Hasta ahora la pobreza se nos ha presentado a los argentinos como un simple juego de números y de índices. Hasta el prestigiado Observatorio de la Deuda Social (ODS) de la Universidad Católica Argentina (UCA) se ensucio las manos en este juego. Pero con la pandemia de coronavirus aparece la verdad trágica de la pobreza. Es decir, “La cultura de la Pobreza”. No se trata sólo de una situación de hambre o de la indigencia sino de un sistema de pensamiento marcado por dos elementos; la marginalidad social y la desesperanza. Se trata de una cultura que se transmite de generación en generación. En las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, cercadas por la pandemia, coexisten hijos, padres y abuelos villeros. Y nadie podrá decir con seriedad que estas villas crecieron con el macrismo. Son villas de la democracia. Ningún gobernante en los 36 años de democracia argentina ha querido cambiar esa cultura de la pobreza. Para el neoliberalismo de Carlos Menem y de Mauricio Macri la pobreza es una desagradable molestia y para el kirchnerismo “no se debe hablar” de la pobreza. Hablar de ella es estigmatizarla, tal como lo dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La pandemia ha logrado que aparezca la verdad entera que no es otra que la existencia en nuestro país de una cultura de la pobreza de más de 30 años; que los bolsones y los planes sociales sólo sirven para cristalizarla, pero de manera alguna para cambiarla.
Oscar Lewis, en “Los hijos de Sánchez”, define a la cultura de la pobreza como un hecho psicológico-social y no solo económico. Esa cultura solo se cambia con una autentica “conciencia de clase” que permita el ascenso a la clase media.
Es un proceso largo de más de una generación con políticas públicas especiales de educación y de reinserción social que no existen en la Argentina de hoy.
El punto de partida de esta nueva política social que exige la Argentina a post pandemia debe ser el de devolver esperanzas a millones de ser humanos como único camino para sacarlos del hambre.
El presidente Alberto Fernández tiene la oportunidad de cambiar en serio políticas sociales fracasadas y reconocer que el hambre es solo la punta del iceberg. Que los gerentes de la pobreza, muchos de los cuales son sus funcionarios, nunca van a reconocer ni menos aun cambiar una cultura de la pobreza por la simple razón de que son parte integrante de ella.
Una nueva política social debe partir de la premisa de devolver esperanzas a una sociedad desesperanzada. Y esto no es poesía, ni teología. Es antropología social de Oscar Lewis. Y lo primero, es que esos millones de argentinos sumergidos en la pobreza deben recuperar es la confianza en la Justicia y en la ley.
Para lograrlo sólo hay un camino. Que la Justicia comience a castigar los delitos del poder político, económico y sindical del mismo modo que castiga los delitos de la pobreza.
Es decir que haya igualdad ante la Ley. La Impunidad que tiene la corrupción en Argentina es la principal causa de la desconfianza de la sociedad en la ley y en la Justicia. Y esa impunidad de la corrupción es la causa principal de la desesperanza que caracteriza a la cultura de la pobreza.
El 19 de mayo de 2020 el Cyrus Vance Center for International Justice publicó un informe sobre Corrupción en tiempos del COVID-19. Señala en ese informe que el gobierno de Alberto Fernández ha dictado más de 20 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) con fundamento exclusivo en la pandemia. Señala, también, compras gubernamentales con altos sobreprecios. Y finalmente que todo se hace sin controles del Poder Legislativo y con un Poder Judicial débil y obediente.
En síntesis, lo que quiero decir en esta columna, es que corrupción y pobreza son dos caras de la misma moneda. Es el Dios Janus de la mitología griega. No se puede combatir el hambre con alta corrupción. No hay ninguna posibilidad de políticas de solidaridad social o de Derechos Humanos en serio en sociedades con alta corrupción. Y la corrupción no siempre respeta a las pandemias.
* Juan Carlos Vega es abogado, ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación y egresado en sociología de la UC Lovaina.
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