El bloque de diputados de Juntos por el Cambio, en representación de las 10 mil “grandes fortunas” argentinas, montó en la madrugada del 18 de noviembre una escena política de proporciones en el Congreso para oponerse al “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (de coronavirus)”. En primer lugar hay que señalar que es totalmente normal que haya fuerzas políticas que defiendan a los empresarios o al capital. En segundo, que también es totalmente normal que haya fuerzas políticas que representen a trabajadores y otros sectores. Eso es la democracia.
Sin embargo, es notorio, que este debate se haya producido sólo frente a la necesidad de recurrir a un aporte económico para hacerle frente a una situación inédita, como la que generó la pandemia de coronavirus en nuestro país y el resto del mundo, y que el sistema impositivo y su rol no sean parte de una discusión urgente y necesaria para el desarrollo del país.
Es necesario destacar, para dimensionar lo sucedido en el recinto de la cámara baja, que no se puso en discusión ninguna reforma impositiva de carácter progresivo (donde los que más renta, patrimonio y ganancia obtienen, pagan más al fisco; y donde los impuestos al consumo o la producción, como el IVA o Ingresos Brutos, pasan a tener menor incidencia). Justamente, esa es la política tributaria que llevan adelante algunos de los principales países del mundo, sin que nadie amague con inmolarse en público en defensa de la libre empresa o del capitalismo.
La cifra en pesos que se espera recaudar con este llamado impuesto a la riqueza que obtuvo la media sanción de Diputados, es de aproximadamente 300 mil millones de pesos, que al tipo de cambio oficial mayorista de 80,15 pesos de este miércoles 18 de noviembre, representan unos 3.900 millones de dólares. Al dividir esa suma por 10.000 contribuyentes, queda un monto promedio de 400 mil dólares.
Para realizar una comparación común, una pick-up Toyota Hilux SRX 2.8 TDi automática, doble cabina, la tope de gama, se consigue por unos 50 mil dólares oficiales; un Mercedes Benz clase E, desde 128 mil dólares; y un Toyota Corolla desde 25.000. Es decir, que el promedio del aporte representa 8 camionetas, 3 Mercedes Benz clase B, o 16 Toyota Corolla.
Obviamente, el argumento habitual es que cada uno hace con su dinero lo que mejor le plazca, pero aquí hay una realidad acuciante: el Estado argentino gastó 4,9 puntos del PBI (según la CEPAL) para asistir a personas que se quedaron sin trabajo por la pandemia, empresas que dejaron de producir por el mismo motivo, y para absorber los gastos extraordinarios de la atención de la salud de la población y de los profesionales del sector. Traducido en números, el 4,9% del PBI son 23.400 millones de dólares (el PBI de 2019 fue de aproximadamente 473 mil millones de dólares). Es decir, que el aporte extraordinario que se cobrará a las personas físicas con un patrimonio mayor a 200 millones de pesos (unos 2,5 millones de la moneda estadounidense) representa un 16,66% del gasto público extraordinario asumido por el Estado argentino.
También ese necesario encuadrar el tema en un contexto mayor: Argentina tiene un gasto público inferior, en relación al PBI, al que tienen los principales países europeos u otros países como Canadá e Islandia y levemente superior al de Israel, Nueva Zelanda y Australia.
El país tuvo en 2019 un gasto público total que representó un 38,9% del PBI, inferior al 42% de los Países Bajos (Holanda); el 41,90% de Islandia o el 40,66% de Canadá. Mientras que fue mayor al de Israel (38,76%), Nueva Zelanda (36,67%) o Australia (35,66%).
Ni que hablar si el ojo se pone en Dinamarca, el país en el que transcurre una de las series más vistas de Netflix: Borgen. El Estado danés gasta 49,60% del PBI (+10,5% que Argentina).
En el Norte europeo, el famoso Estado de bienestar y la igualdad social se sostienen con elevado gasto público: Suecia invierte el 49,30%, Noruega el 51,80% y Finlandia el 53,30%. Es decir, que el Estado finlandés gasta casi 15 puntos porcentuales más que el nuestro.
Francia, gobernada por el neoliberal Emanuel Macron, invierte desde el Estado el 55,6% del total de la producción de bienes y servicios de esa Nación clave del Viejo continente; y Alemania, cuya canciller es la centro-derechista Angela Merkel, el 45.4%.
Semejante nivel de gasto público se sostiene con el pago de impuestos mucho más equitativos que en nuestro país. Es decir, los que más ingresos obtienen, pagan más al fisco. Ése es uno de los motivos por el que muchos multimillonarios, empresarios, artistas o deportistas tienen domicilio en Suiza, Luxemburgo, Andorra o Mónaco, por citar cuatro países con baja carga impositiva o laxitud para mirar el origen de los recursos de sus habitantes, sean estos, nacidos y criados, o provengan de otras latitudes.
Normalmente se habla y escribe sobre los ejemplos de la infraestructura o tecnología de Alemania, del sistema educativo finlandés, del bienestar y calidad de vida de suecos y noruegos, o del esplendor de Paris. Sin embargo, se suele ocultar el sistema que sostiene esas “maravillas”.
Por ejemplo, si Argentina quisiera igualar a Alemania, debería expandir su gasto público (a valores de 2019) en relación al PBI, un 7% (de 38,9 a 45,9%). Esto implicaría cobrar impuestos adicionales por valor de unos 33 mil millones de dólares; unas 8,5 veces más que el aporte extraordinario que obtuvo media sanción en Diputados, que como se señaló, es de 3.900 millones de dólares.
Según lo que se observó, si Argentina intentara parecerse a los alemanes, con un estándar de equidad y justicia impositiva y distributiva similar, vaya a saber que plaga bíblica se hubiera desatado.
* Fuente datos comparativos de gasto público en relación al PBI: revista Expansión (México).
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