La empresa acusa a los sindicalistas de agresión, amedrentamiento e insultos, pero los oficiales que estaban allí, pese a la gravedad del planteo, nunca hicieron denuncia.

El comisario del CAP y el subcomisario de la Policía barrial aún sin identificar. (Imagen del video de los incidentes).

El episodio por el cual la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) pretende despedir a cinco dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba dura apenas 27 segundos. No revela, según la prueba presentada en el expediente judicial que tramita la quita de la protección sindical a cinco dirigentes de Luz y Fuerza, la existencia de agresión, amedrentamiento (“hacer que alguien sienta miedo o temor”, según la definición de la RAE) e insultos. A la vez, en el suceso, no hay intervención por parte de los policías acorde a la acusación empresaria ni tampoco se conoce denuncia posterior de los dos oficiales de la Policía de la Provincia, un comisario del CAP (Comando de Acción Preventiva) y un subcomisario de la Policía Barrial, que se encontraban allí y que no han sido identificados aún, junto a seis subordinados.

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Se sobreentiende que si existió un delito como el de agresión o amedrentamiento, los policías que estaban allí tendrían que haber actuado deteniendo, demorando o identificando a quienes lo hicieron. De hecho, al igual que los manifestantes, estaban alrededor del auto donde EPEC dice que viajaba su presidente Luis Giovine y el gerente General de la compañía, Claudio Puertolas. Luego de los 27 segundos señalados, se los ve conversando con los integrantes del grupo de protesta.

Un supuesto respecto de lo ocurrido, es que para evitar incidentes mayores optaron por no detener, demorar e identificar, pero en ese caso, debieron radicar la denuncia posteriormente. Sin embargo no dieron ese paso. En cualquiera de los dos casos, si la razón que esgrime EPEC es real, al menos, los oficiales, incurrieron en el delito de omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de las sanciones administrativas internas que pudieran caberles por no haber cumplido la normativa policial. Y si consideraron que no pasó lo que dice EPEC, es la empresa estatal la que incurre en un falseamiento de los hechos para vestir de “razonabilidad” los despidos de los cinco dirigentes sindicales acusados.

Los dirigentes que EPEC quiere despedir -por eso pide quitarles la protección sindical que lo impide- son Mario Enrique Sariago (secretario de Organización, el cuarto en la línea de mando de Luz y Fuerza), Cristian Luis Uguolini (vocal titular), Luis Eduardo Calderón (delegado), Juan Domingo Altamirano (delegado), y Ulises Vladimir Montoya (vocal titular).

El caso comenzó a tratarse en el Juzgado de Conciliación N° 1, cuya titular es la jueza Sofía Andrea Keselman.

VER Acusan a EPEC de práctica antisindical y de despedir ilegalmente a cinco dirigentes y delegados.

Según la demanda presentada por los abogados Carlos Vicente y Mario Ponce, la compañía eléctrica “de manera arbitraria procedió a iniciar un sumario administrativo a cinco trabajadores (que son dirigentes sindicales o delegados, según el caso), luego (los sancionó) con la cesantía y la posterior suspensión de funciones y (la) prohibición de que puedan acceder a su lugar de trabajo (mientras se sustancia el levantamiento de la tutela sindical), todas disposiciones patronales de un claro contenido antisindical, violatoria del orden jurídico vigente”.

El presidente de EPEC, Luis Giovine.

Aquí el punto en discusión es que debe solicitarse previamente el levantamiento de la protección que poseen los representantes de los trabajadores para no sufrir los abusos de la patronal y las prácticas antisindicales. Es decir, EPEC actuó de modo inverso a lo que correspondía.

Pero si los acontecimientos de base no son los que dice la empresa, estaría configurándose una práctica anti-sindical. EPEC tipificó esos episodios como falta grave, contemplada en el Estatuto del Personal de EPEC, y por ese motivo, los cesanteó.

Cabe acotar, que el 1 de junio de 2018 se iba a realizar la primera reunión entre EPEC y los sindicatos de Córdoba, mediada por la FATLyF, para intentar destrabar un conflicto iniciado en abril, que incluía ajustes operativos, no pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) y salarios, y violaciones al Convenio Colectivo de Trabajo, entre otros puntos. Los hechos, le permitieron a la empresa postergar ese primer encuentro algunos días más. Pese a ello, el conflicto aún continúa.

UNA PRUEBA ENVENENADA

La prueba presentada por la compañía eléctrica es un video al que tuvo acceso ENREDACCIÓN. El hecho ocurre en la vía pública, frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia, en Avenida Nores Martínez, esquina Malagueño. Fue en ocasión de la primera reunión entre EPEC, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) y los tres sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba.

EPEC dice que “se encuentran registrados (en un video de 1 hora y 15 minutos) los hechos de agresión, amedrentamiento e insultos a los ocupantes del vehículo dominio AC311PL, que el 1 de junio de 2018 transportaba a su presidente Luis Giovine y al Gerente General, Claudio Alberto Puertolas, como así también al chofer que los trasladaba. Asimismo se registran los daños materiales al vehículo antes indicado que se detuvo ante la presencia de los manifestantes que impedían el ingreso del vehículo”.

De la observación del video, que no tiene sonido, los sucesos en controversia se extienden por 27 segundos y muestran a un grupo de manifestantes de Luz y Fuerza que se acercan al auto, un Chevrolet Cruze, con sus banderas, y le arrojan volantes sobre el parabrisas y el techo. Los policías que estaban alrededor del ingreso a la cochera, se acercan caminando mientras los trabajadores de la empresa eléctrica se ubican a ambos costados del vehículo, y luego de unos segundos, el auto sigue su camino rumbo a la cochera. Al lado de las agresiones ocurridas, por ejemplo, con el micro que transportaba al equipo de Boca para jugar la final de la Copa Libertadores en el Monumental, los incidentes denunciados por Giovine aparecen como insignificantes.

Al lado de las agresiones ocurridas, por ejemplo, con el micro que transportaba al equipo de Boca para jugar la final de la Copa Libertadores en el Monumental, los incidentes denunciados por Giovine aparecen como insignificantes.

También es llamativa la actuación policial, ya que ninguno de los policías y oficiales corre hasta el auto. Si había un riesgo para los ocupantes del auto, la Policía debió actuar con mayor celeridad, tratando de impedir la agresión. Si no lo hizo es porque no había agresión, o no existía riesgo de que suceda o porque actuaron de modo negligente. De hecho, se puede ver como uno de los manifestantes empuja a uno de los policías motorizados (había dos), pero el incidente no pasa a mayores. Esto indica o hace presuponer que no existía un clima “caliente” o “agresivo”, sino de tensión. En una situación de este tipo, la percepción adecuada de lo que sucede es lo que evita procesos violentos.

Además, en la dinámica del hecho hay un auto semi-rodeado, pero no se lo ve rodeado. Participan en total entre 12 y 15 personas que van llegando sin correr durante el tiempo señalado, y salvo en los primeros segundos -entre 3 y 5 segundos-, donde tres de los manifestantes pasan hacia al lado izquierdo del Chevrolet por delante de él, impidiéndole moverse, el auto nunca estuvo cercado. Es determinante ese contexto respecto de la intención de “agredir” o “amedrentar”, dado que es imposible un ataque físico o la presunción de su inminencia si el vehículo no está cercado, es decir, sin posibilidad de moverse. Por el contrario, se ve que rápidamente los manifestantes dejan liberado el paso, lo que algunos segundos más tarde hace que el chofer siga su rumbo a la cochera. Este último es otro detalle interesante: el auto no arranca con apuro, propio de una situación de “temor” o de “riesgo”, sino de manera normal.

PIDEN IDENTIFICAR Y CITAR A LOS OFICIALES POLICIALES A PRESTAR TESTIMONIO

El abogado Carlos Vicente que defiende a los cinco sindicalistas a los que EPEC quiere despedir, denuncia que “el video no tiene sonido, por lo tanto es materialmente imposible conocer los términos en los cuales se pueden haber dirigido las personas que son filmadas en dicho material”. Y luego pide identificar a los dos oficiales que aparecen en la filmación aportada como prueba por EPEC y citarlos a declarar. “Alrededor del auto de referencia se encuentran por lo menos dos oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba, por lo cual solicito (…) la identidad de los oficiales de policía que participaron del operativo de seguridad, a fin de que una vez obtenida la identidad de los mismos, puedan ser citados a prestar declaración testimonial”.

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