La superpoblación carcelaria atenta directamente contra el tratamiento penitenciario, derivando luego en mayor reincidencia y menor reinserción.
Estoy trabajando en carpintería, y te digo que están metiendo… quieren meter cien camas más”. El mensaje de audio de WhatsApp proviene de un interno del complejo penitenciario de Bouwer. Habla con preocupación sobre lo que está ocurriendo en su pabellón, el MX1, pero también en el resto de los pabellones de esa cárcel. “Se habla de meter ocho camas más por pabellón. ¡La van a recontrasuperpoblar a la cárcel!”
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Lamentablemente, el autor del mensaje no exagera. El dato fue constatado por otras vías ante personal jerárquico del Servicio Penitenciario, que bajo reserva confirmó la versión y admitió que se continuará avanzando para incrementar la capacidad de alojamiento de ése y de los demás complejos carcelarios de la Provincia.
En mayo de 2017 desde este mismo sitio se publicaba un informe que advertía acerca del hacinamiento carcelario que el gobierno de la Provincia de Córdoba intentaba maquillar, a partir del “corrimiento” sistemático de las capacidades máximas que el organismo penitenciario declara ante el Poder Judicial provincial y federal, y ante el Ministerio de Justicia de la Nación.
Ello implicó que en los últimos años fueran incrementadas las capacidades de alojamiento de los diferentes complejos a cargo de la Provincia, pero sin que ello implicara un crecimiento acorde ni de la infraestructura, ni de la estructura operativa, ni de la de tratamiento penitenciario. No es otra cosa que la modalidad que implementa el SPC para poder albergar a todos los procesados y condenados que le deriva la Justicia pero sin tener que admitir una situación de hacinamiento. “En lugar de negarse o de exigir soluciones estructurales, el SPC se aviene a aceptar nuevos internos, forzando las capacidades de sus cárceles”, decía aquel informe.
Las cosas no parecen haber cambiado demasiado. En mayo de 2017 señalábamos que era tal el hacinamiento, que a los nuevos internos se los estaba empezando a alojar en sectores no pensados ni preparados para ese fin.
Tenemos gente durmiendo en los box que tienen dos metros por dos. Ahí te ponen cuatro o cinco personas. En otras salitas que son de un metro por dos te ponen a dos personas durmiendo ahí adentro”, se quejaba el mismo interno acerca de un lugar que no duda en llamar “un infierno”.
“Hay gente durmiendo en los box desde hace más de 15 días”, señalaba otro interno que se comunicó con este medio. Los “box” que menciona son pequeñas salitas ubicadas en el pabellón central de los diferentes módulos, donde confluyen los corredores. En la jerga carcelaria se los denomina “el freezer” ya que se usan para dejar mmomentáneamente a los internos antes de un traslado.
“Tenemos gente durmiendo en los box que tienen dos metros por dos. Ahí te ponen cuatro o cinco personas. En otras salitas que son de un metro por dos te ponen a dos personas a que vivan ahí”, se quejaba el mismo interno acerca de un lugar que no duda en llamar “un infierno”.
No exagera. “Esos lugares no tienen baños ni nada, y los muchachos hacen sus necesidades ahí, no les queda otra. Vos pasás por el pabellón central y es un olor horrible”.
CON LO PUESTO
La situación en el sistema carcelario cordobés resulta cuanto menos llamativa. Salvo pequeñas ampliaciones y refacciones que se han ido implementando casi con un criterio voluntarista, apelando a la propia mano de obra de los internos, lo cierto y concreto es que desde el año 2007, cuando se inauguró la Cárcel de Cruz del Eje, no se han construido ni ampliado ninguno de los complejos carcelarios de toda la provincia.
Aún más: en 2015 se terminó de desalojar la vieja Penitenciaría de San Martín, que aportaba 838 plazas al sistema carcelario, con lo cual se perdió esa capacidad. Lo mismo sucedió con la cesión del ex Crom, que era el Establecimiento Penitenciario N°9 y la única cárcel abierta en la ciudad de Córdoba, la cual ahora funciona como Unidad de Contención de Aprehendidos, descontándose entonces las 75 plazas que aportaba.
*Elaboración propia en base a datos del SNEEP 2010 y 2016.
Pese a ambas “mermas”, la capacidad total de las cárceles de toda la provincia declarada ante los órganos de control, pasó de 5510 plazas en el año 2010 (que si se descuentan las 838 plazas de San Martín y las 75 del ex Crom serían en realidad 4597), a las 8316 de la actualidad. Esto implica un inexplicable salto del 51%. Pero si se contabilizan las plazas perdidas por el cierre de San Martín y el traspaso del ex Crom, entonces el salto real del resto de los establecimientos es casi del 80%. Prácticamente sin haber puesto un solo ladrillo.
Algunas cifras concretas para comprenderlo. El módulo MD1 de Bouwer declaraba en 2010 una capacidad de 500 internos. Sin embargo, en el último informe del Servicio Nacional de Estadísticas de Establecimientos Penitenciarios del país, para el mismo módulo se declaró una capacidad de 1070 internos. El poder de las cuchetas…
De hecho, por todo el complejo carcelario de Bouwer, con sus cuatro módulos y centro de régimen diferenciado, se declaraba una capacidad máxima de 2150 internos en el año 2010. Milagrosamente, y sin que haya habido reformas ni ampliaciones ni nuevos corredores ni módulos, ahora Bouwer, según el gobierno provincial, tiene una capacidad total de 3826 internos. Es decir, en el mismo espacio se pueden alojar 78% más internos.
Lo mismo ocurrió en la Cárcel de Cruz del Eje con sus dos módulos. Para ellos hace ocho años se declaraba una capacidad máxima de 1067 internos. Pero en la actualidad las plazas declaradas son 1792. Sin que mediaran obras.
Esta maniobra es la que le permite al gobierno afirmar que en nuestras cárceles no existe hacinamiento, pese a que están pobladas por casi 8 mil presos, alojados en las mismas cárceles por las que en 2010 se informaban 4597 plazas.
Por todo el complejo carcelario de Bouwer, con sus cuatro módulos y centro de régimen diferenciado, se declaraba una capacidad máxima de 2150 internos en el año 2010. Milagrosamente, y sin que haya habido reformas ni ampliaciones ni nuevos corredores ni módulos, ahora Bouwer, según el gobierno provincial, tiene una capacidad total de 3826 internos”
Pero más allá de la incomodidad o inconveniencia de tener que vivir dos o tres personas en un lugar diseñado para una, esto sin dudas repercute en el pretendido tratamiento penitenciario que las cárceles están llamadas a dar a las personas que infringieron la ley.
Y esto tiene que ver con la realidad de que la dotación de personal de los diversos establecimientos se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años. La situación se repite no sólo en la plantilla de celadores y personal de seguridad, sino también en el cuerpo de profesionales encargados del tratamiento penitenciario, lo cual incluye maestros, instructores, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. Igual situación se da con el personal de salud.
Las consecuencias de este desfasaje son variadas. En materia de salud, en los últimos meses hemos debido cronicar absurdas muertes en el complejo de Bouwer o en el de Cruz del Eje, simplemente por falta de personal médico o de insumos básicos, casi al borde de la negligencia o el abandono de personas. También se han debido lamentar numerosos suicidios.
En materia de seguridad, la prestación se viene sosteniendo en base a un abusivo uso de servicios adicionales, lo que deriva en poco tiempo en el agotamiento del personal. “Para darte un ejemplo, en Villa María estamos cubriendo la guardia con la misma cantidad de personal que se lo hacía en el año 91”, señaló un oficial penitenciario, atento a esta situación que pone en riesgo la salud de sus camaradas.
La derivación directa de esto es la gran cantidad de carpetas psiquiátricas que se presentan, o bien casos dramáticos como el suicidio de Marcos Nieto en enero de 2017 en una torreta del complejo de Cruz del Eje.
Ingreso al módulo MD2 del penal de Bouwer.
DESERCIONES, EL FRACASO DE LA RESOCIALIZACIÓN
En ese marco se inscriben también las dos evasiones de la semana pasada, ocurridas en cárceles abiertas de la provincia.
La primera de ellas se verificó durante el recuento de la madrugada del viernes último, en el complejo de Montecristo. Roberto Fabián Reartes (45) había desaparecido sin dejar rastros. Los controles por el perímetro, galpones, corrales y sector de uso común no trajeron resultado alguno. Reartes cumplía una condena a 10 años de prisión por un robo calificado y violación de domicilio. Le faltaban menos de dos años para salir en libertad y estaba a disposición del Juzgado de Ejecución N°3 de esta ciudad.
La muestra más clara de que nada se está logrando está en la gran cantidad de deserciones que estamos teniendo, casi con un ritmo semanal. Eso te habla del fracaso de la reinserción”, planteó un oficial penitenciario.
Algo similar ocurrió a la medianoche del domingo (o madrugada del lunes) en la cárcel de Río Cuarto. También en un régimen de semilibertad se encontraba Eduardo Sofía Lara (46), alojado en un sector externo del establecimiento en el área de Pre-Egreso, quien cumplía una sentencia a 18 años de prisión por homicidio en ocasión de robo y otros delitos en concurso real. Estaba a cargo de la Cámara Criminal de Río III, pero su “fase de prueba”, es decir, la última etapa de la condena que prevé la ley y donde se puede acceder a un régimen de semilibertad, había sido dispuesta por el personal técnico del Servicio Penitenciario de Mendoza, donde había estado cumpliendo su condena.
En ambos casos se trataron de deserciones y no de fugas, ya que ni Reartes ni Sofía Lara recurrieron a violencia sobre las cosas ni sobre las personas para evadirse de los establecimientos donde cumplían condenas. Pero simplemente decidieron abandonar el cumplimiento de sus condenas, algo que los pone en situación de fugitivos, hasta tanto la Justicia logre dar con ellos.
A las consecuencias que trae el hacinamiento se las debe buscar en el crecimiento de los episodios de violencia intramuros, en la abundante cantidad de materiales prohibidos dentro de los pabellones, en el crecimiento de la circulación de drogas, en el ingreso de armas. Pero también se las encuentra en el deterioro de los servicios de salud, en las constantes deserciones, y en definitiva en el fracaso de la resinserción de condenado.
“El fundamento básico del Servicio Penitenciario es la reinserción social del individuo, y se supone que es lo que propugna el Ministerio de Justicia, tratando de asegurar el trato humano en las cárceles para fomentar la recuperación del preso”, explicaba un alto oficial penitenciario. “Bueno, la muestra más clara de que nada de eso se está logrando está en la gran cantidad de deserciones que estamos teniendo, casi con un ritmo semanal”, planteó. “Eso te habla del fracaso de la reinserción”.
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