El proyecto fue anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, por la mañana y enviado al Congreso por la tarde. Se prevé que sea tratado en sesiones extraordinarias a partir de la semana que viene. La administración de Alberto Fernández se juega en este paso parte de su futuro, ya que de la sostenibilidad de la deuda depende la sostenibilidad política de su gobierno.
Tiene dos ejes centrales: autoriza al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renuncia a oponer la inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate.
Además, declara prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda externa. Cabe señalar que la deuda externa argentina hasta el tercer trimestre de 2019 alcanzaba a 331.920 millones de dólares, un 86% del PBI. Además, el pago de intereses fue el rubro que más creció en el presupuesto nacional durante 2019, según la Oficina de Presupuesto del Congreso: pasó del 3,7% del PBI en 2018 a 4,3% en 2019.
El proyecto tiene nueve artículos y solicita al Congreso facultades para autorizar al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos de nuestro país emitidos bajo leyes extranjeras.
La iniciativa propone como autoridad de aplicación de esa ley al Ministerio de Economía, “pudiendo dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente ley”.
En su tercer artículo, el proyecto declara que “las políticas de endeudamiento inconsistentes con la capacidad de repago en divisas y que priorizaron los instrumentos bajo legislación extranjera tornan indispensable la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa para recuperar en su integridad el ejercicio de la autodeterminación financiera y económica de la República Argentina”. A tal fin, se autoriza al Ministerio de Economía a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”.
El proyecto aclara que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana “no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la República Argentina con relación a la ejecución de bienes”.
El artículo 4 establece que quedan excluidos “los bienes protegidos por cualquier ley de inmunidad soberana que resulte aplicable” para evitar las controversias judiciales surgidas en el pasado cuando los fondos buitres quisieron embargar bienes del Estado nacional.
El Ejecutivo remarca la importancia de la aprobación de esta ley “dado que el perfil de vencimiento de la deuda pública externa no admite aplazar el tratamiento de la normativa que aquí se propicia hasta el momento que se debata el proyecto de ley nacional de Presupuesto”.
Al presentar la iniciativa, el ministro Guzmán advirtió que “la Argentina no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta. Hay voluntad de pago, pero para poder hacerlo el país necesita generar capacidad económica, es fundamental que exista un alivio a la carga de deuda que tiene el país”.
Recordó que Argentina está “pagando los intereses, no el capital en dólares”.
También aclaró que la estrategia de provincia de Buenos Aires respecto a su deuda fue “consensuada con la Nación” pues pidió prolongar el plazo mientras sigue pagando sus intereses como está haciendo la Nación. En esa línea descartó un eventual salvataje de la Nación a la provincia si los bonistas rechazan al estrategia del gobierno de Axel Kicillof.
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