El ex vicepresidente, Amado Boudou.
Se trata de mirar con objetividad lo que está pasando y sin fanatismos. Dos hechos contradictorios. Por un lado, un ministro poderoso y un vicepresidente en la cárcel por hechos de corrupción diseñados y ejecutados desde el poder del Estado. Por otro lado, prisiones preventivas decididas por jueces de una Justicia con un alto nivel de desprestigio social.
Las tres encuestas realizadas en Córdoba en los últimos 23 años muestran que un 82% de los argentinos tiene muy altos niveles de desconfianza en la Justicia argentina y en particular en la Justicia de Córdoba. Datos confirmados por estudios independientes. El Informe del CIPCE (Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica) que nos dice que en Argentina un proceso judicial por Corrupción dura 14 años y tiene sólo un 4% de índice de condena. Los Informes anuales de Transparencia Internacional que colocan a la Argentina entre los tres países de más alta Corrupción en América. Management & Fit en su Informe de Octubre del 2017 coloca a la Justicia y los Sindicatos como las instituciones con los niveles más bajos de confianza social. La causa principal de este desprestigio de la Justicia argentina es, sin duda, la desigualdad ante la Ley. Eso quiere decir la impunidad que tienen los delitos del poder en Argentina. Tan sencillo como eso.
La presunción de peligrosidad procesal en los delitos del Poder
La privación de libertad antes de las condenas es la excepción y no la regla. Ella procede sólo si hay peligrosidad procesal por riesgo de entorpecimiento de la investigación.
En los delitos del poder, políticos y económicos, la peligrosidad debe presumirse por el poder de los imputados. Sería más que una ingenuidad pensar que los imputados o procesados por delitos de corrupción están en la misma situación procesal que los ladrones de la pobreza.
Los investigados por actos de corrupción, han demostrado tener capacidad económica y política para lograr que sus condenas nunca lleguen. La sociedad que es la victima de la corrupción, carece de todo derecho para lograr que haya una condena rápida y que los dineros robados le sean devueltos. Además el artículo 36, quinto párrafo de la Constitución Nacional declara que los delitos de corrupción son delitos contra el orden democrático.
El ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio De Vido. (Archivo).
No alcanza con reformas tributarias y laborales.
El gobierno nacional debe saber que “economicismo”, como modelo de pensamiento político que declara que las reformas económicas o monetarias son suficientes para cambiar un modelo de país ya fracasó. Y nos llevó al default de deuda soberana más grande del siglo XX.
La desconfianza social en la Justicia no se soluciona con aumentos de horas de trabajo. Se debe cambiar toda una cultura judicial. Volver a la ejemplaridad moral de los jueces del artículo 4 del Estatuto de la Corte Interamericana. Terminar con los jueces del Poder.
Y también debe saber que la desconfianza social en la Justicia no se soluciona con aumentos de horas de trabajo. Se debe cambiar toda una cultura judicial. Volver a la ejemplaridad moral de los jueces del artículo 4 del Estatuto de la Corte Interamericana. Terminar con los jueces del Poder, que Balzac los definía como jueces con un fino olfato político que privilegiaban sus intereses personales por encima de su compromiso con la Ley y con las pruebas. Y los jueces argentinos dignos y decentes, que los hay, deben dejar sus cómodos silencios, hablar y denunciar .
En el siglo XXI la “Riqueza de las Naciones” está dada por la riqueza de sus instituciones. Un país con más de un 80% de la sociedad enojada y desconfiada de la Justicia no tiene ninguna riqueza ni calidad institucional.
Esa desconfianza del argentino en la Justicia, inevitablemente llega a la Democracia y a la Ley. Impregna la economía, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana.
El costo económico de la Corrupción
En el Informe analítico sobre el significado de las tres encuestas realizadas en Córdoba que firmamos con María Inés Bergoglio y Gastón Utrera existe un capítulo sobre el costo directo de la Corrupción medido en un periodo de 10 años. Prudentemente calculado en base al 15% de los presupuestos de Obras Públicas nacionales, provinciales y municipales. Y asciende a 20 mil millones de dólares.
El costo indirecto de la Corrupción es 8 veces mayor. Y su costo marginal lo expresa la tasa riesgo país, la tasa de interés y los niveles de inversión directa.
La desconfianza en la Justicia Argentina es una violación autónoma a los Derechos Humanos
La impunidad que tienen “los Delitos del Poder” en Argentina viola el artículo 24 de la Convención Americana: Igualdad ante la Ley. Viola los artículos 8 p1 y 25 p1, del plazo razonable en la administración de Justicia y de procesos judiciales “sencillos, rápidos y efectivos “. Y viola el artículo 23 de elegir gobernantes transparentes y que rindan cuentas de sus actos.
La Argentina necesita volver a creer en la Justicia
“La Justicia es a las sociedades lo que la verdad es a los sistemas de pensamiento” (John Rawls – Teoría de la Justicia).
La Justicia argentina, para reconciliarse con la sociedad, debe recuperar las dos funciones constitucionales que ha perdido. Ser control eficaz de los otros dos Poderes para evitar los abusos de poder y ser garantía eficaz de Derechos Humanos en condiciones de Igualdad ante la Ley.
La Justicia argentina, para reconciliarse con la sociedad, debe recuperar las dos funciones constitucionales que ha perdido. Ser control eficaz de los otros dos Poderes para evitar los abusos de poder y ser garantía eficaz de Derechos Humanos en condiciones de Igualdad ante la Ley.
No ha sido ni sana ni inteligente la reacción de la Justicia de Córdoba. Su presidenta ha decidido enojarse con las encuestas y con el Colegio de Abogados de Córdoba como mensajero del enojo social. Una respuesta madura, que todavía la esperamos, pasa por reconocer las dos realidades que muestran las encuestas. La brecha que existe entre la Justicia Argentina y la sociedad y la brecha entre el Derecho Argentino y la realidad. Y que su causa principal es la impunidad de los delitos del Poder. Y convocar a expertos, jueces y judiciables a proponer reformas en serio, no simples e infantiles aumentos de presupuestos o mayores privilegios para sus funcionarios.
*Juan Carlos Vega. Ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.
Sumate al equipo y ayúdanos a contar lo que el poder no quiere.
Cómo comunicarse:
Redacción: [email protected]
Lectores: [email protected]
Equipo de Investigación: [email protected]
