La República Argentina anunció a través del presidente Alberto Fernández (hace unos meses atrás), la pronta presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación con el objeto de adherir al Convenio N°190 de la O.I.T. (sobre violencia laboral).
Hasta ahora, sólo quedó en un gran anuncio que no se materializó por parte de los legisladores del oficialismo.
¿Qué están esperando?
Nuestro país no sólo debería adherir a este importante convenio internacional sobre la violencia laboral, sino que también debería avanzar en la aprobación de una ley nacional que prevenga y sancione esta forma de violencia en el ámbito del trabajo.
En la actualidad, existe un vacío legal específico sobre esta problemática de la clase trabajadora, en nuestra querida Nación.
Solo algunas provincias, han sancionado sus propias leyes locales contra la violencia laboral como, por ejemplo, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, y la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba (La Docta), es una provincia argentina en la que sus propios legisladores se resisten a tratar esta temática
¿Por qué será?
Diera la sensación, de que esta gravísima problemática fuera para la clase política cordobesa en general, un tema tabú, un tema que no se debe discutir, ni debatir.
¿Acaso la política garantiza la impunidad de los violentos?
En la Legislatura Unicameral, presenté (por intermedio de un legislador) el proyecto de ley N° 18973L16, que nunca se trató (a pesar de contar con apoyos contundentes de gremios, facultades universitarias, y organizaciones religiosas). “CAJONEADO…”
En el Concejo Deliberante de la Capital cordobesa, presentamos (a través de un bloque completo de concejales), el proyecto de ordenanza municipal N° 7432-C-19, que nunca se trató (pese a contar también con apoyos importantes). “CAJONEADO…”
Sólo existió voluntad política en avanzar hacia la aprobación del primer marco legal en esta provincia (hecho histórico), en la ciudad de Rio Ceballos desde su Concejo Deliberante, en donde se aprobó una Ordenanza Municipal (N°2625/19), que ya se encuentra debidamente reglamentada por el Ejecutivo municipal.
La pandemia actual, ha generado una escalada geométrica en los casos de violencia laboral, situación que padecen miles de activos en todo el país y de la que Córdoba no está exenta.
Excesos por parte de muchos empleadores, por ejemplo, con la modalidad laboral del teletrabajo, encargando tareas por fuera del horario habitual de trabajo (vulnerando derechos constitucionales y tratados internacionales que protegen el derecho de los trabajadores), agresiones, y hostigamiento psicológico en muchas de sus variantes, etc.
Está comprobado por especialistas en temas de salud, que la violencia laboral, termina ocasionando a sus víctimas, patologías físicas, psíquicas, existiendo casos de suicidios y de muertes también.
¿Qué espera la clase política de Córdoba y la Nacional, para aprobar marcos legales que duermen desde hace años en los cajones de estos recintos legislativos, sin tratarse, para comenzar a discutirse y aprobarse mediante el consenso de todos los bloques partidarios?
¿Acaso pretenden que aumente el número de activos enfermos o muertos por violencia laboral, producto de su negativa arbitraria de tratar estas iniciativas legislativas que podrían hasta salvar vidas?
Es necesario de que los recintos legislativos dejen de tratar leyes que perjudican a los trabajadores y a los jubilados, para sí tratar leyes que mejoren su calidad de vida.
Los proyectos de leyes sobre violencia laboral, deben tratarse, mejorarse y avanzar en su pronta aprobación.
Desde hace años, el pueblo trabajador se los demanda.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
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