La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) aceptó este jueves la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Provincia a partir de las 0 horas del lunes 22 de julio en el conflicto salarial con el gobierno provincial. De este modo, el paro de 48 horas convocado por el gremio para el lunes 22 y martes 23 de julio y la movilización en Córdoba Capital para la segunda jornada de la medida de fuerza, fueron suspendidas y las clases se iniciarán normalmente. La intervención de la cartera laboral fue solicitada por el secretario General del gobierno provincial, David Consalvi. De hecho, la resolución paraliza la disputa por casi un mes -10 días hábiles ahora, que se pueden prorrogar por otros 10 días-. La próxima audiencia fue convocada para el próximo miércoles 24 de julio. Así, el gobierno tendrá la foto del reinicio de clases en la vuelta de las vacaciones de invierno.
Hasta ahora, la propuesta salarial oficial consistía, entre otros puntos, en actualizar los sueldos por inflación, tomando como base el salario de mayo de 2024, y una progresiva incorporación de los porcentajes perdidos durante los primeros cinco meses del corriente año.
Como los delegados departamentales del gremio pusieron en cuestión la política salarial de la Provincia, se espera que haya alguna modificación en el esquema oficial, sobre todo en ítems como los aportes extras a la obra social Apross, que arrastra graves problemas financieros, pero habrá que ver si es suficiente para destrabar la paritaria. En esa línea, fuentes oficiales señalan que el gobernador Martín Llaryora sigue la negociación de cerca y que el gobierno no se moverá de la cláusula gatillo por inflación.
Del lado gremial, el planteo tiene dos ejes que vuelven más compleja a la negociación: Que la actualización por inflación se dé sobre el salario del mes precedente y no sobre mayo de 2024 como propuso el gobierno; y que la recuperación de la pérdida salarial ocurrida en el primer semestre de 2024 se realice en un solo pago en junio y que ese monto ingrese en el cálculo para el pago del aguinaldo. Cabe recordar que el gobierno provincial desconoció la cláusula gatillo salarial que había acordado la administración de Juan Schiaretti, que impactaba en los salarios de diciembre de 2023 y enero de 2024, e impuso luego, hasta mayo de 2024, incrementos menores a la inflación.
A su vez, el conflicto se desenvuelve en el marco de una profunda crisis económica desatada por las medidas dispuestas por el gobierno nacional del presidente de ultraderecha, Javier Milei, que han provocado una elevada inflación (79,8% desde enero a junio de 2024), elevada pérdida del poder adquisitivo, y una profunda recesión.
El Ejecutivo apeló en los últimos días a azuzar la interna gremial, dado que la resolución del Congreso Provincial de Delegados se alcanzó por una mayoría ajustada. Intenta, de este modo, ablandar la resistencia a la proposición oficial. La disputa se desarrolla entre los sectores más afines al peronismo provincial y los que en esta paritaria se distancian, muchos de ellos peronistas, y otros de las agrupaciones de izquierda e independientes que controlan los sindicatos de base en Córdoba Capital y Río Cuarto, las dos principales ciudades de la Provincia.
Sin embargo, el secretario General de la UEPC le quitó entidad a este punto. Afirmó que “hacemos una síntesis de lo que traen cada una de las delegaciones. Contenemos a los sí y contenemos a los no; contenemos a los que no quieren medidas de fuerza y a los que si quieren medidas de fuerza. Por eso se definió que la propuesta era insuficiente, que el gobierno la tiene que mejorar en los términos de un mayor recupero, a partir de junio, manteniendo todos los otros puntos que están. También pedimos que se revea el diferimiento en el pago a los jubilados y de los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Con respecto al Apross, reclamamos la normalización en toda la provincia, que no se realice el descuento del FOSAET, y que el fondo de enfermedades catastróficas no se actualice por IPC sino por el valor de la pauta salarial”.
El gobierno también dispuso descontar el día de paro del pasado 24 de junio y que los salarios de julio se abonen sin aumento ante la falta de acuerdo. Lo mismo sucedió con los de junio.
La UEPC, en tanto, emitió un comunicado este jueves en el que explica que “la conciliación tiene una duración de 10 días hábiles desde su aplicación, prorrogables por decisión fundada de la autoridad de aplicación hasta un máximo de 10 días hábiles más”.
Señala que “dicha medida es abarcativa para todos los trabajadores docentes tanto de escuelas de gestión pública como privada, de todos los niveles y modalidades (Ley Nacional de Asociaciones Sindicales N° 23.551)”.
Justifica la aceptación de la disposición en que “el no acatamiento de la Conciliación Obligatoria habilita la aplicación de sanciones y multas para cualquiera de las instituciones, incluyendo la suspensión o cancelación de la personería gremial o la intervención del sindicato (artículo 56 de la Ley Nacional 23.551 de Asociaciones Sindicales). A su vez, implica la imposición de medidas sancionatorias para las y los trabajadores que la incumplieran (artículo 17 de la Ley Provincial N° 7.565)”.
Y concluye que “de esta manera, no acatar la conciliación obligatoria constituye una decisión de enorme irresponsabilidad institucional, al colocar en riesgo la existencia misma de la entidad sindical, que es nuestra principal herramienta para la defensa de los derechos de los docentes”.
MÁS INFORMACIÓN
VER Córdoba: Los docentes rechazaron la propuesta salarial del gobierno y lanzaron un paro de 48 horas.
VER Córdoba: La Provincia ofertó a los docentes una “cláusula gatillo” salarial desde junio.
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