La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamará ante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la reciente sanción de la reforma previsional en la provincia de Córdoba. La demanda cuestiona “la flagrante violación a los derechos humanos de la reforma previsional, que incumple con los pactos internacionales que reconocen el principio de progresividad”.
Cabe recordar que el gobierno provincial sancionó en la Legislatura, en un trámite express, la reforma previsional, que incluye un fuerte recorte de haberes a jubilados y pensionados y que alinea a la provincia con las jubilaciones nacionales.
Entre las principales medidas se encuentra que el monto de pensión será el equivalente al 70% de la jubilación del causante, en lugar del 75% actual, en línea con la normativa nacional; que todas las jubilaciones se calcularán como el 82% del sueldo neto del aporte personal (67% del sueldo bruto de un activo de la misma categoría. En la actualidad es del 73%. Mientras que en la Nación, ese porcentaje es de 63%); y que los nuevos jubilados y pensionados, deberán jubilarse a través de una fórmula de “armonización” con la Nación respecto del período para calcular el haber inicial, que pasaría de los 48 últimos sueldos actuales (4 años) a 120 meses (10 años).
El abogado de ATE, Eugenio Biafore, argumentó sobre la presentación que se hará ante la CIDH, que “Argentina se ha adherido a pactos internacionales: uno de ellos el de los Derechos Sociales y Civiles de 1968 que marca que los países miembros de dicho tratado deben mantener el piso y aumentar el techo de derechos. Es el principio de la progresividad, es decir no regresividad. En la Constitución de 1994 fue incluido este pacto es decir que tiene valor supremo en nuestro País. Al aplicar un recorte, esta Ley contradice ese compromiso que la Argentina ha tenido frente al concierto de naciones”.
Agregó que “el principio de progresividad se ve afectado ante una evidente reducción de haberes que se expresa de distintas formas: los aumentos le van a llegar a la jubilada/o 60 días luego de realizado el aumento a los activos/as -quedándose la caja con los aportes de esos dos meses-”; recortando el derecho de jubilarse plenamente con dos haberes jubilatorios, estableciendo una confiscación a quienes sumen entre ambas jubilaciones más de $102.000 mensuales. Las confiscaciones irían entre el 5% y el 20%, dependiendo el monto que se trate; recortando en esos porcentajes también las pensiones a quienes perciben una jubilación y una pensión y suman más de $102.000”.
Por su parte, otro de los abogados de ATE, Anibal Paz, dijo que “al producirse los recortes sobre las pensiones, la situación afecta especialmente a las mujeres. Este punto tiene un sesgo especial de género este punto ya que afectará mucho más a la población femenina ya que 8 de cada 10 personas -aproximadamente- sobre las que recaerá el recorte de las pensiones serán mujeres”.
“Como el recorte se hará sobre las pensiones y al ser las jubilaciones de las mujeres más bajas en promedio (por las ocupaciones con menores ingresos), el impacto sobre la totalidad percibida será aún mayor, agravando el problema muchísimo, con un fuerte rasgo de género. Este abuso del Estado contradice también preceptos fundamentales incluidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la cual nuestro país ha suscripto a partir de la Ley 27.360. Y lo hace esgrimiendo perversamente –con fuerte sesgo neoliberal- el principio de “solidaridad” entre pasivos: este principio debe entenderse de manera intergeneracional, donde los activos sostienen a los pasivos, no como se esgrime en la reciente reforma provincial”, detalló Paz.
Los abogados cuestionaron además que “la base para el cálculo de los haberes sea la de los últimos 10 años, no ya los últimos 4 como era hasta ahora: estos últimos años generalmente son los mejores en lo concerniente a ingresos, pensando en el mejoramiento de carrera administrativa, concurso, etc-, lo cual aplana y reduce el haber jubilatorio. De igual forma expresaron otros aspectos perjudiciales de la nueva Ley Jubilatoria de la Provincia de Córdoba: es regresiva en casos de invalidez, llevándola del del 8 al 4%; elimina la bonificación por exceso de servicio (sobrecumplir los años de servicio para jubilarse); modifica las bases imponibles máximas; reduce el tope de las jubilaciones -que está regido por una proporción del sueldo del Gobernador que ahora se verá reducida-; y todo ello se da en un contexto donde el Gobierno de Córdoba pasa a no remunerativas sumas que eran remunerativas, donde reduce los aportes a la caja de los trabajadores activos”.
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