El ministro Fabián López en el centro, en una actividad en la Legislatura. (Archivo).
El conflicto en la Empresa Provincia de Energía de Córdoba (EPEC) es también un desafío a las ideas y definiciones existentes. Dispara construcciones que requieren poder ver la situación de la empresa, y las voces que la interpretan, desde otras visiones para no agravar lo que ya de por sí es sumamente grave, que es la creación de un problema que no existía: la disputa. ¿Por qué? Porque hasta que el gobierno no decidió ajustar las operaciones de la empresa y flexibilizar el Convenio Colectivo de Trabajo, como recurso para superar la crisis financiera, en EPEC no había dificultades. Lo que justamente pone en cuestión la resistencia de los sindicatos es que hay otro modo de solucionar los problemas existentes -que son muchos y difíciles de resolver-. Y lo que dice y hace el gobierno, revela que no quiere tener en cuenta esa opinión. El resultado, aunque parezca obvio, es un conflicto. No puede pretender el Ejecutivo que los trabajadores resignen su punto de vista, como el gremio pensar que el gobierno no tiene derecho de plantear su camino. El reconocimiento de la voz de “el otro” presupone aceptar su existencia. Lo que se observa fundamentalmente, es que el gobernador Juan Schiaretti y su hombre en la negociación, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, actúan como si no hubiera “otro”. Es una posición “autoritaria”.
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Luz y Fuerza “exagera” la acción de su contrario, pero lo reconoce desde el momento en que reclama constituir espacios de diálogo y negociación. El gobierno no, porque aleja la discusión con nuevos “incidentes” y un discurso que busca cerrar cualquier debate. Pese a la evidente “soledad” social y sindical de los trabajadores de EPEC, está claro que no se trata de un sindicato que pueda ser doblegado “de palabra” o a través de la Policía, con una empresa “tomada” por los uniformados. La demostración es que el conflicto lleva 87 días y no ha tenido aún las complicaciones que suelen tener estas disputas con el servicio eléctrico de por medio, porque el sindicato administró con lucidez la confrontación. La que sí ha tenido dificultades económicas como consecuencia de la “pelea”, es EPEC. Ninguna empresa privada que perdiera de cobrar estiraría un enfrentamiento al punto de poner en riesgo su continuidad como está sucediendo en este caso. Por eso, existe la negociación entre patronal y trabajadores: para que no suceda eso. Está fallando la negociación y la capacidad de buscar escenarios posibles.
El reconocimiento de la voz de “el otro” presupone aceptar su existencia. Lo que se observa fundamentalmente, es que el gobernador Juan Schiaretti y su hombre en la negociación, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, actúan como si no hubiera “otro”. Es una posición “autoritaria”.
Ayer, el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López hizo declaraciones a Cadena 3. Allí dejó una serie de definiciones, que permiten comprender, desde el discurso, la posición oficial.
Cuando afirma que “los empleados creen que son los dueños, entienden que son ellos los que tienen que decidir qué y cómo se hace”, es muy claro. López, con lo que dice, desconoce la historia de EPEC, Córdoba y un sector de los cordobeses y adhiere a la tesis de la Córdoba conservadora, que desprecia a los trabajadores y sus organizaciones, y que no admite que tengan “voz propia”. Eso es lo que está diciendo.
Por cierto, la empresa eléctrica es estatal, porque distintos sectores sociales y políticos consideran a los “servicios públicos” como vitales para el desarrollo económico autónomo. Es una idea del populismo y la izquierda, pero arraigada en la conciencia política de los sectores populares de nuestro país. EPEC es un producto de ello. Lo público no es sólo para administrar, es una garantía de desarrollo. En ese pensamiento, los trabajadores no son “objetos”, sino “protagonistas”, “participes”, “actores” centrales. No son dueños, pero son parte. Se sienten parte.
Lo público no es sólo para administrar, es una garantía de desarrollo. En ese pensamiento, los trabajadores no son “objetos”, sino “protagonistas”, “participes”, “actores” centrales. No son dueños, pero son parte. Se sienten parte.
López señaló luego que “creen que ellos son los guardianes y EPEC es de todos los cordobeses: los empleados están teniendo de rehenes a los usuarios”. En realidad, hasta el momento, los cordobeses no están en poder de nadie, ninguna de las partes ha afectado su libertad, pueden decidir también, pueden ser parte de una u otra posición, o también de ninguna de ellas y elaborar una tercera o cuarta o quinta opción.
En otro tramo de sus declaraciones asegura que “dijimos que no íbamos a permitir que se pusiera en discusión al directorio para autorizar los cuadros gerenciales. Es insólito que el directorio de la empresa tenga que consensuar un gerente. Si no fuera porque perjudica a los usuarios, sería ridículo”. En una empresa privada es como dice el ministro, porque el dueño del capital organiza el trabajo en la medida que no afecte derechos de los trabajadores. En una empresa pública y en EPEC, en particular, también es así en términos formales y legales, pero a su vez no es así, porque los trabajadores la consideran parte de su existencia y a la compañía artífice de un destino superior al de una empresa cualquiera. EPEC tiene (para ellos y muchos cordobeses) la misión y la causa del desarrollo de la provincia, entonces, desde ese lugar llevan adelante acciones y tienen un compromiso diferente con su lugar de trabajo. Eso es lo que está sucediendo ahora: denuncian “negociados” actuales y futuros y que los nuevos gerentes tienen privilegios que no deberían tener, que perjudican a la empresa. Están defendiendo el interés propio y el interés público. ¿Es incorrecto que lo hagan? ¿Por qué deberían callar?
El ministro agrega otro concepto: “Tenemos la responsabilidad de garantizar que los números de EPEC sean eficientes, estamos tomando las medidas para eso”. No está en discusión que deba hacerlo, es una responsabilidad del Estado y los funcionarios, pero no debe olvidar que se trata de una empresa pública, que sus números deben ser transparentes y abiertos, que no es un coto de caza privado, algo que ha sido así hasta ahora y donde todas las partes son -en diferente grado- responsables. De cualquier modo, el Estado y sus funcionarios no son los únicos responsables de EPEC; la sociedad, los trabajadores y los gremios también lo son. La participación de diferentes actores podría morigerar el margen de error de decisiones estratégicas como las que están ocurriendo ahora. Sería bueno que en una empresa que distribuye energía y es fuente de luz, haya menos oscuridad y prepotencia. En realidad, eso está sucediendo porque no se quiere poner en cuestión el problema de la política tarifaria nacional, el principal drama -no el único- de la situación de EPEC. Adherir a esa filosofía obliga al gobierno de la provincia a hacerle pagar la cuenta a alguien y, en este caso, aunque no quiera explicitarlo, ha elegido a los trabajadores para que lo hagan.
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