Tres vecinos de Los Aromos, uno de ellos víctima del Terrorismo de Estado, denunciaron ante la Justicia Federal a la jefa comunal de esa localidad cordobesa, Nelly Morales, y a la responsable del Departamento de Sanidad Animal, Marité Colautti, por “apología del genocidio”.
Los denunciantes son Enrique Fernández Fernández, que fue preso político de la dictadura cívico-militar y tiene a su padre desaparecido, Alfredo Augusto Cinalli y Javier Hugo Gutiérrez. Cuentan con el patrocinio legal de los abogados Horacio Viqueira y Miguel Eduardo Romero.
Cabe recordar que el 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, Morales y Colautti, realizaron una serie de publicaciones “negacionistas” del Terrorismo de Estado y de apología del “genocidio” en Facebook, incluso reivindicando al dictador Jorge Rafael Videla.
VER #24M: La jefa comunal de Los Aromos y una de sus empleadas difundieron consignas negacionistas.
Morales es dirigente del Pro de Córdoba, fue diputada nacional entre 2001 y 2005 y militó con el represor Luis Abelardo Patti. Colautti, por su parte, fue integrante de la Policía de Córdoba.
“Estas características personales y profesionales de las denunciadas hacen que sus dichos y afirmaciones adquieran una repercusión significativa, una trascendencia que no cualquier ciudadano tiene”, apuntan Viqueira y Romero en el escrito presentado a la Justicia Federal.
Los denunciantes destacan “el hecho que las denunciadas revisten cargos públicos y emitieron los mensajes intimidatorios el día 24 de marzo “Día de la Memoria, por la verdad y la Justicia” establecido por ley del Congreso”.
Explican que “estas acciones significan (…) violar la ley, delinquir, atentar contra el orden público, utilizando para ello el público ensalzamiento y reivindicación del Terrorismo de Estado, el miedo y la persecución por razones políticas”.
Señalan en ese sentido, que “no estamos hablando de la libre expresión de las ideas. Estamos cuestionando y denunciando acciones concretas que dan de bruces con la ley penal, atacando un bien jurídicamente protegido por la ley y cuya tutela corresponde a la Justicia Federal por mandato constitucional”.
Agregan que las publicaciones alcanzan a un número indeterminado de ciudadanos que “víctimas directas o no del Terrorismo de Estado, se sienten atemorizados por las expresiones y acciones concretas de las denunciadas”.
Dicen también que “la gravedad de los delitos de lesa humanidad expresamente exaltados por las denunciadas hicieron que sus expresiones rápidamente tomaran estado público, al punto que la noticia ha sido reproducida por numerosos medios de comunicación de alcance provincial y nacional, configurándose entonces un delito contra el orden público, ya que las denunciadas se han expresado abiertamente, con el objetivo de promover y exaltar ideas o doctrinas que ensalzan un delito y enaltecen a su autor. De hecho, han dado las “gracias” a un reo condenado por delitos de lesa humanidad (Videla), calificándolo como “prócer y honesto”.
Luego razonan que “tenemos la convicción de que no es una casualidad (lo sucedido), teniendo en cuenta las trayectorias políticas y condición de funcionarias públicas de Morales y Colautti”
Señalan, por lo tanto, que “ha habido una conducta meditada y dirigida a la comisión del delito. Ha habido una participación necesaria entre ambas denunciantes para darle trascendencia a su accionar delictual. Las denunciadas sabían que si solamente Colautti publicaba, la repercusión era muy limitada, ya que es una funcionaria de menor rango. Pero muy distinto sería si quien refrendara a las mismas era la propia Jefe Comunal, quien cuenta con un amplio pasado político y ha sido ex legisladora nacional. Así lo hicieron y consiguieron su objetivo. Enaltecieron, ensalzaron, y exaltaron la figura del delincuente y sus delitos, y el país habla de ello”.
Detallan que “en la publicación realizada por las denunciadas, de manera muy clara y directa y casi como expresión de deseo, se reivindica el Terrorismo de Estado (El “gracias Jorge Rafael Videla), se justifica el accionar del mismo (“No fueron 30 mil …” “…no fue genocidio, fue una guerra”, e incluso se promueve la persecución política”.
Finalmente, plantean que “eI texto publicado no admite dobles lecturas o interpretaciones diferentes: claramente es una expresión de deseo de interrupción del orden constitucional, democrático y republicano, y es una reivindicación a una metodología de persecución política e ideológica (de hecho, lo afirma de manera expresa) y a un accionar que cuenta con condena firme”.
—