(Por Marcelo Cossar *) La estrategia política del gobierno en Córdoba ha sido instalar una verdad distorsionada y dilatar las decisiones que realmente necesitamos a tiempo. Blas Correas, educación, vacunas y pandemia, los ejemplos más claros.
Vivimos tiempos de relativismo en donde conceptos como las fake news o la posverdad han llegado para quedarse en el mundo de la política cotidiana. Hemos pasado de la construcción de hechos políticos basados en evidencias o en datos objetivos a otros que simplemente persiguen ser verosímiles, sin importar que sean ciertos en el mediano y largo plazo, en la medida en que el corto plazo impacten en la opinión pública en el propio beneficio.
Esta tendencia global en vías de consolidación se apuntala en una distorsión de la realidad que se hace de manera deliberada. Se emplea para instalar hechos falsos utilizando la influencia de los sentimientos o de las creencias personales. Obviamente que su crecimiento exponencial se debe a una nueva cultura de lo digital y al enorme flujo de información que transita segundo a segundo por las redes sociales. Lo peligroso del asunto es que los ciudadanos tienden a confundir de manera cotidiana y estructural lo verdadero de lo falso.
Señala el sitio web theconversation.com que lo que mejor caracteriza a la posverdad es la falta de respeto por la verdad o el desprecio por ella. Esta característica no hay que identificarla con la mentira. La mentira y el desprecio a la verdad son diferentes formas de engaño. El mentiroso sabe cuál es la verdad, juega la partida de la verdad, pero la oculta intencionadamente. Sin embargo, la posverdad va más allá (o más acá). Ignora el juego de la verdad, se desentiende: la verdad es ignorada, obviada.
Algo o mucho de esto está pasando en nuestra provincia y en el país al momento en que los gobernantes nos comunican sus políticas públicas que, o bien no se cumplen, o se dilatan en el tiempo de manera que sus objetivos se cumplen en cuentagotas o en un modo de cámara lenta. Algunos ejemplos.
En una reacción tardía al cierre de los establecimientos educativos durante la pandemia, en septiembre de 2020 el gobierno provincial anunció con bombos y platillos la compra de 50.000 notebooks destinadas a los alumnos más desfavorecidos de la provincia, intentando paliar la ausencia de respuesta pública a los problemas de conectividad detectados. En enero, el gobernador anunció una compra de similar cantidad de equipos, hasta llegar a 100.000. Otra vez infinidad de anuncios publicitarios acompañaron la propuesta. Con el inicio del ciclo lectivo nos enteramos de que una nueva línea del programa proponía créditos blandos financiados por el Banco de Córdoba para que las familias compraran sus notebooks. La última información disponible es que, transcurridos tres semestres lectivos, el gobierno ha entregado la misérrima cifra de 2.000 dispositivos aduciendo problemas en los procesos licitatorios y en falta de oferta de aparatos. Posverdad y cámara lenta.
Un segundo ejemplo se vincula con el asesinato del joven Blas Correas en manos de efectivos de la policía provincial y en el marco de una enorme cadena de graves encubrimientos dentro de la fuerza. Este caso fue el más sonado, pero apenas la punta del iceberg de una serie de violentos episodios de excesos policiales y muertes ocurridas en la geografía provincial durante la pandemia. La mirada se centró rápidamente en el accionar de la fuerza y en el rol del tribunal de disciplina a la hora de delimitar el correcto accionar de los efectivos a cargo de la seguridad pública. Ante el clamor social, el gobierno impulsó la aprobación de la Ley 10.731, por la que se establecen las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Control de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba. Oportunamente cuestionamos que el plazo de entrada en vigencia de esa ley, prevista en seis meses, era demasiado extenso. El 30 de junio el gobernador por Decreto 654 prorrogó por otros 180 días la entrada en vigencia de la norma. Posverdad y cámara lenta de nuevo.
Los límites de espacio de una nota periodística nos impiden seguir mencionados casos similares, que los hay y en abundancia. Citamos como otros antecedentes los anuncios del gobierno provincial en relación al Plan Vida Digna, por el que se prometieron 10 mil microcréditos a los cordobeses con problemas de vivienda, ¡siendo cada crédito, apenas, el equivalente a un metro, en el mejor de los casos, o medio metro cuadrado de una vivienda social y siendo los municipios garantes del recobro del préstamo con su cuota de la coparticipación! O en relación a los rimbombantes anuncios vinculados con la compra de un millón de vacunas al Laboratorio CanSino, cuando a la fecha no se conoce un contrato firmado, sin saber a ciencia cierta si se firmará efectivamente y si las dosis llegarán en el mes de agosto, en el propicio contexto de una campaña electoral, o serán un ejemplo más de esta lamentable práctica de anunciar, obtener réditos políticos inmediatos y no cumplir, o hacerlo en cámara lenta.
* Marcelo Cossar es Magister en Transparencia y Acceso a la Información Pública (UCM). Abogado. Presidente del bloque de legisladores provinciales de la UCR.
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