Si existe una materia pendiente por parte de quienes administran la cosa pública en nuestro país, es el sistema previsional.
Desde hace años, se vienen tratando de palear las consecuencias que ha generado la propia política, a través de las medidas que han tomado los gobiernos que han pasado por el poder.
Lamentablemente, las padeciendo los pasivos a través de diferentes maneras, algo que es realmente inaceptable si pensamos que la etapa pos laboral debería ser de tranquilidad, de felicidad y de poder disfrutar al máximo la vida.
Una de las principales formas por la que se perjudica a los jubilados, es a través de las famosas leyes de ajuste o recorte en los haberes. Frente a la aprobación de estas inconstitucionales leyes, millones de abuelas y abuelos, se ven obligados a tener que recurrir a la Justicia para que se defienda su derecho constitucional a la jubilación. Es de público conocimiento que las causas judiciales llevan años, recurrir a distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero lo que resulta muy llamativo, es que teniendo el propio Estado distintas formas para fortalecer los sistemas previsionales nacional y los provinciales; no avancen con simples acciones o políticas que sin lugar a dudas contribuirían de forma sustancial.
Podemos citar a tres de ellas: primero, terminar con la flexibilización laboral en el propio Estado; segundo, iniciar una campaña de registración masiva de trabajadores no registrados en todo el territorio nacional (aplicando las leyes vigentes y las sanciones correspondientes a los empleadores que no se ajusten a derecho); y la tercera de ellas, sería sustituyendo los planes sociales (cerca de veinte millones de personas que viven de los mismos), por trabajo genuino y registrado.
Desde hace décadas, en distintos ámbitos del Estado viene avanzando a pasos agigantados, un proceso de flexibilización laboral al sustituir el trabajo en relación de dependencia (y con derecho a la carrera administrativa), por otras figuras que terminan distorsionadas en relación a su naturaleza, como por ejemplo; las becas, las pasantías y los contratos de plazo determinado. Existen casos de personas que se desempeñan hace años, bajo algunas de estas figuras. Paulatinamente, aumenta el número de personas que trabajan bajo estas modalidades, y disminuye el número personas en relación de dependencia que aportan al régimen jubilatorio provincial o nacional (según corresponda). Si la tendencia es que cada vez existan en el propio Estado, más becarios, más pasantes y más contratados, ¿Quiénes van a sostener las jubilaciones? ¿Quiénes van a aportar al sistema jubilatorio? ¿Cuál será el destino de las Cajas de Jubilaciones provinciales y la propia Anses?
Si bien han pasado gobiernos que se auto proclamaron peronistas, hasta el día de hoy, sigue vigente otro problema estructural: EL TRABAJO NO REGISTRADO.
Millones de argentinas y argentinos no registrados , que trabajan, que no pueden acceder a derechos y garantías previstos en nuestra Constitución Nacional y Provinciales, que se encuentran en muchos casos en condiciones de explotación laboral (esclavitud moderna), y que fundamentalmente no aportan al sistema jubilatorio. Son millones de personas, y se habla de más de cuarenta (40%) por ciento de la clase trabajadora. ¿El actual Ministerio de Trabajo comenzará de forma concreta y contundente, una lucha contra el trabajo no registrado en nuestra querida Nación? ¿Podremos ver un gobierno que también dice ser peronista, defender verdaderamente el trabajo, y las personas que trabajan? ¿Harán cumplir la ley a quienes la violan sistemáticamente, teniendo trabajadoras y trabajadores no registrados desde hace años e incumpliendo con los marcos legales laborales argentinos?
Esperemos que sí, y que sea pronto.
Ningún país del mundo puede avanzar, si la mitad de su pueblo vive de planes sociales. El peronismo siempre defendió el trabajo. ¿Hasta cuándo se va a seguir manteniendo estos parches que no les permiten vivir dignamente a las personas, a las familias, que las tienen sumergidas estructuralmente en la pobreza y que les impiden acceder a su derecho a la movilidad social ascendente?
Al pueblo hay que darle más trabajo y menos planes.
Hay que generar las condiciones económicas y jurídicas, para que los empresarios inviertan, den trabajo y que esas trabajadoras y trabajadores aporten al sistema jubilatorio también. Con las riquezas naturales, el extenso territorio, y la capacidad del pueblo argentino, no debería faltar el trabajo en la República Argentina. Para ello, necesitamos una clase política que demuestre ser más eficiente, que no haga más demagogia barata, y que demuestre amar a su Nación.
El sistema jubilatorio, puede volver a mejorar y brindar jubilaciones dignas a los pasivos argentinos.
Se puede dejar de dar jubilaciones de hambre.
Se puede sacar a millones de argentinas y argentinos de la miseria en la que están sumergidos desde hace tiempo.
Herramientas existen.
Depende no solo de quienes nos gobiernan, sino también de tener una nueva dirigencia sindical que demuestre tener más compromiso con la gente y menos con la política partidaria.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
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