La planta de Taym, sobre Ruta Nacional 36, horas después de que el torrente de agua la atravesara.
Un año después del desastre producido por la inundación y desborde de la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym, perteneciente a BRA (Benito Roggio Ambiental) los avances judiciales han sido menores. La planta aún sigue clausurada y se están realizando tareas de remediación. El expediente judicial se encuentra dividido en dos partes: la investigación por contaminación ambiental es instruida por el fiscal de Alta Gracia Alejandro Peralta Otonello; mientras que la responsabilidad de los funcionarios es investigada por el fiscal del fuero anti-corrupción, Alejandro Amayusco. En el tramo de contaminación es donde se han producido algunos avances: allí se encuentra imputado por presunta contaminación ambiental el gerente operativo y apoderado de Taym al momento del episodio, Cesar Ernesto Ripsky. Del otro andarivel, no se conocen avances.
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El 28 de marzo de 2017, una lluvia torrencial en la zona de Alta Gracia desató un verdadero desastre, que por la inclinación del terreno escurrió las aguas hacia la ruta Nacional 36, arrastrando todo a su paso. La escorrentía inundó y produjo daños diversos en dos lugares sensibles: el predio donde se planea instalar CORMECOR, la planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la capital cordobesa y su región metropolitana; y la planta de tratamiento de Residuos Peligrosos de Taym. De esta última se cree que partieron distintos contaminantes que terminaron en el canal de agua a cielo abierto que abastece la planta de potabilización de agua que abastece el sur de Córdoba. En la zona servida por Aguas Cordobesas, una empresa operada por el Grupo Roggio, viven el 30% de los habitantes de la ciudad.
Hasta ahora, en el expediente judicial que tramita Peralta Otonello y en base a los estudios que el fiscal ordenó realizar el día 29, se sabe que en el agua del canal había presencia de herbicidas, aceites y metales pesados. En los análisis de agua cruda del canal Los Molinos se detectaron distintas sustancias contaminantes, pero una de ellas, el 2,4,6 triclorofenol estaba presente en una concentración de 21,62 microgramos por litro. Ése valor es el doble del límite permitido para consumo humano.
El 2,4,6 triclorofenol es una sustancia que “se puede absorber por inhalación del aerosol, a través de la piel y por ingestión”. Este último proceso es el que podría estar en juego aquí. Los efectos de la ingestión prolongada de esta sustancia por parte de seres humanos “puede afectar al hígado, dando lugar a alteraciones funcionales”.
Ver ficha internacional de seguridad química del 2,4,6 triclorofenol.
Una imagen de la planta potabilizadora Sur de Aguas Cordobesas. Foto: Mariano Paiz.
El servicio de agua potable al sur de la ciudad de Córdoba fue interrumpido pocas horas después de la tormenta y comenzó a ser restituido el 30 de marzo, al final de la tarde. Esto es, un día y medio después de los resultados sobre los que trabaja la Justicia. En esa oportunidad, el gobierno provincial, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), Aguas Cordobesas, y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) señalaron que los estudios efectuados al agua cruda habían determinado que estaba en condiciones de ser potabilizada. Esos análisis fueron hechos públicos.
El abogado de los vecinos de Santa Ana, Darío Avila le dijo ayer a ENREDACCIÓN que hubo muchas dificultades para avanzar en la pericia multidisciplinaria. Como informó el diario Perfil Córdoba, el equipo de peritos oficiales está dirigido por el ingeniero químico Orlando de la Rúa y se integra por un médico especialista en daño a la salud, un ingeniero especialista en hidráulica, otro en ambiente, un biólogo y un geotécnico. Son profesionales con actividad privada o que pertenecen a la Universidad Católica de Córdoba (UCC). “Nosotros pedimos que se conformara este cuerpo para interpretar estos resultados que se obtuvieron a partir de las muestras tomadas en el canal de agua Los Molinos. Lo primero que se debe responder es si estos compuestos pertenecían a Taym o son producto de la actividad agropecuaria en la zona”, explicó Avila. “Además, impugnamos la citación de peritos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) porque el titular de la Secretaria de Ambiente en la Provincia, Javier Britch, es cofundador del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (Ciqa) de la UTN”.
A su vez, el fiscal Peralta Ottonello busca saber qué sucedió exactamente en la planta de Taym aquella noche. Para ello, intentará averiguar a través del estudio de este equipo dónde estaban almacenados los residuos: el tratamiento y disposición; las características del suelo del área; la pendiente existente; el volumen de agua que pudo haber ingresado al predio; la ruta que habría seguido la escorrentía; y el método de potabilización utilizado por Aguas Cordobesas para tratar y eliminar los compuestos hallados.
Avila precisó una serie de certezas existentes hasta el momento:
-Sabemos que en el agua del canal había presencia de sustancias tóxicas.
-En el estudio de impacto ambiental presentado por la propia empresa para lograr la autorización de su instalación, se advierte que “la zona es de mallines y escorrentías naturales y susceptible de sufrir erosión hídrica”.
-En el 2000 no había podido obtener el certificado de no inundabilidad del predio, una condición que le impedía poner en funcionamiento la planta, por lo que amenazó con no avanzar en la inversión. En esa circunstancia apareció Fabián López como director de la DIPAS y a través de un informe señala que “a pesar de que es una zona susceptible de erosión hídrica, es posible la instalación de la planta”.
Una de las entradas a TAYM anegada poco después del temporal.
-En noviembre de 2016, con motivo de vencerse la licencia ambiental anual, una inspección de Policía ambiental advierte de la existencia de irregularidades y levanta un acta de inspección. ¿Cuáles eran esas irregularidades? a) La presencia de materiales electrónicos, que luego aparecerían en la ruta, en un playón de estacionamiento, que no es un lugar adecuado para almacenar ese producto. b) Las piletas de lixiviación, que es el liquido que se libera por la descomposición de los productos dispuestos en las fosas al descomponerse y que son altamente tóxicos, estaban colmadas, por encima del nivel autorizado. El agua escurrió por encima de las piletas y los líquidos fueron arrastrados. c) Estaban construyendo una fosa, que no tenía licencia ambiental. d) había tambores de DDT a la intemperie. El inspector recomienda hacer un sumario administrativo, pero la Secretaría de Ambiente no llevó adelante ningún sumario y la planta continuó funcionando con esa irregularidades hasta el momento de la inundación el 28 de marzo. Taym hizo un descargo frente al acta, pero Ambiente no inició ningún sumario frente a la irregularidades que debieron haber concluido en la clausura de Taym.
Finalmente Avila plantea que la planta fue autorizada a funcionar al margen de las exigencias de la ley y pese a la inspección de noviembre de 2016, no hubo ningún tipo de acción de la Secretaría de Ambiente. Concluye en que si los funcionarios hubieran actuado correctamente, la contaminación no se hubiera producido. “Claramente hay una responsabilidad”, interpreta el abogado Avila.
Nebreda: “La Provincia todavía no explica las razones del anegamiento de la planta de Taym”
“Se cumple un año del anegamiento en la Planta de Residuos Peligrosos de Taym de Alto el Durazno, pero todavía la Provincia no ha dado a los legisladores de Córdoba una respuesta acabada de los hechos”, afirma la legisladora de Córdoba Podemos, Carmen Nebreda.
Señala que “una nueva advertencia sobre este tema realizaron los vecinos autoconvocados del colectivo “Santa María Sin Basura”, quienes especificaron en un comunicado que el actual Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, fue quien en el año 2000 firmó un informe técnico para que la empresa pudiera instalarse en Alto el Durazno”.
“En aquella ocasión -dice la legisladora-, López señaló que ‘el área no presentaba riesgos de inundación'”.
Agrega finalmente que “por otro lado, también vale señalar que en el marco de la situación compleja que atraviesa la provincia en materia de tratamiento de residuos, el Ejecutivo tampoco emitió ninguna contestación al pedido de informe que realicé respecto de la licencia ambiental que se otorgó a la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (Cormecor) para que instale un predio de tratamiento de desechos próximo a Villa Parque Santa Ana”.
[LA INUNDACIÓN DE TAYM]
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