Desde hace años, distintos gobiernos nacionales que han pasado por el poder (de diferentes partidos políticos), han creado planes sociales, aumentando el número de los mismos y el número de sus beneficiarios, llegando a ser millones las personas que reciben ayuda del Estado.
Los planes sociales fueron utilizados sobre todo, como una herramienta de ayuda social en crisis como la del año 2001.
Sin lugar a dudas, en contextos de crisis como los que se atravesó en aquella época, los planes sociales permitieron amortiguar el descalabro económico y social que se vivió.
Pero los planes sociales o ayudas estatales, que deberían tener carácter de transitoriedad como pasa en otros lugares del mundo (mientras dure una situación o contingencia), se terminaron convirtiendo en asistencia casi de carácter permanente en algunos casos.
Generaciones de argentinos, viven de planes sociales desde hace años.
Lamentablemente, pareciera que los planes sociales dejaron de ser una ayuda o asistencia estatal temporal, y terminaron siendo usados desde la política también, como un método para tener votos cautivos en época electoral.
Un Estado serio administra de forma responsable el número de planes sociales que se otorgan.
No puede ser que haya millones de personas que reciban planes sociales, en algunos casos por una misma persona se recibe más de un plan social y hay familias en donde varios de sus miembros reciben uno o más planes sociales.
¿Quién controla esto?
Desde el Estado, sobre todo bajo gobiernos peronistas (o que por lo menos dicen serlo), se tiene que comenzar a ordenar esta situación anárquica, y revertir una política que usa los planes sociales como herramienta clientelar, para tener una política que fomente la cultura del trabajo y sobre todo, la movilidad social ascendente.
Comenzar además, a trabajar en medidas de gobiernos y en leyes, que tiendan a crear nuevas fuentes de trabajo genuino en nuestro país.
Promover condiciones impositivas que alienten la inversión en el sector privado, con oferta laboral de calidad, y que no alienten actividades en donde se exploten a las trabajadoras o trabajadores, y que no promuevan la flexibilización laboral, como pasó durante el gobierno nacional anterior.
La necesaria sustitución de planes sociales, por trabajo genuino debe darse de una vez por todas en la República Argentina.
Solo el trabajo dignifica a una persona. El trabajo es un derecho constitucional, pero también es un derecho humano. Es obligación del Estado nacional y de los Estados provinciales alentar la creación de nuevos puestos de trabajo dentro del marco legal laboral argentino y protegiendo los derechos del trabajador nacional.
Hay que destacar la labor de muchas organizaciones sociales durante momentos difíciles de la historia de Argentina. También el trabajo de muchos comedores que han permitido, a través del trabajo y esfuerzo de manos solidarias, que no falte un plato de comida a miles de niños, adultos y ancianos.
Pero es obligación del quienes gobiernan, garantizar que los padres tengan trabajo digno, que los jubilados tengan jubilaciones dignas, y que los niños vuelvan a comer en su casa en familia.
Es obligación de quienes ocupan cargos en la política (Poder Ejecutivo y Legislativo), darle dignidad al pueblo a través del trabajo, y no someterlo a un modelo asistencialista permanente, que desaliente la cultura del trabajo, que fomente y que asimismo aumente la pobreza en nuestro país.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista, escritor y columnista de opinión.
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