Lampedusa, en esa hermosa obra que es “El Gatopardo”, narra como el príncipe Fabrizio le dice a su sobrino Tancredi que para que todo siga igual, es necesario que algo cambie.
La renuncia del presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, no basta, porque la tragedia de las Altas Cumbres no es solo responsabilidad de él. Es un sistema de construcción de poder, impregnado de corrupción y con impunidad garantizada por la Justicia, lo que ha explotado. Esa explosión busca ser ocultada con la renuncia del Legislador.
Quizás González sea víctima de esa impunidad que genera que haya perdido conciencia de los límites. La impunidad del poder genera la psicopatología del poder y con el tiempo, el poderoso pierde conciencia de los límites y de la realidad. El gobernador Juan Schiaretti debería tomar nota. Si quiere expresar a la anti-grieta, debería saber que con la renuncia del Legislador González no basta.
Se trata de desmontar un sistema de poder que ha funcionado con absoluta fluidez en los últimos 30 años de Argentina. Hay cambios profundos que son indispensables y también urgentes.
Por lo pronto, se debe sancionar una Ley que claramente determine que no pueden ser candidatos a ningún cargo político, sindical o empresarial aquellos ciudadanos que tengan procesamientos firmes por actos de corrupción.
En segundo lugar, la tragedia de las Altas Cumbres impone crear una Comisión de no más de cinco expertos, para que en 60 días se pronuncie sobre los vínculos entre el Poder Político y el Poder Judicial en materia de impunidad de la corrupción.
Porque la tragedia de las Altas Cumbres no puede ocultar la responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Es falso que la Justicia pierda su competencia de control cuando entrega autos de alta gama originados en causas penales, en especial el narcotráfico, al Poder Legislativo.
El control en el uso de estos autos de alta gama es del Poder Judicial.
En octubre del 2018, la Comisión de Expertos del Colegio de Abogados de Córdoba presento un Informe económico, sociológico y fundado en DDHH, que mostraba que el 82% de la sociedad declaraba tener escasa, baja o nula confianza en la Justicia de Córdoba. Ello tiene una causa principal que es la impunidad judicial de los delitos del poder político, económico y sindical. Si se mantiene esta lógica al Legislador, no le pasará nada y las victimas lucharan por la Justicia de manera desigual.
Juan Carlos Vega es abogado (Universidad Católica de Córdoba – Universidad católica de Lovaina).
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