La caída de una banda que comercializaba marihuana dentro de la Cárcel de San Francisco y también en diversos kioscos de esa ciudad del este provincial desató un terremoto político a partir de la vinculación de una de las detenidas con el poder político de esa ciudad.
Eso ocurrió luego de que este medio demostrara los lazos que unían a Claudia Juárez, empleada del municipio desde hace ocho años designada por el hoy diputado nacional Martín Llaryora, con el intendente municipal, Ignacio García Aresca; y también con la legisladora departamental Graciela Brarda.
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Similar vínculo unía al esposo de Juárez, el guardiacárcel Juan Ignacio Ludueña, con el excomisario de la departamental San Justo, Jorge Bertello. Este último debió dejar la fuerza envuelto en un escándalo por una causa de estafa por la compra de combustible para móviles fuera de circulación y hoy preside una empresa de seguridad que recibe gran cantidad de contrataciones de parte del municipio.
en el caso de Ludueña, antes de ser penitenciario había intentado ingresar a la Policía -de la mano de Bertello-, pero a seis meses de cursado en la escuela de suboficiales, se le dio de baja al verificarse que registraba antecedentes penales en Santa Fe por robo y ya se lo vinculaba con la venta de estupefacientes. Pese a ello, logró ingresar al Servicio Penitenciario, en un hecho por el que todavía esa fuerza no ha salido a dar explicación.
El informe de ENREDACCIÓN sobre el narcogate de San Francisco tuvo fuerte repercusión en esa ciudad del este provincial, donde aún se discute qué grado de compromiso tiene el intendente García Aresca con el matrimonio de narcotraficantes, mucho más al conocerse una imagen en la que los tres aparecen abrazados.
CAMBIO DE ÓRBITA
La causa, iniciada a partir de una denuncia anónima, había sido instruida por el fiscal Bernardo Alberione, quien venía siguiendo los movimientos de la banda durante los últimos dos años.
El operativo con mayores resultados se dio cuando efectivos de la Fuerta Policial Antinarcóticos interceptaron un vehículo Peugeot 207 a la salida de San Francisco. En él viajaban la empleada municipal Claudia Juárez junto a la esposa de Moisés Almada, un preso de la Cárcel de San Francisco que habitaba el pabellón al que estaba asignado el esposo de Juárez como carcelero.
En ese vehículo llevaban 77 panes de marihuana, por un total de casi 69 kilos.
Luego se dispararon otros nueve allanamientos en San Francisco, Arroyito, Tránsito y Frontera.
El informe de ENREDACCIÓN sobre el narcogate de San Francisco tuvo fuerte repercusión en esa ciudad del este provincial, donde aún se discute qué grado de compromiso tiene el intendente García Aresca con el matrimonio de narcotraficantes, mucho más al conocerse una imagen en la que los tres aparecen abrazados.
Dada la complejidad del caso, por exceder la órbita del narcomenudeo, la causa fue girada a la justicia federal de esa ciudad, tal como lo adelantó el periodista de Darío Pérez, de FMR90.7.
El expediente que venía impulsando Alberione, y que logró determinar que la banda compraba la marihuana en Corrientes para distribuirla en San Francisco, hoy descansa sobre el escritorio del fiscal Luis María Viaut, quien será el encargado de llevar el proceso e instruirá la causa. Ésta caerá bajo la órbita del juez Mario Eugenio Garzón, magistrado que en 2016 conformó el tribunal que juzgo y dejó impune el Narcoescándalo de Córdoba, e inmune a las conexiones políticas que se tejían en torno a aquel recordado episodio.
No obstante ello, es probable que Garzón no se haga cargo de esta verdadera brasa ardiente que pone en jaque a parte del poder político del este cordobés. Su muy cercana jubilación lo privaría una vez más de avanzar sobre terrenos fangosos.
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