Sectores de la derecha política (apoyados por grandes empresarios puntuales) históricamente han intentado instalar, gobierno tras gobierno, la propuesta de una reforma laboral.
La misma, prevé el avance de la flexibilización laboral tanto en el Estado, como en el sector privado.
Tiene por objeto suspender, restringir o eliminar directamente, derechos y conquistas históricas logradas por el movimiento obrero nacional.
Apunta a llevar a la clase trabajadora de esta Nación a una especie de “esclavitud laboral moderna”.
Fundamentalmente, tiene por finalidad que haya empresarios cada vez más ricos y trabajadores cada vez más pobres.
Es por eso que entre otras cosas, en vez de cuestionar el régimen impositivo por ejemplo, u otros factores que pueden ser motivos de discusión; ponen como bandera principal el costo laboral (lo que desde ya no es así para nada).
Lo que deberían simplemente hacer, es cumplir y respetar las leyes laborales vigentes, pero sí cuestionar otros temas como por ejemplo: la enorme mochila impositiva que existe desde hace décadas.
Se deberían estudiar con el tiempo necesario a futuro, nuevos marcos legales (en materia laboral), pero que respeten el principio de progresividad en materia laboral.
Las principales instituciones que nunca deben consentir de forma alguna la flexibilización laboral en su propia actividad, son los sindicatos.
Pero más allá de los sindicatos, que son quienes deben velar por la defensa de los puestos de trabajo, del salario, del Convenio Colectivo y del marco legal laboral actual, es tiempo de que quienes gobiernan desde los cargos ejecutivos sobre todo el nacional, pero también los provinciales y municipales, vayan en ese mismo sentido (en lo que a cada uno les compete).
El gobierno nacional tendría que articular con el Ministerio de Desarrollo Social un profundo proceso de reconversión de todos los planes sociales existentes, en trabajo genuino (destinando esos millonarios fondos, para la creación de nuevas fábricas, industrias, y cooperativas de trabajo).
Ese universo de millones de argentinas y argentinos debería acceder a un trabajo de calidad (que realmente dignifica), que le asegure los mismos derechos laborales que tienen el resto de los trabajadores y trabajadoras, y que se hagan sus respectivos aportes jubilatorios.
También se tendría que implementar una activa política de combate al trabajo no registrado (otro flagelo nacional).
El propio Ministerio de Trabajo debería articular un programa de seguimiento y regularización de la situación laboral de millones de argentinos y argentinas, trabajando para ello de la mano con todos los sindicatos (tanto los que tienen personería gremial, como los que tienen simple inscripción gremial).
Millones de personas fuera del sistema, que podrían ingresar nuevamente, que son iguales ante la ley (Art. 16 C.N.), en relación a los trabajadores y trabajadoras registrados, y robustecer también las arcas del sistema jubilatorio.
Asimismo, se debe terminar con la flexibilización laboral en el Estado y en el sector privado, en donde se terminan desvirtuando las figuras de pasantes, contratados, entre otros; haciendo muchas veces los trabajos que deben ser realizados exclusivamente por trabajadores efectivos y de carrera. Esta práctica funciona como una modalidad de flexibilización laboral.
Hay un sector que en la actualidad no demuestra tener la suficiente capacidad para instalar agenda a la política argentina: Los sindicatos.
No logran aprobar nuevas leyes que beneficien a los activos, no logran espacios en las listas para bancas en el Poder Legislativo, y no logran la designación de un ministro de Trabajo que provenga de las filas del sindicalismo, entre otras cosas.
Por el contrario, y llamativamente, el actual gobierno nacional les ha brindado cargos de importancia en ministerios a referentes de los movimientos sociales, pero no a referentes del mundo del trabajo y del movimiento obrero, algo que realmente debería llamarnos a la reflexión.
Un país no va a salir adelante con planes sociales y con comedores. Un país va a salir adelante con trabajo digno y con la familia comiendo en la casa.
Algo no se viene haciendo bien desde el movimiento obrero y hay que hacer una urgente autocrítica.
Hay quienes creemos que la falta de gestión de conducciones que llevan décadas en los cargos (con el desgaste que conlleva), empieza a demostrar en muchos casos que se está ante un final de ciclo.
Hay dirigentes que deberían salir por la puerta grande, dar espacio al recambio generacional y saber que durante el tiempo que estuvieron fue más que suficiente para demostrar lo que pudieron hacer bien o mal para sus representados.
Para avanzar en la reconversión de planes sociales en trabajo digno, para combatir el trabajo no registrado junto al Ministerio de Trabajo, y para combatir la gigantesca cantidad de personas que trabajan en el Estado y en el sector privado, desvirtuando las figuras de pasantes, contratados y otras más, los principales actores que deben impulsar estas acciones son las organizaciones sindicales de toda nuestra Nación.
El beneficio de estos cambios necesarios, impactaría favorablemente para la clase trabajadora, pero también en los sistemas jubilatorios, al verse incrementados de forma sustancial el aumento de activos (hombres y mujeres) que aporten al mismo, permitiendo entre otras cosas comenzar a pagar jubilaciones dignas a la clase pasiva, y terminar así con las jubilaciones de hambre que desde hace tanto tiempo se vienen pagando en un país tan rico como es la República Argentina.
Es tiempo de que quienes nos gobiernan, y especialmente el movimiento obrero nacional, trabajen para que se produzca una verdadera redistribución de la riqueza.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
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