La jueza de Control Nº4, Anahí Cristina Hampartzounian, ordenó la libertad del secretario General de ATE Córdoba y la CTA-Autónoma de esta provincia, Federico Giuliani, que permanecía detenido desde el jueves, cuando la policía provincial lo apresó junto a otros catorce dirigentes del gremio y organizaciones sociales que reclamaban por asistencia alimentaria para comedores escolares. La libertad del sindicalista se concretó en la tarde del mismo lunes.
La medida de detención había sido dispuesta por el fiscal Ernesto De Aragón que pretendía mantener preso en el Penal de Bower, en las afueras de Córdoba Capital, a Giuliani, y aún no le había tomado declaración indagatoria. Según informó el gremio, De Aragón lo había imputado de incitación a la violencia y amenazas y había dispuesto la prisión del dirigente estatal por considerar que existía “riesgo procesal”.
Hampartzounian consideró que no existía peligro procesal y dio por tierra con la estrategia del fiscal que pretendía alargar la detención de Giuliani, sin que hubieran fundamentos jurídicos para sostenerla.
Giuliani tiene un brazo quebrado como resultado de la represión que la policía realizó dentro de las instalaciones de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, cuando la Federación Nacional Territorial se encontraba frente al organismo reclamando con la distribución de comida a comedores y merenderos.
Durante la mañana del lunes se realizó una movilización frente a Tribunales II exigiendo la libertad de Giuliani. Alrededor de las 14, los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore, junto a la letrada María Marta Terragno, leyeron la resolución de la jueza de Control, que disponía la liberación del dirigente.
“Triunfó la lucha de todos los estatales! Tenemos que agradecer al país que se movilizó. Vamos a dejar sin efecto la medida de fuerza nacional que teníamos prevista para este martes. Vamos a seguir enfrentando la criminalización de la protesta social de Javier Milei y Martín Llaryora. Quedó demostrada la aberración jurídica que nos tocó enfrentar por estos días. Fue el Juzgado de Control el que advirtió que la detención era irrazonable y arbitraria. Nos quieren disciplinar, nos quieren mansos y obedientes pero no van a poder. Los vamos a seguir confrontando. En el Estado queremos salarios dignos y estabilidad laboral para todos. Hasta que eso no suceda, no vamos a parar de pelear”, planteó el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, que se trasladó desde Capital Federal para dar el apoyo de ATE.
PRESENTACIÓN DEL CELS
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presentó en la causa bajo la figura de amicus curiae (‘amigo del tribunal’) a los fines de aportar su opinión para garantizar los derechos del dirigente y el seguimiento del proceso penal.
El CELS aseguró que no existía “peligro procesal” para que esté detenido Giuliani. Para fundamentar su postura, el organismo de DDHH sostuvo en el escrito presentado ante la jueza Hampartzounian que “su resolución no cumple con los requisitos que tanto las normas locales como los estándares internacionales exigen para la aplicación de una prisión preventiva, en la medida en que se invoca: de forma genérica, sin acreditar riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, sin individualizar conductas puntuales o concretas para su dictado, ni sostener esas conclusiones con prueba concreta”.
Y expresó que “la protesta social se encuentra estrechamente relacionada con el ejercicio de una serie de derechos, en particular la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho de participación en los asuntos públicos”.
Por último, afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la protesta es “una actividad que reviste un ‘interés social imperativo’, lo que conlleva que exista una presunción general en favor de su ejercicio. Además, implica que los Estados(… )deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Esto implica un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de participación ciudadanía, con las calles y plazas como lugares privilegiados para la expresión pública’”.
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