El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, cuestionó el fallo de la Cámara de Acusación que absolvió a seis dirigentes sociales acusados de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte. La resolución que firman los camaristas Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías, golpeó el protocolo antipiquetes que había dispuesto el gobierno provincial y la interpretación restrictiva y anticonstitucional del derecho de protesta y libertad de expresión de un sector de la Justicia.
Los jueces consideraron que los dirigentes sociales, sindicales y políticos que encabezaron la protesta en el centro de la ciudad de Córdoba en abril de 2023, en los que se denominó “Marcha contra el hambre”, lo hicieron dentro del marco de la protección constitucional a expresarse, protestar y peticionar.
El fallo señala que “en el marco del ejercicio del derecho de reunión y de peticionar ante las autoridades por parte de los manifestantes –entre los cuales se encontraban los imputados-, se produjo una restricción tolerable a los derechos de otras personas a movilizarse en el transporte público de pasajeros”.
Ahora, luego de la multitudinaria marcha del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), en el marco de un conflicto salarial, que recorrió parte del centro de la capital provincial, el ministro Quinteros salió a atacar la resolución judicial, a la par que pidió una legislación que permita un accionar policial contrario a la disposición judicial.
Quinteros dijo que la decisión judicial dejó a la Policía provincial en una situación de “incertidumbre jurídica” y exige con urgencia una “ley de fondo” que regule las protestas en la vía pública.
“Ha habido un punto de inflexión hace pocas semanas. La Cámara de Acusación dejó claro cuál era su posición respecto a las marchas. Sobreseyó a las personas imputadas, planteó qué era una restricción tolerable de la circulación y también le marcó a la Policía cómo tiene que accionar, lo que la dejó en un marco de incertidumbre jurídica que debe ser zanjado”, afirmó Quinteros en declaraciones a Cadena 3.
“Si me preguntan, creo que hay que ponerle una ley antipiquete que deje absolutamente reglamentado el derecho a protestar. Porque el derecho a la protesta es constitucional, pero por arriba de ese derecho está el de la gran mayoría que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y vivir con normalidad”, subrayó.
Según el ministro, esta decisión judicial complica la actuación policial, ya que “los agentes enfrentan el riesgo de ser imputados si intervienen en manifestaciones similares. ¿Qué es tolerable y qué no? Lo de ayer (la marcha del SUOEM), ¿fue tolerable o no? Esto genera violencia y tensión que debe resolverse de otra manera”.
Por último, señaló: “sin una ley clara, los policías enfrentan dilemas al intervenir en marchas, especialmente cuando los fiscales ordenan no actuar. Si el fiscal dice ‘déjenlos marchar’ y la marcha ocupa toda la calzada, ¿Qué hace el policía?”
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