Un grupo de organizaciones sociales, ambientales, sindicales, profesionales, y públicas dieron a conocer un plan nacional de reducción de uso de agrotóxicos en Argentina, que tiene metas graduales: en 2021, que se use la misma cantidad que en 2019 y que en 2025, esa cifra se reduzca un 30% (-150 millones de litros).
VER Denuncian que desde 1990 la superficie cultivada aumento un 60% y el uso de agrotóxicos un 1000%
El plan está dirigido al próximo gobierno nacional que surja de las urnas en las elecciones de octubre de este año. Se inspira en iniciativa similares llevadas adelante en países europeos.
Denuncian que “Argentina consume más de 500 millones de litros de agrotóxicos que generan una carga de exposición (de contacto) de 11 litros por argentino por año, exposición que es mucho más alta en las zonas agrícolas donde las tasas de canceres, malformaciones congénitas, autismo, hipotiroidismo, asma, etc. son varias veces superiores a las de las ciudades donde no se fumiga”.
Como contraposición, plantean que “necesitamos transformar esta realidad y desarrollar un Plan para reducir el uso de agrotóxicos en el país que no deja de aumentar cada año. Un Plan que a medida que disminuya el consumo de agrotóxicos vaya desarrollando una agricultura de base agroecológica”.
Las organizaciones que proponen el Plan Nacional de Reducción del Uso de Agrotóxicos son las siguientes: Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de Pueblos Fumigados (REDUAS); FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud); Red Federal de Docentes por la Vida; RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología); Coordinadora por una vida sin agrotóxicos de Entre Ríos, BASTA ES BASTA; Multisectorial Paren de Fumigarnos Santa Fe; Red de Salud Popular Dr. Ramon Carrillo, Chaco; CALISA (Cátedra libre de Soberanía Alimentaria), Escuela de Nutrición. Universidad de Buenos Aires; Madres de Barrios Fumigados de Pergamino; Colectivo Andrés Carrasco; ONG Equistica de Rosario; Grupo Ambiental Conciencia Agroecológica de 9 de Julio. Buenos Aires; y Museo del Hambre, Ciudad Autónoma Buenos Aires.
Entre las herramientas que dispone el plan se destacan dos:
– Estimular la reducción de la utilización de agrotóxicos a través de un Programa Nacional de Reducción de Agrotóxicos, que se complementa con una Normativa Nacional de Restricción de Uso de Agrotóxico (limitación de uso de algunas moléculas, de la forma de aplicación y restricciones específicas).
– Promocionar la agricultura sin venenos a través de un Programa Nacional de Estímulo a la Agroecología, para que a medida que va disminuyendo la utilización de agrotóxicos se mantenga los rindes con prácticas agroecológicas en un proceso de transición que incluya ganadería.
Señalan que las organizaciones firmantes que “estos dos programas son complementarios y simultáneos, se buscará la adhesión voluntaria de los agricultores, pero la Normativa de Restricción es obligatoria para todos”.
Respecto del Programa Nacional de Reducción de Agrotóxicos, indican que debe contar “con instrumentos de incentivación al No Uso de agrotóxicos para que los productores se incorporen al Programa y se complementa con asistencia técnica del INTA y extensión agronómica universitaria para sostener la producción sin agrotóxicos. Y con metas de cumplimiento específicas”.
De este modo resulta central el programa de “Incentivos al No Uso de Agrotóxicos”. Indican allí que “los productores pueden sumarse al Programa con el compromiso de disminuir un porcentaje igual o mayor al 30% del volumen utilizado el año anterior o a No utilizar agrotóxicos. En esas condiciones serán elegibles para créditos bancarios a tasas 30% menores a las disponibles para los productores agrícolas convencionales”.
En la misma línea, impulsan que “el régimen de retenciones para la soja (actualmente son de 27,5%) se reduzca hasta un 50% cuando no se utilice agrotóxicos en su cultivo”; que “los combustibles, semillas y demás gastos propios del cultivo (eximiendo alquileres de los campos) estarán exentos del pago del IVA cuando la producción sea totalmente libre de agrotóxicos”; y “se establecerá diferenciación en las tasas de interés practicadas en ámbitos del crédito rural para prácticas agrícolas de carácter agroecológicas u orgánicas, que sean necesariamente inferiores (hasta un 50% en los que No Usan agrotóxicos) a las aplicadas en el sistemas de producción convencionales, para la compra de maquinarias y demás bienes herramientas”.
También promueven “ajustes en la legislación tributaria, que generen estímulo a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos de producción limpia, agroecológica, orgánica o de control biológico”.
Un bidón de glifosato.
LAS METAS DE REDUCCIÓN
La iniciativa no propone un freno inmediato al uso de agrotóxicos, sino una contención de su expansión, primero; y una contracción progresiva, en segundo término.
Tiene una meta inicial para el año 2021, que es “mantener o disminuir los litros equivalentes kilos de agrotóxicos consumidos a nivel nacional en el nivel alcanzado en el año 2019. La primera meta es impedir en 2 años que siga aumentando el uso de agrotóxicos en el país”. Para tener una referencia, en 2018 se utilizaron 525 millones de litros / kilos.
La segunda Meta es disminuir un 30% el volumen en litros equivalente kilos de agrotóxicos utilizados en el país para el final de la temporada 2024-2025 (abril 2025), es decir a los 5 años.
Mientras que la tercera meta es reducir “con respecto a los agrotóxicos utilizados en el año 2025, un 50%”.
RESTRICCIONES
El proyecto propone prohibir la fumigación a menos de 2000 metros de las escuelas.
El plan pide establecer con fuerza de ley, “en idénticos términos a la Directiva 128/09 artículo 9 del Parlamento Europeo, la prohibición de las pulverizaciones aéreas”. Dicha prohibición debería estar vigente desde mayo de 2021, “hasta entonces, sólo se podrá fumigar en forma aérea a más de 2000 metros de zonas pobladas o escuelas rurales”.
Prohibir la utilización de “agrotóxicos de categoría Toxicológica Ia y Ib (banda Roja y banda amarilla) –por ejemplo, insecticidas organoclorados y organofosforados-”, y “el uso de pesticidas, bajo cualquier tipo de mecanismo o técnica de aplicación, en los alrededores de mil (1000) metros de viviendas, colegios, recursos hídricos, áreas ambientalmente protegidas y áreas de producción agricultura ecológica o agroecológica”.
Sugiere que “los acopios y silos que se encuentren dentro de pueblos y ciudades tendrán un plazo máximo de 2 años para ser trasladados fuera de los mismos”; dispone que “los depósitos y comercios de agrotóxicos que se encuentren dentro de zonas pobladas de pueblos y ciudades tienen un plazo de 1 año para ser retirados de los mismos”; y recomienda que “las máquinas de pulverizar tipo mosquitos no pueden circular por zonas pobladas en ninguna condición”.
DESCARGAR EL PLAN NACIONAL AQUÍ.
