La Policía de Córdoba reprimió una protesta de ATE en reclamo de alimentos para comedores y organizaciones populares y detuvo al secretario general de ese gremio y de la CTA-A, Federico Giuliani y otros catorce dirigentes. Giuliani denunció la fractura de uno de sus brazos durante la detención. También fue agredido por la policía el periodista Leo Guevara de radio Mitre Córdoba. Guevara intentaba cubrir los hechos frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, en 27 de abril y Obispo Trejo.
La Policía de Córdoba señaló que todo lo actuado quedó a disposición del fiscal Ernesto de Aragón, quien está a cargo de la causa. De Aragón es uno de los fiscales que adhiere al concepto de criminalizar la protesta social y ya detuvo y envió a juicio a Giuliani y otros dirigentes sindicales y sociales por una protesta en 2023, aunque finalmente fueron absueltos por la Cámara de Acusación. El titular de ATE había sido acusado de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte por la convocatoria y realización de “la marcha contra el hambre”. La resolución con la firma de los camaristas Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías golpeó el protocolo antipiquetes que había dispuesto el gobierno provincial y la interpretación restrictiva y anticonstitucional del derecho de protesta y libertad de expresión de un sector de la Justicia. Ahora, Giuliani y los otros dirigentes apresados, están en manos del mismo fiscal.
Durante la protesta de este jueves, se produjeron forcejeos en el ingreso a la dependencia municipal y los dirigentes fueron detenidos, según denunciaron, cuando se dirigían a sostener un encuentro con funcionarios del gobierno.
El hecho fue repudiado por el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El sindicalista afirmó que “la Policía de la Provincia llevó adelante las detenciones sin que exista ningún motivo y golpeándolos de manera salvaje. Se trata de un nuevo intento de criminalización de la protesta. Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente”.
Por su parte, ATE Córdoba expresó en un comunicado de prensa que se trata de “un hecho gravísimo que expresa la política de persecución y criminalización de la protesta que el gobierno de Martín Llaryora impone en las calles de Córdoba”.
Giuliani acusó al secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl Lacaba, de ausentarse del organismo para hacer campaña electoral, en vez de atender los reclamos de las barriadas populares que no tienen para comer.
Los otros detenidos son los siguientes:
Tania Vanesa López González; Yanina Valdez; César Theaux; Fermín Denipoti Britos; Silvia Eliana Alcoba; Valeria Prado; Alejandro Díaz; Franco Matías Pacheco; Diego Alejandro Ludueña; Mariana Castillo; Darío Flores; María Eugenia Peralta; Gisela Villarreal y Alejandra Varela.
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