El reloj del video marca que han pasado 17 segundos y llega otro policía con tranquilidad hacia el lugar de los hechos. Su actitud no demuestra la existencia de un episodio de agresión al que se debe modificar. (Imagen del video de los incidentes).
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) presentó a la Justicia un video grabado por una cámara pública, con el que intenta probar la existencia de agresión, amedrentamiento e insultos por parte de un grupo de trabajadores de Luz y Fuerza. A cinco de esos trabajadores, que son sindicalistas, intenta cesantearlos y procura levantarles el fuero sindical que los protege para implementar la medida.
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El video deja en evidencia que los incidentes duran 27 segundos y que el auto en el que viajaban -según la presentación judicial, pero que no se puede ver en el video- el titular de EPEC, Luis Giovine, y el gerente General de la empresa, Claudio Puertolas, junto al chofer de ambos, es interceptado por manifestantes, pero en el episodio no se observa bloqueo del paso ni agresiones físicas.
Se trata de un corte de 9 minutos y 28 segundos de un total de una hora y quince minutos que tiene el video original, al que accedió ENREDACCIÓN. El resto permite ver la tranquila vida vecinal que rodea a las oficinas del Ministerio de Trabajo en avenida Nores Martinez, casi esquina Malagueño. En el corte, se puede ver que la protesta se desarrolla en un contexto de tranquilidad, al punto que la gente pasa caminando por allí sin dificultades, ni rodeos, ni apuros. Lo que Giovine denuncia como agresiones durante los 27 segundos señalados, en principio, aparecen en el video como un incidente propio de una protesta.
Por cierto, el video muestra los hechos sucedidos el 1/6/2018, frente al Ministerio de Trabajo de Córdoba, cuando se iba a realizar una primera reunión entre la empresa, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) y los tres sindicatos cordobeses de Luz y Fuerza luego de casi dos meses de conflicto. A pedido de la empresa el conclave fue suspendido.
EPEC y Luz Fuerza arrastran un largo conflicto que comenzó en abril con una serie de ajustes operativos y económicos, que se fue agravando con la violación del Convenio Colectivo de Trabajo -incluso con la sanción legislativa de leyes irregulares- por parte de la compañía, tercerizaciones como el de la medición de consumos, no cumplimiento del acuerdo de pago de la BAE -Bonificación Anual por Eficiencia-, demoras en el pago de salarios, y el intento de imponer un nuevo marco regulatorio de energía eléctrica provincial que abre las puertas a la privatización de la empresa.
EPEC acusa a partir de estos sucesos a cinco sindicalistas de agresión, amedrentamiento e insultos y por ello intenta concretar su despido.
A su vez, los oficiales y efectivos de la Policía de Córdoba que estaban allí no parecen actuar frente a la existencia de una agresión, sino frente a un incidente menor. Se acercan para rodear el vehículo, pero no corren hacia él, como sería un episodio de agresión o riesgo para los ocupantes del Chevrolet Cruze. Tampoco detuvieron, demoraron o identificaron a nadie y no se conoce hasta ahora que hayan realizado una denuncia posterior sobre la existencia de una supuesta agresión, como están obligados por la normativa vigente en caso de observar un delito.
LOS DESPIDOS
Los dirigentes que EPEC quiere despedir -por eso pretende quitarles la protección sindical que lo impide- son Mario Enrique Sariago (secretario de Organización, el cuarto en la línea de mando de Luz y Fuerza), Cristian Luis Uguolini (vocal titular), Luis Eduardo Calderón (delegado), Juan Domingo Altamirano (delegado), y Ulises Vladimir Montoya (vocal titular).
El caso comenzó a tratarse en el Juzgado de Conciliación N° 1, cuya titular es la jueza Sofía Andrea Keselman.
Según la demanda presentada por los abogados Carlos Vicente y Mario Ponce, la compañía eléctrica “de manera arbitraria procedió a iniciar un sumario administrativo a cinco trabajadores (que son dirigentes sindicales o delegados, según el caso), luego (los sancionó) con la cesantía y la posterior suspensión de funciones y (la) prohibición de que puedan acceder a su lugar de trabajo (mientras se sustancia el levantamiento de la tutela sindical), todas disposiciones patronales de un claro contenido antisindical, violatoria del orden jurídico vigente”.
Aquí el punto en discusión es que antes de proceder al despido debe solicitarse el levantamiento de la protección que poseen los representantes de los trabajadores para no sufrir los abusos de la patronal y las prácticas antisindicales. Es decir, EPEC actuó de modo inverso a lo que correspondía.
Pero si los acontecimientos de base no son los que dice la empresa, estaría configurándose además una práctica anti-sindical. EPEC tipificó esos episodios como falta grave, contemplada en el Estatuto del Personal de EPEC, y por ese motivo, es que trata de despedirlos.
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