La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este miércoles “persecución judicial” contra el secretario General de ese gremio y titular de la CTA-A de Córdoba, Federico Giuliani. El dirigente fue citado a declarar en una causa judicial donde fue imputado por el fiscal provincial, Ernesto de Aragón, de “intimidación pública” e “incitación a la violencia”. El expediente se originó en la represión de una protesta contra el presidente Javier Milei el 25 de mayo de 2024, en Córdoba Capital. En esa oportunidad, Giuliani resultó herido a causa del accionar policial junto a otras 14 personas, incluyendo un herido de bala de goma en un ojo.
Cabe recordar que el mes pasado, en una causa similar, pero ocurrida en 2023, la Cámara de Acusación integrada por los vocales Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías, dispuso el sobreseimiento de los dirigentes Federico Giuliani, titular de ATE; Agustín Nazar, referente del MST; Roxana Carezano, del Movimiento Teresa Rodríguez, ya disuelto; Marisa Cariddi, actual concejala de Río Cuarto y referente de Barrios de Pie; y Emanuel Berardo y Soledad Díaz García, dirigentes del Polo y el Partido Obrero. Los jueces consideraron que los dirigentes sociales, sindicales y políticos que encabezaron la protesta en el centro de la ciudad de Córdoba, en abril de 2023, lo hicieron dentro del marco de la protección constitucional a expresarse, protestar y peticionar.
El fallo señaló que “en el marco del ejercicio del derecho de reunión y de peticionar ante las autoridades por parte de los manifestantes –entre los cuales se encontraban los imputados-, se produjo una restricción tolerable a los derechos de otras personas a movilizarse en el transporte público de pasajeros”.
Justamente, esa decisión de la Cámara golpeó la legalidad del protocolo provincial que intenta limitar las medidas de protestas sociales, sindicales y políticas y el planteo e ideas del fiscal de Aragón que había imputado a los dirigentes por desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte.
Cabe recordar que, de Aragón, en ese expediente, utilizó pruebas obtenidas de manera ilegal para imputar a los dirigentes, incluidas acciones que se encuadran como actividades de inteligencia interior.
El fiscal Ernesto de Aragón. (Foto: Gentileza).
“Al cumplirse un año del brutal allanamiento al domicilio particular en Río Cuarto del secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, ordenado por el fiscal provincial Ernesto de Aragón, y después de mantener inactiva la causa que lo motivó, la fiscalía le comunicó a Giuliani que se presente a declarar como imputado, en una muestra más de que el Ministerio Público Fiscal en Córdoba es un ariete del poder político que busca amedrentar la lucha popular”, afirma el comunicado de ATE.
“No es casual que la medida se tome el mismo día que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, saliera a reclamar por los medios de comunicación “una ley antipiquetes” a la Legislatura que “dé seguridad jurídica a la policía” para reprimir la protesta”, señala el texto dado a conocer a los medios.
VER Córdoba: Quinteros criticó el fallo judicial que garantiza el derecho a la protesta social.
Denuncia luego, que “ahora, De Aragón profundiza la persecución judicial y ordena que Giuliani se presente en Tribunales. Durante el allanamiento en cuestión la policía retuvo por orden del fiscal los teléfonos celulares de la familia Giuliani, incluso el perteneciente a su hijo de 9 años que nunca fue devuelto. También le impuso una fianza de 10 millones de pesos, cifra por encima de los recursos de un dirigente que vive de su salario como trabajador de SENASA”.
Finalmente expresa que “se trata de una muestra clara del intento de amedrentamiento a los dirigentes sociales en la provincia, que no tendrían ningún problema judicial si se quedan en sus casas y evitan encabezar las protestas, frente a un gobierno que se dedica a destruir el conjunto de derechos del pueblo argentino garantizados por la Constitución Nacional”.
MÁS INFORMACIÓN
VER Córdoba: Quinteros criticó el fallo judicial que garantiza el derecho a la protesta social.
VER Córdoba: Imputaron a Giuliani por las protestas del 25 de mayo y ATE denunció persecución política.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
