Si finalmente, el gobierno, concreta el anunciado incremento de 3 puntos en las retenciones a la soja (de 30 a 33%) y sus derivados, y al maíz y el trigo, las principales entidades agropecuarias podrían iniciar un plan de protestas contra la medida. Si bien, el oficialismo tiene las mayores posibilidades de salir airoso en el corto plazo, podría ser un conflicto que reavive, en el mediano y largo plazo, al desmembrado bloque de centro-derecha, que fracasó y no pudo imponer su modelo neoliberal entre 2015 y 2019.
Distintos economistas coinciden en que el incremento de las retenciones implicaría un ingreso al fisco de entre 350 y 500 millones de dólares durante este año, esto es, alrededor de un 0,1% de aumento en la recaudación. Un magro resultado, para la enorme confrontación política que puede implicar, y que puede ser sustituido con un crecimiento de la actividad económica, aún siendo mínimo.
Pese a ello, el presidente Alberto Fernández avanzaría en el nuevo esquema de retenciones, habilitado a través de la Ley de Emergencia Económica. Todo indica, que esta vez los productores agropecuarios y los pooles de producción serán puestos sobre el mostrador de la negociación con los acreedores. La administración peronista busca demostrar la voluntad política que tiene para mejorar los ingresos, acotar el déficit fiscal, y liberar divisas para el pago de las acreencias. A la vez, busca construir capital político con el plan de lucha contra el hambre y de reducción de la inflación.
Cabe recordar, que las retenciones, más allá de su valor como instrumento recaudatorio, cumplen también la función de regular los precios internos de alimentos y derivados y de orientar la producción -según sea más alto o más bajo el porcentaje de las mismas-. Es decir, más allá de que hay otras herramientas con menores “daños colaterales”, se trata de un instrumento genuino, que posee fines múltiples y cumple roles recaudatorios y reguladores en la política económica.
En este momento, el valor de la tonelada de soja, en Chicago, para marzo 2020, arrojaba una cotización de 323 dólares, unos 7 dólares por debajo del año pasado. Ese precio está lejos del valor tope de 2008, cuando llegó a 506 dólares por tonelada.
En ese sentido, no hay que olvidar que la resistencia de los productores de la Pampa Húmeda contra las retenciones móviles que intentó aplicar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008, originó el nacimiento orgánico de un bloque político de centro-derecha y pensamiento económico neoliberal. Ese espacio, luego confrontó con el bloque populista, y lo derrotó en las presidenciales de 2015.
Existe, además, un factor esencial para las necesidades políticas del presidente Fernández: la necesidad de generar dólares genuinos, tanto para el desarrollo económico, como para el pago de la deuda externa. En ese sentido, el complejo agroindustrial tiene una posición dominante frente al resto de los sectores económicos productivos, una situación que no se verá alterada en el corto plazo, ni por la industria, ni por los servicios, ni por otras producciones extractivas como la del petróleo y el gas de Vaca Muerta.
Frente a ese contexto, cualquier tipo de confrontación real con el principal generador de divisas, aparece como innecesario y riesgoso, en el delicado marco de crisis económica existente. Más allá de que se trata de un segmento socio-político que permite aglutinar, por contraposición, al espacio político, social y cultural populista, el objetivo económico primario a conseguir sería apostar a un mayor nivel de actividad del sector, algo que se consigue construyendo condiciones políticas y macroeconómicas positivas.
Dicho de otro modo, un bloque político-económico, requiere de acumular poder político para tratar de imponer un programa económico y de liberar las fuerzas productivas determinantes para el objetivo estratégico que tenga. Para ello, debe reunir a la mayor cantidad de actores en la misma mesa, sobre todo, con capacidad económica para sostener el plan de desarrollo. Así, el sector agropecuario y agroindustrial, por el citado peso específico que tiene para la economía local y por su condición de productor de bienes transables, no debería quedar fuera de esa construcción, al menos temporalmente, y sobre todo en este período inicial. Ese es el desafío del peronismo en el gobierno después del fracaso neoliberal de la gestión de Mauricio Macri. Un choque desmedido o inoportuno con este sector, puede resultar desequilibrante para las posibilidades de implantación de un nuevo ciclo expansivo de la economía como consecuencia de la debilidad general existente, un producto directo del estancamiento económico de casi una década.
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