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Un conversatorio para apoyar el proyecto de Ficha Limpia en Córdoba

El conversatorio para apoyar el proyecto de ley de Ficha Limpia en Córdoba.

Con la apertura del legislador provincial Marcelo Cossar (UCR) y moderado por Gastón Marra (Ficha Limpia), tuvo lugar ayer por la tarde el conversatorio virtual “La transparencia al centro”, oportunidad en la cual importantes referentes de transparencia y anticorrupción apoyaron el reciente proyecto de Ley de Ficha Limpia Córdoba presentado por los bloques opositores en la Unicameral.

En un zoom que contó con más de 200 personas, participaron el jurista Márlon Reis, impulsor de “Ficha Limpia” en Brasil, las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Brenda Austin, el diputado nacional Gustavo Menna, la diputada provincial por Mendoza María José Sanz, Marta Oyhanarte (Poder Ciudadano), Fanny Mandelbaum (periodista), Alejandro Fargosi (ex consejero de la Magistratura) y Alina Palumbo (Ficha Limpia Córdoba). La actividad contó con la organización de la Fundación Ciudadanos y el Movimiento Ciudadano Ficha Limpia.

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La iniciativa de ley en Córdoba forma parte de la agenda de calidad institucional necesaria en esta provincia y a nivel país para afrontar los desafíos de lo que viene como pospandemia y busca dar respuestas efectivas a la preocupación creciente de la ciudadanía por temas de corrupción en el país.

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Una encuesta llevada a cabo días atrás, ubica a la corrupción como el segundo factor en los problemas del país. Lo que indica la necesidad urgente de escuchar la agenda de la gente, y dar lugar en los parlamentos para que se conviertan en ley a este tipo de iniciativas.

La Ley de Ficha Limpia Córdoba, establece que no pueden ser candidatos a cargos electivos o partidarios las personas que se encuentren condenadas a penas privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por delitos de corrupción, contra la vida, la libertad, la identidad y la integridad sexual. La inhabilitación prevista se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

Actualmente, más de 10 provincias han presentado proyectos de leyes similares, situación extensiva a los concejos deliberantes de numerosas ciudades argentinas.

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