Durante los últimos años se trabajó desde sectores de la política, desde alguna parte del empresariado, y desde algunos medios de comunicación, para alentar la flexibilización laboral en la República Argentina.
Se estigmatizó al trabajador estatal (muchas veces refiriéndose a ellos como “ñoquis”), se intentó poner techos a las paritarias, se buscó hacernos creer que los derechos y conquistas históricos de los sindicatos eran privilegios.
Se demonizó a los reclamos laborales llevados adelante por trabajadores estatales y privados.
Se hizo una campaña publicitaria a través de distintos canales informativos queriendo convencer al pueblo, sobre los beneficios y las ventajas de la llegada de servicios prestados a través de aplicaciones de multinacionales extranjeras, cuya intención principal es la de lograr grandes ganancias y de tener a su personal con un simple monotributo (y no en relación de dependencia, con los derechos y beneficios que otorgan las leyes laborales nacionales).
Se avanzó en la reforma jubilatoria (que en la práctica, significó un recorte en los haberes de los pasivos).
Estos acontecimientos se dieron durante un gobierno nacional con visión empresarial, con un discurso absolutamente anti obrero, y con ideas neoliberales.
En la actualidad, a nivel nacional hay un gobierno que se autoproclama peronista. Pues entonces, es importante que de ser así, se comience a revalorizar la labor de quienes trabajan en el Estado, que se garanticen las paritarias libres (y que el Ministerio de Trabajo de la Nación, intervenga con celeridad y decisión, en aquellos casos de actividades estatales o privadas en las que se dilata o directamente durante años no se han tenido paritarias dignas), que no se homologuen modificaciones de convenios colectivos de trabajo a la baja (en contra del principio de progresividad en materia laboral -es decir no reducir, suspender, o eliminar derechos y conquistas adquiridas-), que no se homologuen acuerdos salariales entre la patronal y uno o más sindicatos (sin la aprobación del mismo por las bases del gremio en Asamblea General Extraordinaria), que se combata el trabajo no registrado, y que se intervenga en los casos de violencia laboral con severidad, entre otras cosas.
Asimismo, el Congreso Nacional, debe regular la actividad que llevan adelante las Apps (en especial la de Multinacionales extranjeras). No se puede seguir consintiendo que las mismas, generen una competencia desleal con la actividad que llevan adelante trabajadoras y trabajadores argentinos que trabajan en relación de dependencia (por ejemplo los taxis, los remises, los deliverys), que no paguen tributos al fisco por lo actividad, que no tengan a sus dependientes en condiciones de explotación laboral moderna (sino de conformidad a las leyes laborales), entre otras cosas.
La clase trabajadora es el sector más postergado por la política de Argentina. No hay creación de fuentes de trabajo de calidad. No se toma la decisión política de eliminar la aplicación del impuesto a las ganancias a trabajadores y jubilados (un despropósito y una injusticia social). Es necesario que el gobierno del Presidente Alberto Fernández, ponga fin a esta situación inaceptable, que golpea el bolsillo y el poder adquisitivo de los activos y pasivos. Que paguen ganancias quienes sí la generan como los bancos, las petroleras, y la actividad minera, entre otros.
No se anuncian políticas de Estado que permitan a quienes trabajan poder llegar al sueño de la casa propia, que es un derecho constitucional.
No se aprueba una Ley contra la violencia laboral que prevenga que más trabajadoras y trabajadores se enfermen o mueran por este flagelo.
No se aprueba una Ley de Alimentación Saludable para trabajadores (que les permitan combinar una alimentación más sana, con la práctica de actividades deportivas o recreativas que prevengan enfermedades derivadas del sedentarismo y la mala alimentación).
No se promueven medidas de gobierno, que garanticen el derecho a la movilidad ascendente al pueblo trabajador.
Estas, son todas acciones que llevaría adelante un gobierno peronista. Están puestas a consideración del gobierno nacional para que las tengan en consideración. Esperemos, entonces, tener respuestas a muchas de estas problemáticas, que desde hace décadas nunca tuvieron solución alguna por partes de quienes gobernaron este bendito país.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado, escritor y columnista de opinión.
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