Pese a las imputaciones de estafa que pesan sobre 14 directivos y accionistas de Vicentin, el cuestionado juez Civil y Comercial de la 2da Nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, prorrogó nuevamente y hasta el 31 de marzo de 2022 el plazo para que la agroexportadora llegue a un acuerdo con los acreedores por su deuda concursal de unos U$S1.500 millones.
Lorenzini también pidió a la Sindicatura que elabore un “cronograma tentativo” para el salvataje, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue criticada por el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa de Seguimiento de Vicentin, que considera que “solamente se nos ocurre pensar que esta demora simplemente es funcional a lograr impunidad y distintas nuevas formas de fugar capitales”.
Del Frade señaló, en relación con la resolución, que “a esta altura es preciso subrayar la obsesión de hablar de una sola empresa, Vicentin SAIC, la cáscara vacía que, de tal manera, encubre la suerte y la evolución de las otras 32 empresas del grupo”.
El diputado subrayó que “no hay mención alguna a la media decena de causas penales abiertas ni mucho menos en torno al destino del dinero fugado” y, agregó, “es imprescindible, entonces, preguntarnos para qué sirve esta nueva prórroga”.
La resolución del cuestionado juez Lorenzini dejó abierta la posibilidad de una nueva prórroga al señalar que “la establecida en la resolución, firmada ayer, se hace sin perjuicio de evaluar oportunamente una extensión adicional, conforme a la evolución del proceso y en consulta con el Comité de Acreedores y la Intervención de Vicentin”.
El diputado santafesino, Carlos Del Frade. (Foto: Gentileza).
La nueva extensión del período de exclusividad –la segunda que solicita la concursada- tuvo el aval de los acreedores y de la Mesa Técnica, conformada por un grupo de ellos, según la resolución.
Vicentin pidió una nueva prórroga luego de que su propuesta de pagar la deuda con una quita del 70% y en un plazo de 15 años –que incluía un reconocimiento en dólares y el pago en una sola cuota a acreedores de menor cuantía- no consiguiera la aceptación mayoritaria.
En noviembre pasado Lorenzini rechazó esa propuesta por considerarla “abusiva” y le pidió que elaborara una nueva, de “modo razonable”, a la vez que volvió a exigirle la elaboración de un “plan de crisis” y otro de “reorganización empresaria”.
Cabe recordar que el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, le dijo a este medio, que en la crisis de la compañía santafesina “se combinaron tres cosas: Una decisión de vaciamiento, que entre otras cosas implicó transferir recursos al exterior y usar los fondos de financiamiento con otros destinos, con una conducción bastante irresponsable por parte de la empresa. Y la idea, sobre todo, de la impunidad, de que esto iba a poder seguir sosteniéndose. Es decir, que ellos iban a poder seguir sosteniendo un mecanismo permanente de financiamiento de esa irresponsabilidad”.
Vicentin recibió un aporte crediticio extraordinario de parte de la banca pública, con eje en el Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri y sus directivos han sido imputados por estafa.
La agroexportadora continúa negociando un acuerdo con Molinos Agro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra (del grupo Glencore). Según trascendió, la propuesta de los tres inversores consiste en un aporte de capital para la salida del concurso pero en cuotas, como los pagos propuestos a los acreedores. Esa propuesta es la que ha fracasado y obligado a ampliar los plazos de negociación.
En ese plazo, las empresas continuarían operando a fazón en las plantas procesadoras de Vicentin del Gran Rosario, lo que les permitiría hacer frente a la deuda con el resultado económico de la operación de los muelles de la concursada.
Pero como el interés de las tres compañías inversoras es por las plantas de Vicentin en el Gran Rosario, en su resolución el juez le pidió un detalle de plan de la empresa para el complejo fabril de la localidad de Avellaneda, que no aparece mencionado en las negociaciones.
Imagen de uno de los puertos de Vicentin sobre el río Paraná. (Foto: Gentileza La Capital de Rosario).
“Ante la necesidad de evaluar claramente la situación actual y viabilidad de las actividades que se desarrollan en el complejo industrial de la concursada en la ciudad de Avellaneda, la sociedad concursada deberá confeccionar un informe circunstanciado de la situación actual, alternativas de reconversión y continuidad de las distintas unidades de negocios allí existentes (bioetanol, biodiesel, calderas, planta de alimentos balanceados, producción de harina de hueso”, enumeró Lorenzini.
Por otra parte, en su resolución el juez también le solicitó a la Sindicatura del concurso “la realización de un cronograma tentativo del período de Concurrencia o Salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras”.
Estableció que “este esquema deberá ser presentado en el expediente hasta el día 28 de febrero de 2022” y que, en caso de que Vicentin no arribe a un acuerdo con los acreedores durante el período de exclusividad, el 1 de abril se iniciará el proceso de salvataje.
Un grupo de más de 70 acreedores granarios de Vicentin hizo pública hace 15 días la constitución de un fideicomiso con el objetivo de participar de un eventual “crown down” de la compañía, para lo cual designó incluso a un banco como asesor financiero.
El procedimiento de salvataje, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, permite a los acreedores o algún tercero interesado –una vez vencido el período de exclusividad- presentar una propuesta de acuerdo para darle continuidad a la concursada.
>>> LOS 14 IMPUTADOS POR ESTAFA
El Juzgado Federal 4° de Rosario, a cargo de Román Lazón, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa en 2019.
Además de imputar a directivos, también les prohibió su salida del país y les fijó una caución de US$ 10 millones.
Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.
Buyatti también fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y BICE.
A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
La imputación sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.
Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin “con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordada”.
Los bancos extranjeros denunciantes son la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Grupo Banco Mundial); los holandeses Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Coöperatieve Rabobank U.A e ING Bank; y Natixis New York Branch, de Estados Unidos.
>> COBERTURA
VER Los 14 integrantes del directorio de Vicentin fueron imputados por estafa y defraudación.
VER El escándalo Vicentin: La mayor fuga de divisas a paraísos fiscales se produjo entre 2017 y 2019.
VER Lozano denuncia “fuga de US$ 800 millones” de Vicentin y nuevas maniobras de “vaciamiento”.
VER Vicentin y la oportunidad (hasta ahora perdida) de un debate profundo sobre el modelo de desarrollo.
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