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Crece el conflicto por los megadesarrollos inmobiliarios: Organizaciones sociales y vecinales le respondieron a la Ceduc

Representantes de organizaciones sociales y vecinales se reunieron en el Cerro de las Rosase impulsaron un documento contra el planteo de la Ceduc.

Organizaciones sociales y vecinales salieron al cruce de la presión a la Justicia que planteó la Cámara Empresaria de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC) la semana pasada y reclamaron contra la “inseguridad jurídica y restricción de derechos humanos que generan los acuerdos y habilitaciones que se centran en el interés corporativo y privado a espaldas de la ciudadanía afectada por los mismos”.

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Lo hicieron a través de un documento dado a conocer el fin de semana, que lleva la firma Red Ciudadana Nuestra Córdoba y FFyH-UNC en el Marco de la iniciativa “Partícipes de las Metas 2024-2027 de la Ciudad de Córdoba”; Arquitectos Cordobeses Autoconvocados; Asociación Amigos de la Reserva San Martín; Colectivo Preservando el Parque de la Vida; Centro Vecinal Cerro de las Rosas; Centro Vecinal Parque Chacabuco; Centro Vecinal Valle del Cerro; CISCSA Ciudades Feministas; Comisión Regularizadora de Villa Warcalde; Fundeps; Inquilinos Córdoba; Juntas x por el Derecho a la Ciudad; Multisectorial Defendamos Alberdi; SAPLAT Regional Centro; CEVE-AVE – CONICET Asociación de Vivienda Económica; Foro Ambiental Córdoba; Vecinos autoconvocados de Villa Belgrano; y Vecinos autoconvocados de Villa Cabrera.

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El texto titulado “La reivindicación del derecho a la ciudad y al ambiente no es una amenaza para el progreso sino, por el contrario, una salvaguarda necesaria para el desarrollo inclusivo y el buen vivir”, fue debatido y consensuado durante un encuentro que se realizó en el Cerro de las Rosas, con la participación de las distintas organizaciones.

Dice el escrito que “las acciones de amparo constituyen un recurso previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional que puede ser interpuesto contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley”.

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Explica que “se puede interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”.

Los desarrollistas nucleados en la Ceduc habían cuestionado justamente el uso de la herramienta de los amparos ambientales por parte de los centros vecinales y habían criticado a la Justicia por darles curso.

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En ese sentido, señalaba la Ceduc que “rechazamos la utilización irresponsable y arbitraria de recursos como “amparo ambiental” para frenar proyectos que cumplen toda la normativa solicitada por el municipio” y advierte (a la Justicia) que “dar lugar a estas medidas injustificadas atentan contra el derecho al trabajo, la vivienda, y la propiedad en detrimento del progreso de toda la sociedad”.

“Desde CEDUC consideramos que este tipo de estrategias realizadas por un conjunto de vecinos pone en juego la previsibilidad jurídica, atenta contra las instituciones y las normativas vigentes y perjudica el derecho de la propiedad privada, el derecho a la vivienda y sobre todo, el derecho al trabajo”, había expresado la organización empresaria.

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Cabe recordar que los barrios de Parque Chacabuco, Altos de Villa Cabrera y Altos de San Martín; Villa Belgrano; Jardín; y Cerro de las Rosas, se han manifestado a favor o utilizado la vía de los amparos para tratar de proteger sus derechos.

Justamente, el objetivo de la Ceduc es tratar de limitar las posibilidades de las anunciadas presentaciones judiciales de Parque Chacabuco, Altos de Villa Cabrera y Altos de San Martín (contra la construcción de dos torres con 186 unidades habitacionales en la playa de estacionamiento del Córdoba Shopping, un emprendimiento del Grupo Proaco) y Villa Belgrano (contra los megadesarrollos inmobiliarios en ese barrio).

El proyecto Dúo, del grupo Proaco, en el Córdoba Shopping. Frente a esta iniciativa se expresan los vecinos de Parque Chacabuco, Altos de Villa Cabrera y Altos de San Martín. (Imagen Gentileza diario Perfil Córdoba).

Por su lado, el documento de las organizaciones sociales y vecinales plantea que “contrariamente a lo que empresarios del sector desarrollista de Córdoba plantean, las acciones de amparo no actúan en detrimento de la seguridad jurídica sino que constituyen un recurso fundamental para la vigencia del Estado de Derecho en los regímenes democráticos”.

También apunta que “inseguridad jurídica y restricción de derechos humanos generan los acuerdos y habilitaciones que se centran en el interés corporativo y privado a espaldas de la ciudadanía afectada por los mismos. La falta de transparencia en las decisiones que inciden en el interés y los bienes públicos son el principal factor de vulneración de derechos”.

Agrega que “la interpelación de proyectos de inversión inmobiliaria que impactan en el ambiente y en la segregación urbana tiene la intencionalidad de visibilizar qué tipo de “progreso” y “desarrollo” queremos como sociedad. La CEDUC de manera maliciosa pretende justificar que su modelo de negocios y de rentabilidad actúa como movilizador de crecimiento económico para todos, de empleo y de acceso a la vivienda” y asegura que “por el contrario, sus proyectos se apropian del plusvalor de la tierra y excluyen a la mayoría de la población del acceso al hábitat y la vivienda”.

Luego recuerda que la Ceduc argumenta que “la protesta y movilización social atentan contra la propiedad y la inversión privada como derechos de primer orden, (pero) desconocen la función social de la tierra y el derecho al ambiente y a la ciudad como derechos humanos fundamentales”.

Señala que “desconocen también el Acuerdo de Escazú que en nuestro país entró en vigor el 22 de abril de 2021. El mismo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. El accionar de la ciudadanía (tanto acciones directas como judiciales) están amparadas por el acuerdo”.

Por último, dice que “la reivindicación del derecho a la información y la participación, como así también a la necesidad de un Estado que resguarde el interés público y garantice el desarrollo sustentable (ambiental y socialmente) es el único camino para construir una ciudad para todos y con todos, hoy y en las próximas generaciones”.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. Carlos Bodart

    18 septiembre, 2023 a 18:10

    Todo es ganancias para algunos desarrollos tasas.y negocios para la política que no respeta la indosicracia de los ciudadanos y nos mezcla sin contemplar lo realizado y acordado anteriormente [email protected]

Comentario:

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