“En relación a la denuncia hacia el Sr. Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Inspector General Juan María Bouvier, la misma se encuentra en instancia de investigación en la justicia ordinaria de esta provincia”. Consta de una oración y 216 carácteres. El escrito lleva la firma del adjutor principal Bruno Acciarri, que es el director de Asuntos Jurídicos del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Sólo dice eso respecto al accionar de Bouvier y los otros oficiales penitenciarios denunciados por hostigamiento laboral, violencia de género y abuso sexual por al menos dos oficiales de la institución, que vieron truncadas sus carreras y de las que dio cuenta este medio. Al parecer, el infierno vivido por las dos mujeres cabe en esa breve manifestación.
Aciarri dice esto en respuesta al pedido de informes efectuado por el legislador Dante Rossi (UCR) y el bloque de legisladores de ese partido. La solicitud fue realizada el 21 de octubre pasado y el proyecto rechazado por el oficialismo ayer 2 de diciembre. Sin embargo, en el medio, el SPC y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, le enviaron una nota a Rossi con una increíble descripción de acciones, que incluye la breve mención de Bouvier.
Dicha expresión intenta responder a la pregunta del pedido de informes, en la que Rossi solicita información sobre las eventuales sanciones que se le habrían aplicado a Bouvier y los otros jefes penitenciarios denunciados, a tenor de las denuncias, dos de ellas con trámite judicial.
José Gustavo “El Caña” Heredia, sentado, semitapado por el micrófono.
El texto del director jurídico del SPC, con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un rosario de manifestaciones que describen hechos inexistentes, al menos con las dos mujeres que vieron truncadas sus carreras dentro de la institución y que de acuerdo a la información existente, alcanza a otras personas, mujeres y varones del SPC.
A los largo de tres carillas y media dice:
“Que, el Servicio Penitenciario de Córdoba, cuenta en su estructura con el Departamento de Bienestar Social que tiene como ámbito de competencia, entre otras cuestiones, actuar frente a las diversas problemát icas que se vean afectados los agentes de la Institución. Conforme lo informara dicha área, los profesionales que la integran, actúan específicamente, a través de un procedimiento que identifica, aborda y asesora respecto de aquellas conductas de violencia hacia las mujeres y hombres, pertenecientes a la Institución, de las que se toma conocimiento por distintos medios, tales como la presentación espontánea de/la víctima, derivaciones que realizan los superiores y a través de oficios remitidos por Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario”.
“En tal sentido, se implementa un procedimiento que busca orientar y contener a mujeres y hombres que están atravesando por dicha situación, en sus más diversos alcances, con un abordaje integral. El personal que integra el área referenciada, cuenta con entrenamiento en la temática, así como con un perfil interdisciplinario psicológico, legal y social. Como primera medida se realiza un diagnóstico de la organización y de los recursos disponibles para su intervención, considerando cada etapa del proceso (atención, orientación y acompañamiento)”.
“Asimismo, se realizan las consultas pertinentes al personal experto en la temática sí así fuese necesario”.
“Que, por otra parte, se efectúan revisiones periódicas con seguimientos específicos de los casos, con la finalidad de acompañar a la víctima y evitar posibles revictimizaciones”. (N.de la R.: Las dos denunciantes ni siquiera fueron llamadas por teléfono pese a las denuncias que habían realizado y las consecuencias para su salud personal que acarreaban. Por el contrario, en uno de los casos continúan ocurriendo episodios de violencia institucional).
“Cabe mencionar que se trabaja en forma mancomunada con otras áreas gubernamentales provinciales específicas de la temática en violencia, como el Ministerio de la Mujer y sus organismos de asistencia a mujeres en situaciones de violencia. En relación al personal masculino, se interviene con el “Centro Integral de Varones”, derivando los casos que así fuesen necesarios para la intervención terapéutica específica con profesionales de dichas áreas”.
“Que, por otra parte, se informa que los agentes de la Institución han debido efectuar la capacitación de la denominada Ley Micaela, organizada y dictada por la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas, y coordinada por la Secretaría General de la Gobernación, quienes fueron notificados a través de la plataforma CIDI”. (N. de la R.: La cantidad de hechos de violencia de género o acosos de oficiales varones al personal femenino del SPC indicarían, que al menos, la capacitación ha tenido muy poco éxito. Tampoco la respuesta fija la cantidad de personal que participó, ni desde cuando se realizan).
“En relación a los criterios que se emplean para realizar los traslados del personal, es de aplicación lo dispuesto por la Ley N° 8231 para el Personal Penitenciario en el Capítulo N° 7 “Régimen de cambios de destino” – (artículos 59 al 67) y el Decreto N° 3464/83 y su modificatorio Decreto N° 633/15, Reglamentario de la Carrera Penitenciaria, Título II (Del Régimen de Cambio de Destino) – Capítulo Único (Arts. 22 al 28)”.
“En referencia a los ascensos del personal, es de aplicación en esta materia, lo prescripto en la referida Ley N° 8231 – Capítulo N° 4 “Calificaciones de aptitudes y desempeño”, (arts. 37 al 40) y Capítulo N° 5 “Régimen de Promociones y Juntas de Calificaciones” (arts. 41 al 52), y el Decreto N° 4816/82 “Reglamentación del Régimen de Calificaciones del Personal del Servicio Penitenciario Provincial”.
Respecto de los traslados y ascensos, ambas oficiales denunciaron una enorme cantidad de irregularidades y arbitrariedades. Una de ellas fue trasladada a destinos del interior de la provincia para “hostigarla” por haber roto su relación de pareja con el entonces subjefe del SPC, José Gustavo Heredia. Y la otra oficial, fue obligada a romper las calificaciones del personal a su cargo y bajarle las notas por Heredia.
EL DETALLE DE LAS DOS DENUNCIAS
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