La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció persecución política en la provincia de Córdoba luego del allanamiento al domicilio particular de Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba, y a la sede de la seccional Río Cuarto del gremio; y la posterior imputación judicial por “intimidación pública” e “incitación a la violencia” contra el dirigente sindical, por las protestas por la visita del presidente Javier Milei el pasado 25 de mayo.
“Este accionar forma parte de la persecución que el Gobierno Nacional ha desatado contra los estatales desde el 10 de diciembre. Nosotros estuvimos presentes en Córdoba el 25 de mayo y denunciamos la violenta represión que sufrimos. Hacemos responsables a la ministra Patricia Bullrich y al gobernador Martín Llaryora por todos estos ataques”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.
El allanamiento comenzó en simultáneo pasado el mediodía del martes por orden del fiscal provincial Emilio De Aragón, quien también ordenó la retención del celular de Giuliani. Al mismo tiempo, se allanó el auto particular de la esposa de Giuliani y otro de propiedad de ATE.
Los operativos dispuestos por de Aragón se producen luego que el 25 de mayo, ATE realizara una protesta en la Ciudad de Córdoba contra la llegada del presidente Javier Milei, la cual fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad, dejando a un trabajador hospitalizado por un disparo de bala de goma en el ojo y otros 14 heridos.
En tanto, este miércoles, Giuliani se presentó en Tribunales II, citado por el fiscal Ernesto De Aragón, en el marco de la causa en que lo imputa por participar en las movilizaciones del pasado 25 de mayo en el centro de Córdoba, bajo la figura “intimidación pública” e “incitación a la violencia”.
Frente a Tribunales, en una radio abierta y conferencia de prensa, los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore, explicaron que Giuliani cumplió con la citación judicial, al mismo tiempo que adelantaron el pedido de apartamiento del fiscal. Esgrimen que De Aragón está denunciado por la posible comisión de delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en la instrucción de la causa elevada a juicio contra el dirigente de ATE y otros dirigentes sociales por su participación en la marcha contra el hambre, el 5 de abril de 2023.
“En el transcurso del alegato que realizamos ante la Cámara de Acusación por recurso ante una elevación a juicio, denunciamos al fiscal. Ahora debería apartarse según establece el Código de Procedimiento”, dijo Orosz.
El abogado fustigó a la fiscalía y sostuvo que hay intención de criminalizar la protesta social con estas actuaciones judiciales. “Vivimos en Córdoba y se sabe el sojuzgamiento que tiene la justicia y particularmente el Ministerio Público Fiscal (MPF) al poder político. Tanto es así que la cabeza del MPF se renueva cada cinco años por elección del Poder Ejecutivo, con la anuencia de la Legislatura de mayoría automática. Así sucedió con los últimos fiscales generales”, aseguró Orosz.
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