La cárcel de Cruz del Eje “Adjutor Andrés Abregú”, en el Norte de la provincia de Córdoba, habría estado sin energía eléctrica durante tres días, entre el jueves 17 y el domingo 20 de noviembre pasados.
Así surge de una denuncia penal que presentará la ONG Asociación Civil de Lucha Contra Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad y Derechos Humanos a la que accedió este medio, con la firma de su titular Adriana Rearte y el abogado Norberto Vaca.
La organización también plantea que tomó conocimiento de la existencia de “una gran cantidad de internos (procesados y condenados) con COVID-19 positivo”.
En el escrito dice que “algunos reclusos y familiares de los mismos habrían puesto de manifiesto este verdadero acto inhumano a las autoridades penitenciarias, quienes no hicieron nada, agravando las condiciones de encierro de las personas que tienen bajo su custodia”.
El Estado, según la legislación vigente y los tratados de Derechos Humanos a los que adhiere nuestro país, está obligado a brindar un trato humano a los internos alojados.
Se desconocen los alcances de la falta de luz en el establecimiento penitenciario, las razones que lo motivaron y porqué no se puso en funcionamiento un sistema alternativo para alimentar de energía al lugar.
Dice la presentación que “la conducta esperada del Estado consiste en no dar a los presos cautivos bajo su órbita, el trato humano que dispensan este tipo de situaciones. En el caso, no se puede tolerar que las autoridades provinciales no hayan previsto este tipo de situaciones y, en su defecto, no dar la respuesta que el Estado debe dedicar”.
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