Un cartel de papel color amarillo y letras verdes y rojas en manos de una docente resaltaba entre la multitud: “Llaryora mentiroso”. Se refería a la promesa del gobernador de presentar una propuesta superadora para destrabar el conflicto y reconocer a los docentes que, por ahora, no apareció. Señales de que el conflicto docente ingresó en una zona de turbulencia para el gobierno provincial. Confluyen a ese lugar el alto acatamiento al paro -que se ubicó en un promedio de 70% en las dos jornadas, según la información de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) aunque la administración provincial informó un porcentaje de 54%-, la masiva marcha de docentes que llegó hasta las cercanías del centro cívico provincial, y las fuertes críticas al Ejecutivo.
La protesta también expone los límites de la estrategia de acompañamiento de la Provincia a la política económica del gobierno nacional del presidente de ultraderecha, Javier Milei, y el fuerte descontento que parece comenzar a aparecer sobre el ajuste de los ingresos. El conflicto docente en Córdoba adquiere una dimensión extra, por afuera de las fronteras locales, porque justamente es una reacción a la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y al empobrecimiento de la docencia, un sector con elevada incidencia simbólica en la conciencia de la sociedad.
Si bien la marcha no pareció conseguir adhesión activa por fuera de la geografía de las escuelas, fue importante en cuanto a convocatoria, un indicador de la profundidad del descontento.
El secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, se encargó en su discurso de despejar los ruidos sobre la protesta: “Estamos en la calle para decirle al gobernador Llaryora que este no es un conflicto gremial interno, este no es un conflicto político, este es un conflicto salarial y de la UEPC”.
Cristalli expresó además que “esta es la síntesis de la Asamblea Departamental. Nos prometieron una propuesta superadora luego de la conciliación obligatoria. Esta propuesta no solo nunca apareció, sino que le quitaron puntos que nosotros consideramos válidos. Esos puntos tienen que estar sí o sí, no vamos a bajarlos”.
Sobre el reclamo jubilatorio y la eliminación del diferimiento, Cristalli señaló que “para nosotros, los jubilados son parte de nuestra historia, siguen siendo docentes, y no vamos a abandonar la lucha hasta que logremos la suspensión del diferimiento -el pago de los aumentos a 30 y 60 días, según el valor de los haberes-”.
Luego indicó que “estamos abiertos al diálogo, pero que quede claro, tiene que estar contemplado el recupero salarial, la eliminación del diferimiento y del FOSAET, que esté garantizado el 100% del IPC y que todas nuestras demandas se cumplan”.
También valoró el apoyo de sectores y organizaciones políticas que acompañaron la manifestación y sostuvo que “tenemos que decirles que no nos vengan a palmear la espalda cuando a nivel nacional votaron la eliminación del FONID y pretenden declarar a la educación como un servicio esencial, pretenden que perdamos derechos y siguen con el ajuste”.
Por último y en respuesta a los dichos del gobernador quien afirmó que los docentes “trabajan cuatro horas”, Cristalli subrayó: “En la Feria de Ciencias del viernes les demostramos al Gobierno, a los funcionarios y a la sociedad que esa actividad la llevaron adelante los docentes con sus recursos y trabajando por fuera del horario escolar. Es hora de que se reconozca salarialmente toda la tarea docente”, afirmó.
EL CONTEXTO
Se trata de una pulseada clave en el sector público, ya que los docentes demandan un incremento que reconozca el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y que esa suma sea remunerativa (en blanco y que aporte al resto de los ítems salariales y al pago de jubilados); y una recuperación más acelerada del salario perdido en el primer semestre. En cambio, el gobierno apuesta a cerrar un acuerdo que reconozca el IPC, pero con un pago remunerativo y otro no remunerativo basado en suma fijas que achatan la pirámide salarial, además de una proposición más extendida para la conversión de actualizaciones anteriores a categoría remunerativa.
También entra en juego el fin del ajuste sobre los haberes jubilatorios, una situación que surge del diferimiento de entre 30 y 60 días, según el monto, del pago de los aumentos que reciben los trabajadores en actividad; y los descuentos adicionales para financiar la obra social APROSS.
La medida de fuerza y la movilización se realizaron luego de que finalizara el período de conciliación obligatoria sin acuerdos entre el gobierno provincial y el gremio. En el medio, el Ejecutivo decidió pagar de modo unilateral el monto de la propuesta que había realizado en la mesa de negociaciones, pero que no había sido aceptada por el gremio, con los salarios de junio y julio de este año. También decidió descontar el anterior paro que llevaron a cabo los docentes.
El conflicto se desenvuelve en medio de la crisis económica desatada por las medidas del gobierno nacional, que dispararon la dinámica inflacionaria, redujeron el poder adquisitivo de los ingresos, y generaron una fuerte recesión económica. Esas medidas, junto al fuerte ajuste del gasto público, redujeron la coparticipación a las provincias, condicionadas, además, por la supresión ilegal del envío de recursos nacionales y la eliminación de la obra pública. Es un coctel altamente explosivo.
APOYO DE LA CGT CÓRDOBA
“Exigimos a la Provincia el pertinente reconocimiento que se merecen las y los docentes mejorando sus condiciones salariales y laborales”, afirmó el co-titular de la CGT Córdoba, Federico Corteletti, y secretario General del gremio de judiciales provinciales.
LAS FOTOS DE LA MARCHA
[MÁS INFORMACIÓN]
VER Córdoba: La carta abierta de una jubilada docente de Cruz del Eje al gobernador.
VER Córdoba: El paro docente registró un 70% de acatamiento y este martes se realiza una movilización.
VER Córdoba: La recesión también impactó en la recaudación de la Provincia en julio.
VER Córdoba: Los docentes ratificaron el paro y volvieron a reclamar una “propuesta superadora”.
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