Estos tres últimos años fueron sin lugar a dudas los peores de los últimos tiempos para quienes trabajan en la República Argentina.
Desde el inicio del actual gobierno nacional, se implementó una gran cantidad de medidas, que nos revelan que estamos ante una clase política gobernante con una mirada abiertamente antiobrera.
Lo demuestra, por ejemplo, uno de los principales incumplimientos de promesas de campaña electoral. Hablamos del compromiso que el presidente Mauricio Macri asumió con los activos argentinos, cuando prometió que los trabajadores, en su gobierno, no pagarían más impuesto a las ganancias. No sólo no cumplió, sino que, además, terminó aumentando la cantidad de asalariados que pagan este tributo injusto, regresivo, confiscatorio y de corte neoliberal.
Se estigmatizó a los trabajadores estatales, tildándolos de “vagos” o de “ñoquis”. A los abogados laboralistas, atribuyéndoles el formar parte de una industria de los juicios. A los sindicatos y a destacados dirigentes gremiales, que luchan por los derechos de sus afiliados. Intentaron poner techo a las paritarias. Consintieron que existan actividades (estatales y privadas), en las que los trabajadores no tuvieron paritarias. No intervinieron en los casos de evidentes violaciones de derechos previstos en leyes nacionales y en disposiciones de la propia Constitución.
¿Que ha venido haciendo la Secretaría de Trabajo de la Nación, para resguardar de los derechos que se vienen vulnerando a miles de trabajadores? Insisten en aprobar una reforma laboral. A través de ella se busca flexibilizar las condiciones de trabajo, recortar derechos y conquistas, debilitar las organizaciones sindicales y, en definitiva, llevarnos a la era de hielo en materia laboral (una especie de esclavitud moderna).
Fueron despedidos miles de trabajadoras y trabajadores, tanto estatales como privados, y no se arbitraron medidas para suspender por un tiempo los despidos. El modelo actual es más bien agroexportador, y dirige gran parte de sus medidas para beneficiar a los ricos, a los sectores más acomodados de la Argentina (un ejemplo de ello es el acuerdo firmado entre La Unión Europea y el Mercosur recientemente).
Este modelo no tiene entre sus prioridades lograr una mayor industrialización, ni apoyar y asistir a las Pymes, que son las que más trabajo generan desde hace años, ni apostar a la producción nacional, ni estimular el mercado interno, ni mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos para que vivan con dignidad.
Si bien existen organizaciones sindicales que cumplen su función de modo eficiente (logran paritarias dignas, nuevos derechos y conquistas; administran su propia obra social sin intervenciones; capacitan y ofrecen muy buenas opciones para vacacionar a quienes representan), como Camioneros, la Bancaria, las dos CTA, los Farmacéuticos y los Custodios, entre otros, también hay quienes han consentido la flexibilización laboral en su actividad, quienes fueron serviles, cómplices del poder político. Hoy, sus representados, están pagando los costos de esta traición.
A ello se suma la virtual e inexistente CGT actual. Es necesaria su urgente normalización por parte de los sindicatos.
Es importante remarcar que el Gobierno nacional, en estos años fue acompañado en muchas de sus acciones por gobiernos provinciales (incluidos algunos de distinto signo político), lo que es muy lamentable, porque la ciudadanía y los trabajadores no esperaban esa actitud de ellos.
Frente a este cuadro de situación, el año 2019 les ofrece la posibilidad a los trabajadores argentinos de elegir gobernantes que impulsen un modelo contrario al actual. Será el momento de votar a gobernantes que reconstruyan el país, que vengan de las filas de los trabajadores. Han pasado casi 4 años de pesadilla para los trabajadores. Pero, sobre todo, debemos mandar un claro mensaje a quienes aspiren llegar a la Presidencia de La Nación en las próximas elecciones: votemos “por un presidente del lado del trabajador”.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista y autor del libro “Violencia laboral”.
