El bloque de concejales de la UCR, con la firma de su titular, Alfredo Sapp, presentó un proyecto de resolución pidiendo un informe al Ejecutivo municipal sobre la estafa digital a contribuyentes conocida este fin de semana.
La iniciativa radical, en su parte formal, requiere al intendente Martín Llaryora que “informe sí procedió a formular la denuncia penal pertinente e informe la Fiscalía de Instrucción donde quedó radicada la misma” y que precise “la mecánica del hecho ilícito denunciado”.
Interroga luego “sí están individualizados los contribuyentes damnificados, monto de la estafa y las fechas en que se produjeron”; las “medidas que fueron tomadas para resguardar a los contribuyentes sobre futuros hechos similares”; “cuáles fueron las acciones desplegadas por el municipio, en que tiempo y de qué manera, a los fines de comunicar y advertir a los contribuyentes respecto a los hechos delictivos descriptos”; y para que dé a conocer “sí el municipio dispone de herramientas eficientes para evitar el método informático para estafar o “phishing” o algún tipo de estafa similar”.
Cabe recordar, que el caso fue revelado por sendas publicaciones de La Voz del Interior y ENREDACCIÓN. La Municipalidad de Córdoba realizó una denuncia penal el pasado 23 de abril y la causa recayó en el fiscal especializado en ciberdelitos, Franco Pilnik. A ese planteo, se le agregaron al menos otros dos en sede judicial y se conocen dos casos más no denunciados judicialmente.
VER Adhirió a una supuesta moratoria municipal, pagó 53.272,75 pesos en 12 cuotas, y resultó un fraude.
El concejal Alfredo Sapp.
Los ediles de la UCR expresan que “ven con profunda preocupación, no solo la eventual existencia del delito de estafa mediante la creación de falsas “web,s” municipales, sino también la forma en que se tomó conocimiento de esta modalidad delictiva y la aparente facilidad con que podrían perpetrarse dichos ilícitos”.
Dicen que “tal situación se encuentra potenciada en una coyuntura de pandemia, donde el esfuerzo de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias se torna extremadamente dificultosa”.
En esa línea, agregan que “la imposibilidad de desplazamiento por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ha impulsado masivamente a los contribuyentes a adoptar los medios de pago electrónicos, vía “web’s” y similares por lo que garantizar la veracidad de portales informáticos y su contenido se torna de imperiosa necesidad”.
Por otro lado, apuntan que “ante este tipo de modalidad delictiva, el Estado municipal debe dar aviso en forma inmediata a los contribuyentes mediante todos los medios que se disponen a los fines advertir y minimizar las potenciales víctimas” y concluyen indicando que “no menor sería el hecho de que la Municipalidad no disponga de las herramientas necesarias para prevenir esta modalidad delictiva ya que generaría entre los vecinos inseguridad a la hora de afrontar por los medios digitales el pago de sus contribuciones”.
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