El concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) denunció este domingo que “desde que se renegoció el contrato (entre el Gobierno provincial y Aguas Cordobesas), en el año 2005, hasta la última mesa tarifaria (la número 25, que fijó un incremento de la tarifa de 14,12% que entró en vigencia el 1/1/2020)), el aumento acumulado alcanza el 3431,51%, mientras la inflación en el mismo período fue de 1584,03%”. Es decir, que la empresa concesionaria, perteneciente al Grupo Roggio, duplicó sus ingresos respecto de la inflación, en los últimos 15 años, por vía de jugosos incrementos tarifarios autorizados por el ERSEP (Ente Regulador de Servicios Públicos).
Quinteros, que reclama la renegociación de las tarifas y el contrato del servicio, a partir de la transferencia de la Provincia a la Municipalidad de Córdoba, afirma además que la rentabilidad de la concesión llegó a un 37,91% en 2018 y la de la subsidiaria Cclip, que se encarga de colocar medidores de agua, alcanza un valor superlativo: 144,83%. Mientras que el Grupo Roggio, conglomerado del que forman parte ambas compañías, obtuvo “una rentabilidad, estimada, de 9,44%”. La información dada a conocer por el edil capitalino se encuentra en los balances presentados por el Grupo Roggio a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
También apunta que “el 21 de diciembre de 2018 “FIX SCR S.A -Agente de calificación de Riesgo- mantiene lo que se denomina “Rating Watch (Alerta) Negativo” sobre la empresa Benito Roggio e Hijos, principalmente relacionado a las cuestiones judiciales que fueron y son de público conocimiento (la causa por corrupción de los Cuadernos de la Obra Pública). Lo que resulta interesante, en el tema que estamos evaluando en la ciudad, es que ese informe expone claramente “… Esto le otorga a la compañía, junto con la concesión de Aguas Cordobesas, una adecuada previsibilidad de flujo de fondos futuros en un mercado que se verá afectado en los próximos trimestres por una reducción en la evolución de la obra pública…”. En síntesis, fueron los usuarios de Aguas Cordobesas, con sus tarifas elevadas al extremo, quienes terminaron siendo el salvavidas que evitó el ahogo financiero del Grupo controlante de la concesionaria del servicio de agua potable de esta capital”.
El concejal Juan Pablo Quinteros.
Para el concejal, esta información “demuestra la necesidad de llevar a cabo una “Revisión Tarifaria Integral” del servicio de Agua Potable en la Ciudad de Córdoba frente a la posibilidad concreta de que pase a jurisdicción municipal, al igual que se debe efectuar una revisión del contrato”.
Luego explica que el motivo de revisar la rentabilidad de las empresas para fijar las tarifas del servicio. “Los cordobeses tenemos un contrato renegociado en el año 2005 por el servicio de suministro de agua potable, por el cual sus tarifas se han ajustado por el simple hecho del paso del tiempo y la inflación con una fórmula polinómica que hoy no es representativa de la estructura de costos transcurridos 15 años, teniendo en cuenta las variaciones de precios relativos que existieron”.
Y agrega finalmente que “no resulta un dato menor que nunca se analizaran los ingresos de esta empresa para la fijación de las tarifas del agua, así como tampoco las ganancias en eficiencia que deberían trasladarse, al menos en parte, a los usuarios. Estas constituyen cuestiones básicas que cualquier organismo regulador de servicios públicos debería haber tenido en cuenta a partir de lo que señala el cuerpo teórico más básico”.
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