El oficialismo impuso su mayoría y logró la aprobación de 12 convenios urbanísticos que permiten excepciones sobre la normativa vigente de ordenamiento territorial y habilitan la urbanización de 380 hectáreas que hoy están catalogadas de uso rural o industrial. El proyecto impulsado por la Municipalidad de Córdoba logró su sanción en el Concejo Deliberante, en un trámite express de apenas dos semanas. La oposición denunció, entre otros, violación de las ordenanzas que regulan el uso del suelo (aseguran que el cambio de uso de suelo debe hacerse por ordenanza y no por convenio urbanístico); plantearon que los acuerdos no cuentan con dictamen de Asesoría Jurídica del municipio por este motivo; dijeron que no se consideraron los riesgos ambientales ni la existencia de conflictos de uso entre tierras donde están asentadas industrias y quintas con los futuros barrios; y detallaron gruesos errores en el cálculo del beneficio económico que obtendrá el municipio por autorizar estos emprendimientos en favor de los actores privados.
De este modo, la aprobación de apuro quedó teñida por un manto de sospechas sobre los convenios que no fueron despejadas por el oficialismo en la sesión. Incluso, el bloque del PJ con la adhesión de Gabriela Paulí (del bloque de Olga Riutort) desechó la vuelta de los proyectos a la comisión de Legislación General para analizar la controversia jurídica señalada en ese momento por el concejal del Frente Cívico, Ricardo Aizpeolea.
Tanto los concejales Aizpeolea como Esteban Bria (UCR) desnudaron distintos puntos conflictivos de los acuerdos con los empresarios inmobiliarios, pero los ediles del peronismo se llamaron a silencio. Al finalizar las intervenciones opositoras, el titular de la bancada del PJ, Marcos Vázquez, en lugar de responder a los argumentos opositores, dijo estar “ofendido” por las acusaciones y solicitó inmediatamente votar las iniciativas. Hay que recordar en Córdoba Capital rige la cláusula de gobernabilidad, esto es, que el oficialismo tiene, como mínimo, la mitad más uno de los 31 concejales (Artículo 49 de la Carta Orgánica).
“Me resulta muy ofensivo los términos en los que se han referido a nosotros, el oficialismo. Realmente que nos pongan un manto de duda… y si tienen alguna denuncia para hacer, que la hagan, porque realmente me siento ofendido y ofenden a mis compañeros de bloque. Nosotros estamos llevando una gestión que ha trabajado la transparencia en todos los sentidos y mancillar nuestro nombre y la gestión, me parece de malísimo gusto”, expresó el edil oficialista. Pero, sobre los cuestionamientos, nada.
Bria presentó en su alocución un dato significativo: Los concejales opositores tuvieron un tiempo neto, de debate en la comisión, sobre los 12 convenios, de 45 minutos. Desde su ingreso a comisión, hasta su tratamiento en la sesión pasaron menos de dos semanas. Los expedientes tienen más de 13 mil fojas y comprometen derechos en favor de los propietarios sobre 380 hectáreas (el 61% frente al aeropuerto Ambrosio Tarabella y el resto en la zona sur y los Boulevares), una superficie de terreno equivalente a 633 canchas de fútbol de 6000 m2. (100 metros de largo x 60 metros de ancho). La cantidad de parcelas autorizadas es de 7.800. El negocio, a valores fiscales, es de 236 millones de dólares, que será varias veces mayor a precios de mercado y cuando se realicen los desarrollos.
QUÉ DIJO EL OFICIALISMO
Marcos Vázquez, presidente de la bancada del PJ, afirmó que “son 12 convenios alineados con el objetivo del ordenamiento territorial en la que se denomina mancha urbana aprobada con la ordenanza 13131, lo que permitirá un desarrollo en zonas que se encuentran deprimidas”.
Calificó los proyectos como estratégicos y apuntó que “el 60% corresponde al distrito Aeropuerto, al que la Municipalidad aspira a que se urbanice para fortalecer la oferta de espacio público, mejora de las conexiones, y para que proporcione viviendas accesibles para la clase media”.
Sobre los convenios de la zona sur, destacó “la colaboración entre los gobiernos provincial y municipal para abordar la solución de problemas de napas y anegamiento y mejorar la conectividad vial, lo que permitirá el crecimiento de una manera planificada”.
El concejal del PJ, Marcos Vázquez. (Foto: Prensa Concejo Deliberante Córdoba).
Después, explicó que “los recursos generados por estos convenios son de más de 10 mil millones de pesos (unos 11,5 millones de dólares al tipo de cambio del martes último) y serán destinados principalmente a la generación y rehabilitación de la infraestructura urbana. Además, un 5% se dirigirá a obras y servicios determinados por las Juntas de Participación Vecinal. Además, la ordenanza de fraccionamiento del suelo N°8060 establece que cada nuevo loteo deberá aportar un 2% de la superficie apta para el uso privado al Fondo de Reserva de Inmuebles con destino social. En este caso, se hace en dinero en efectivo, posibilidad prevista en la ordenanza mencionada”.
Señaló que los convenios están respaldados por informes de la Dirección de Impacto Ambiental y Cambio Climático, transito y educación vial, redes sanitarias y gas, planeamiento urbano y catastro. “Todos estos elementos fueron tomados en cuenta por la comisión de convenios urbanísticos que asesora a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Es importante aclarar que los desarrollistas deben presentar las correspondientes factibilidades y afrontar los gastos que le insuma al Ejecutivo la provisión de la infraestructura necesaria para garantizar los servicios de urbanización. Además, no exime de todas las obligaciones requeridas en las ordenanzas vigentes y en los casos que sea necesario, presentar los informes de impacto ambiental correspondientes a otras jurisdicciones”.
Por último, resaltó que “la concertación público-privada, reflejada en estos convenios, emerge como un mecanismo vital para obtener recursos y llevar a cabo obra en la ciudad, que de otro modo sería difícil de realizar”.
QUÉ DIJO AIZPEOLEA
Aizpeolea, concejal del Frente Cívico, cuestionó la legalidad de los convenios. Aseguró que como hay cambio de uso del suelo (de industrial o rural, según el caso, a residencial), debe aprobarse por ordenanza y no por convenio urbanístico. Es decir, debe hacer en el marco de la ordenanza 13131 y no de la 12.077, con el voto a favor de dos tercios de los concejales (mayoría especial).
En esa línea, afirmó que “hay una controversia normativa clara, por eso no hay dictamen de la Asesoría Jurídica” y manifestó que “el tratamiento express que tienen estos expedientes se contrapone a la forma de trabajo saludable de un cuerpo legislativo”.
Luego denunció que “este paquete pedimos analizarlo por tramos, por complejidad, por zonas, pero no quisieron, se aprobaron de forma conjunta. Es un paquete. Es verdad que vinieron funcionarios, pero es verdad que no contestaron un montón de preguntas. Y siempre tuvieron un mismo argumento: Que después vendrán, para después que estén las factibilidades. Acá hay modificaciones normativas, no es real que estamos dando una prefactibilidad para después discutir, acá hay modificaciones normativas a ordenanzas muy importantes que regulan el ordenamiento territorial”.
Planteó también que “todas las voces oficiales han actuado en medios, hablando de que nuestra ciudad necesitaba densificarse y que había que hacer acuerdos y actuar dentro de las zonas donde estuvieran consolidadas las infraestructuras. Decían que la ciudad se tenía que ir para arriba, no extender su urbanización. Bueno, todos estos convenios llegan al límite del ejido municipal, seguimos extendiendo la mancha que decíamos veníamos a tratar de evitar que se amplie. Todo lo contrario, a los anuncios que se hicieron”.
El Concejo Deliberante de Córdoba. (Foto: Gentileza).
Precisó que “estamos yendo cada vez más lejos a seguir urbanizando y colapsando servicios. Por más que quede a cargo del desarrollista alguna obra de infraestructura, a través de distintas maneras o integrando un fideicomiso, que vamos a hacer con los servicios que no se prestan en la actualidad y va a haber que ampliar, por ejemplo, recolección de residuos, transporte urbano”.
Detalló más adelante que “en muchos discursos oficiales se dice que estamos propugnando una ciudad de los 15 minutos, una ciudad amigable y sin embargo en ninguno de estos convenios están previstos servicios clave, como el de salud, o el servicio educativo. ¿A qué colegio van a llevar a sus hijos las personas que allí se van a radicar? ¿Dónde van a ir al médico? No hay ninguna exigencia”.
Finalmente analizó los convenios de cada zona y, en general, los informes manifiestan problemas ambientales y recomendaciones contrarias a la urbanización, tanto en el Norte, como en la zona Boulevares, como en el sur. “Por ejemplo, estamos aprobando convenios en el distrito Aeropuerto. Se pretende realizar una urbanización en un lugar que el mismo informe de la comisión de ambiente del municipio dice que no hay servicios ni redes de agua, ni de luz, de gas ni cloacas. Debe estudiarse este sector respecto al régimen de lluvias -las escorrentías-. Nos dice el oficialismo que hay un estudio de la provincia, pero no está en el expediente. Sin embargo, las conclusiones que da la comisión de ambiente municipal hablan de que es un tema que tiene que resolverse y que tiene que hacerse un estudio de la totalidad de este 61% de hectáreas que están dentro de los convenios. Esto tiene que estar claro antes de comenzar cualquier tipo de obras”, afirmó el concejal.
QUÉ DIJO BRIA
Bria adhirió a los planteamientos de Aizpeolea y se centró sobre los términos jurídicos y económicos de los convenios.
“Cambiar el uso de suelo implica generar derechos para los propietarios de esos terrenos. Por esa razón están previstos procedimientos especiales, mayorías especiales y ustedes mismos, cuando sancionaron la 13131, la publicitaron como la base de una política pública, que quería tener continuidad en el tiempo. Para lo cual establecieron, que las modificaciones de uso de suelo se tenían que hacer por ordenanza y mayoría agravada de dos tercios. Que entiendo, es una de las razones, por las que no hay informe de asesoría letrada. Son los que tienen que hacer el control de legalidad de estos convenios y, obviamente, no hicieron el informe porque no podían emitir un informe con una omisión tan grosera”, disparó el concejal deloredista.
El concejal Esteban Bria. (Foto: Prensa).
Posteriormente se centró en los beneficios que recibirá la comuna por la firma de estos convenios: “La plusvalía requerida por la Municipalidad es de apenas 10.500 millones de pesos, a integrar en un plazo de 24 meses, cuando la plusvalía que surge o hemos podido ir determinando es de 10700 millones. Según la información que está en los convenios. Eso es grave, pero, además, la plusvalía que debería recibir el municipio, debería ronda los 20 o 25 mil millones de pesos, es decir mínimamente el doble de lo que se está requiriendo”.
Tomó cuatro expedientes de la Zona Norte, donde, indicó, hay errores de cálculo: El 7555, 7556, 7560 y 7563.
“En esos cuatro expedientes, hay errores administrativos y de cálculo, que no quiero creer que han sido exprofeso, entiendo que ha sido un error. Espero que no hayan calculado mal a propósito cuando ese cálculo le va a costar la municipalidad 193 millones de pesos. Es una de las razones por las que volvemos a insistir que vuelvan los convenios a comisión. Queremos que la ciudad crezca, que los desarrollistas inviertan, queremos que se hagan bien, estos expedientes tienen errores, no están bien”, aseguró Bria.
Reveló también que “en muchos lugares, le aplican a los convenios criterios de URE (Urbanización Residencial Especial). La URE, de por sí, es una excepción, entonces las fracciones en que actualmente se puede dividir un terreno no son las de URE si no las establecidas para zonas rurales. Para que sea URE tiene que llevar todo un procedimiento para que eso pase (y no se hizo). Son criterios y está lejos de ser el más beneficioso para la ciudad”.
Por último, advirtió que frente a estos “errores”, su bloque llevaría “este tema a la Justicia”, y dijo que “los cálculos ni siquiera respetan los parámetros que ustedes mismos han puesto en los expedientes”.
El secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Rey. (Foto: Gentileza La Voz del Interior).
CUÁLES SON LOS 12 CONVENIOS
El 61% de las hectáreas a desarrollar (231 de 380) se encuentra en la zona norte de la ciudad, en terrenos ubicados al oeste de la avenida La Voz del Interior y frente al aeropuerto Ambrosio Taravella. Integran el llamado Plan Especial Distrito Aeropuerto, creado el año pasado.
Los convenios en Zona Norte:
-Santiago Cornet y Córdoba Investment Trust. Se trata de un campo de 134,6 hectáreas ubicado al norte del canal Maestro Norte, en barrios Los Boulevares. La excepción normativa le autoriza a fraccionarlo en 2.679 lotes de 250 m2. El beneficio a pagar a la Municipalidad es de $ 4.474 millones.
-Parque Empresarial Aeropuerto plantea una ampliación residencial. Planea construir 12 edificios de nueve pisos con una superficie cubierta de 23.507 m2; cuatro housing con 14.315 m2, y 149 parcelas de 360 m2. El predio tiene una superficie de 151.232,6 m2. El beneficio será de $ 442,3 millones.
-Salvador Carlos Giordano por tres lotes que suman 462.515 m2. Limita con Lino Spilimbergo, la Universidad Siglo 21, De Los Latinos y el canal Maestro Norte. La excepción normativa permitirá la división en 789 lotes de 360 m2, a cambio de un “beneficio” de $ 1.565,4 millones.
-La empresa Proaco (Lucas Salim) presentó el proyecto para construir en un terreno propiedad de Juan Carlos Rabbat y Cristina Schwander. Para ello, modificó un convenio que había presentado en 2016 durante la gestión de Ramón Mestre (UCR). Son 36 hectáreas delimitadas por Lino Spilimbergo, De Los Polacos y el campus de la Universidad Siglo 21. El proyecto incluye 17 hectáreas para lotes de vivienda individual; 1,38 hectárea para vivienda colectiva y 4,32 hectáreas para otros usos. El 20% queda para espacio verde. El beneficio para el municipio es de $ 722,4 millones.
El resto de los convenios:
-Juan Felipe de León Lascano: 11.305 m2 en barrio Villa Eucarística. 22 lotes de 360 m2.
-Patricia Raquel Iturrieta: 12.220 m2 en calle Madre Sacramento. 24 parcelas de 360 m2.
-Martín Revigliono: 10.972 m2 en calle Agustín Piaggio. 22 lotes de 360 m2.
-Dina Castillo de Menéndez: Limítrofe al barrio Cabildo Anexo. 65,8 ha. 1.914 lotes de 250 m2.
-Santiago Cornet: 14 hectáreas en barrio Sachi y Carrara. 208 parcelas de 360 m2 y nueve de 1.500 m2.
-Juan Felipe de León Lascano: 10 mil m2 en Villa Eucarística. 17 lotes de 360 m2.
-Federico Rodríguez – Landco: Valparaíso 7400, rodeando Villa Angelelli. Dos parcelas que suman 38,6 hectáreas. 987 parcelas de 250 m2.
-Edisur: Ruta provincial 5, al lado de Parque Universitario y Universitario de Horizonte 1, 2 y 3. 5 parcelas que suman 247.983 m2. 420 lotes de 250 m2.
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Hector alfredo pourtau paz
19 noviembre, 2023 a 14:26
Hay cantidades de cordobeses que son parientes de ratas lanchas, no tienen vergüenza ni la tendrán nunca que ellos no saben que son las palabras vergüenza caradura descarado etc. hacen denuncia los del charlatan farsante venenoso carroñero Luis juez los de frente cívico que apoyaron y siguen a posando a otros igual a ellos macristas.