En 2011 se detectó que tenía antecedentes por drogas y por un asalto, y se le impidió el ingreso a la fuerza policial. Sin embargo, esas alarmas no saltaron cuando se inscribió en el Servicio Penitenciario de Córdoba. Se supone que contó con algún tipo de aval o protección. Él y su esposa (empleada municipal de San Francisco) están detenidos, como parte de una banda que comercializaba drogas en el este provincial. De estrecha relación con el intendente de esa ciudad, Ignacio García Aresca, y con la legisladora por el departamento, Graciela Brarda, la detención de Ludueña reabre un capítulo de padrinazgos, acomodos, privilegios y zonas liberadas en la quinta ciudad de la provincia.

Un operativo en varias ciudades del este provincial permitió tumbar una banda narco. Una de sus piezas claves era el matrimonio del guardiacárcel Ludueña y la empleada municipal Juárez. Foto: Gentileza La Voz de San Justo.
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Fue presentado a la prensa como el mayor operativo de narcomenudeo en el interior provincial, desde la creación de la Fuerza Policial Antinarcóticos. Se trató de un procedimiento llevado a cabo en San Francisco, Frontera (Santa Fe), Arroyito y Tránsito, que terminó con el secuestro de 78 kilos de marihuana y ocho detenidos. El eje de la trama se ciñó en torno a un preso de la cárcel de San Francisco, apuntado como el cabecilla de la banda.

Pero por detrás también apareció un nombre que en primera instancia parecía no decir nada: Juan Ignacio Ludueña (33). De profesión guardiacárcel, trabajaba justamente en el pabellón 7, lugar donde habitaba Moisés Alexis Almada, alias “Mono”, condenado por homicidio en ocasión de robo, de cuya celda se secuestraron cuatro celulares, un cargador, y 10.415 pesos en efectivo.

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Tras el allanamiento en la vivienda de Ludueña, en la esquina de Roque Sáenz Peña y General Paz, del acomodado barrio Catedral (San Francisco), también era detenida su esposa, Claudia Juárez (42).

Aunque muchas personas se mostraron sorprendidas por el hecho de que fuera detenido un guardiacárcel, el episodio no resultó extraño para quienes conocían a “Juani”, como lo llamaban. Su ingreso al Servicio Penitenciario de Córdoba todavía es una incógnita, luego de que fuera dado de baja de la Policía de Córdoba, en septiembre de 2011.

En marzo de ese año había iniciado el cursado para ingresar a las fuerzas policiales, cumpliendo su preparación en el Centro de formación y Capacitación de la Regional San Justo. Llevaba algo más de seis meses de cursado de lo que luego sería la Promoción 213, cuando los comentarios que generaba su posible ingreso comenzaron a ser demasiado evidentes.

Pese a lo documentado que resultó el proceso para impedir a Ludueña vestir el uniforme policial, esos antecedentes no saltaron o -lo que es peor- no fueron tenidos en cuenta cuando cursó su ingreso al Servicio Penitenciario de Córdoba.

A las autoridades de ese centro de formación llegaron datos indicando no sólo que Ludueña era consumidor de sustancias prohibidas, sino que comercializaba estupefacientes en su domicilio de barrio Ciudad.

Como las denuncias podían ser simplemente eso, denuncias, desde la dirección del establecimiento de formación se iniciaron investigaciones para intentar verificar si tenían asidero. Y así empezaron a llegar los primeros datos que confirmaban las sospechas.

Claudia Juárez (42) junto a Juani Ludueña (33). Ella, empleada municipal. Él, guardiacárcel. Ambos están detenidos.

Luego también se pudo confirmar que si bien Ludueña no presentaba antecedentes en Córdoba, al verificarse si tenía causas abiertas en la provincia de Santa Fe (distante a sólo cuadras del centro de San Francisco), la luz de alarma volvió a encenderse: tenía un antecedente por robo calificado. Si bien la causa aún se hallaba sin resolución, ese dato no había sido consignado por Ludueña al momento de presentar su declaración jurada para ingresar a la Policía.

Ya esa altura, los indicios resultaban categóricos, y fue finalmente el director de la Escuela de Suboficiales, comisario Walter Moyano, el que firmó la baja.

Pese a lo documentado que resultó el proceso para impedir a Ludueña vestir el uniforme policial, esos antecedentes no saltaron o -lo que es peor- no fueron tenidos en cuenta cuando cursó su ingreso al Servicio Penitenciario de Córdoba. Claramente, la dualidad de objetivos con los que trabaja el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria no sirvió en este caso. O quizás sirvió para encubrir.

Y así fue como en el año 2013 ya estaba vistiendo el uniforme gris de la institución encargada del cuidado de las cárceles, un hombre del que ya se habían verificado antecedentes en la delincuencia, incluso en la venta de drogas.

FIGURA QUE SE REPITE

Tanto en su fallido ingreso a la Policía como de su exitosa incorporación al SPC, la mano que estuvo por detrás sería la del comisario Jorge Marcelo Bertello, quien trabajó 19 años en Drogas Peligrosas de la Policía, departamento del cual fue desplazado por desaveniencias con el entonces jefe, Rafael Sosa, recordado por su condena bajo el Narcoescándalo (de 2013).

Jorge Bertello. Antes, autoridad policial en San Francisco; hoy, directivo de una empresa de seguridad. Sería el hombre detrás de Ludueña.

Bertello recaló al frente de la División Logística de la Departamental San Justo, de donde luego fue separado en medio de un escándalo por el uso de vales de combustibles para supuestamente cargar nafta a móviles que se comprobó que no estaban en funcionamiento.

El pase a retiro de Bertello, ocurrido en 2015, terminó de enfriar una investigación en la cual el fiscal Bernardo Alberione no pareció muy convencido en hacer avanzar.

Su salida de la fuerza policial resultó finalmente un buen negocio para el cuestionado comisario, quien al poco tiempo se sumó Power Protection, una empresa de seguridad privada que en la actualidad resulta la “mimada” por la administración del intendente Ignacio García Aresca, contratándola para gran cantidad de eventos organizados por el municipio.

Además de haber promovido el ingreso a la fuerza policial de Juani Ludueña, Bertello sería el mismo nombre que promovió al agente Gonzalo Luque, dado de baja apenas había ingresado a la Policía, en el año 2008, cuando se detectó que habría contratado a un sicario para asesinar al comisario Norberto Vaca, por entonces jefe del Tribunal de Conducta Policial (Asuntos Internos). Vaca había pasado a pasiva a Luque, luego de detectar que profería amenazas de muerte a través de un blog.

Otro de los presuntamente prohijados por Bertello había sido un agente de apellido Vargas, también seriamente sospechado de actividad delictiva, y actualmente asignado como custodia en el edificio de Tribunales de San Francisco.

El pase a retiro de Bertello, ocurrido en 2015, terminó de enfriar una investigación en la cual el fiscal Bernardo Alberione no pareció muy convencido en hacer avanzar.

CERCANOS AL INTENDENTE, CERCANOS AL PODER

Al centro, el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, cariñosamente abrazado por el matrimonio que comercializaba drogas a pocas cuadras de la Catedral de San Francisco.

Tanto Juani Ludueña como su esposa, Claudia Juárez, ambos detenidos por la venta de droga en su domicilio de barrio Catedral, mantienen una estrecha relación con el intendente García Aresca. De hecho, Juárez se desempeña en el Departamento de Control Alimentario del municipio y tiene llegada directa a la autoridad mayor.

En una imagen se observa a la pareja abrazando cálidamente al intendente municipal. También se pueden ver fotos de Juárez con la legisladora departamental por San Justo, Graciela Brarda (UPC), muy cercana al vicegobernador, Martín Llaryora.

Brarda, por ejemplo aparece en la lista de “amigos” en el perfil de Facebook de Juárez y también en el de Ludueña.

Luego de la detención de la pareja, no hubo declaraciones para explicar la presencia de Ludueña en el SPC, ni la de Juárez en el municipio.

Juárez (de naranja), muy cercana a la legisladora Graciela Brarda (de negro).

Los conocedores del mundo delictivo en San Francisco, aseguran que el matrimonio era “protegido” del poder en esa ciudad de porosa vinculación con el municipio vecino de Frontera, en Santa Fe, donde el narcotráfico se mueve con absoluta tranquilidad, en una especie de “zona liberada”, dominada siempre por un apellido: los Gallardo, un imbatible clan familiar que domina todo el negocio.

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