adelante, afirmó que “en mi opinión esto es evidente desde hace más de veinte años. Me refiero a la corrupción que hay en el ámbito de las inspecciones. La primera consideración que debo hacer, es que un idóneo no está en condiciones legales de enfrentar una inspección de un ámbito que corresponde al ejercicio de la arquitectura. Eso está contemplado en la ley provincial 8463 y en los alcances que tiene el título de arquitecto que otorga la UNC. Ahí se contempla todo lo que tiene que ver con una inspección. Lo cierto es que los actuales y pasados inspectores están violando el ejercicio de la profesión y poniéndose al margen de ella. Y no sólo ellos, sino quiénes los dirigen y los designan, porque tal ejercicio, viola la ley”.
Recordó en otro tramo de su intervención, que “en el Cerro de las Rosas se han otorgado habilitaciones indiscriminadas y no necesariamente autorizadas”. Argumentó, sobre ese punto, que “la Justicia ante un amparo solicitado por el centro vecinal ordenó pedir ‘al municipio demandado que, en ejercicio de su poder de policía, intensifique sus facultades de control y fiscalización respecto de las actividades no residenciales que se desarrollan en la zona involucrada a los fines, de evitar contravenciones a la normativa vigente, y de aplicar las sanciones correspondientes’. Curiosamente, ante esto, ciertos inspectores del área hicieron circular una nota donde dice que la cautelar pide que el propietario haga trámites en planeamiento urbano, de evaluación de impacto ambiental, en redes sanitarias y de gas, y en patrimonio cultural. La realidad es que eso no forma parte de ningún decreto que se invocó acá, es una trampa. En la cautelar no se solicita esto”.
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