El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, presentó este martes el nuevo protocolo de acción policial y aseguró que en él se establece claramente que el uso de arma de fuego “es una excepción”.
La presentación se realizó en una conferencia de prensa desarrollada en medio de la investigación que se lleva en Córdoba por dos casos de gatillo fácil en los que murieron Valentino Blas Correas, en Capital, y Joaquín Paredes, en Paso Viejo, en el Norte de la provincia. Son los dos últimos hechos de este tipo, pero que en 2020 llegan al número de siete.
La exposición estuvo a cargo del ministro Mosquera, quien en el inicio de la presentación recalcó que “este es un trabajo que encomendó hace aproximadamente 6 meses el señor gobernador de la Provincia (Juan Schiaretti)” y que “en estos años, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha tenido significativos avances en materia de democratización de sus fuerzas de seguridad. Y fundamentalmente, el pertinente respeto de los derechos humanos”.
“Reafirmamos la convicción que el derecho superior de toda persona es la vida, por eso este protocolo ratifica una vez más el uso de arma de fuego como una excepción y sólo cuando median cuestiones importantes y legislaciones expresas”, expresó Mosquera.
Dijo que “la prohibición de accionar el arma de fuego cuando lo único que está en riesgo un bien material o en una parada preventiva. O para disuadir, conductas tan habituales y enraizadas en el servicio”.
En ese sentido, aseguró que casos como los de Blas o Joaquín no volverán a ocurrir “porque el protocolo será de cumplimiento obligatorio”.
“Los oficiales jefes que no estén a la altura de la circunstancia deberán abandonar de inmediato sus cargos, teniendo que cumplir con las normativas establecidas”, aclaró.
También sostuvo que las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la cuarentena “pueden haber provocado algunos efectos colaterales que no se configuran solo con la muerte de una persona”.
“Se tienen que terminar todo tipo de hostigamiento y malos tratos, todo tipo de atropellos, anhelamos una policía respetuosa de la gente, que honre su uniforme pero no sería justo conmigo mismo si no dijera que la inmensa mayoría de los que integran la Policía de Córdoba, honran su uniforme”, cerró.
La comisión que desarrolló el protocolo estuvo integrada por representantes del Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos y la participación de expertos como el abogado Claudio Stampalija (Director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano) y Mariana Carbajo, entre otros.
Según relató Stampalija, la comisión acordó que el modelo canadiense era el “que mejor se ajustaba a la realidad” de Córdoba como así también a los objetivos de una “policía moderna”.
“Las primeras recomendaciones que hicimos están vinculadas precisamente con el estudio de este protocolo para adecuarlo a la normativa interna de la provincia y de la Policía incorporarlo a los materiales de estudio en las escuelas de formación policial, en lo que respecta a prevención, control y educación”, remarcó el especialista.
“Contempla también una parte de reentramiento de la fuerza, una formación y capacitación continua para los que ya están trabajando”, agregó.
El protocolo también realiza una serie de recomendaciones para reforzar el control disciplinario, la detección, el tratamiento preventivo y sancionatorio de irregularidades detectadas en los excesos policiales.
Respecto al uso de armas, el especialista consideró que es “momento de evaluar el uso por parte de las fuerzas de seguridad de Córdoba de armas de letalidad reducida”, en referencia a las pistolas conocidas como Taser.
En tanto, en el protocolo también figura la “disminución de la portación de armas de fuego por parte de los policías fuera de su horario de trabajo”.
A su turno, el director General de Recursos Humanos de la Policía, Comisario Mayor, Julio Cesar Faría, explicó cómo se va a implementar la capacitación de los efectivos policiales en relación al nuevo protocolo: “Vamos a redoblar los esfuerzos para que cada uno de los efectivos de la fuerza reciban esta formación y puedan reentrenarse, dentro de los horarios de trabajo”.
“El aprendizaje será obligatorio para todo el personal policial, alcanzando a los 26 departamento de la provincia, por lo que hemos diagramado una planificación para que puedan lograr una capacitación mensual en los 20 días hábiles, una vez por mes, garantizando el desarrollo continuo de la formación”, aseguró.
QUÉ DICE EL NUEVO PROTOCOLO
El protocolo comprende tres capítulos y sus correspondientes anexos.
Entre sus puntos más sobresalientes se destacan los objetivos principales:
-Regular el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía de la provincia de Córdoba propendiendo a la minimización de su uso para la protección de los derechos humanos.
-Brindar protección y seguridad al personal policial sobre la correcta manera en que debe usarse la fuerza.
-Otorgar pautas objetivas para el uso gradual y legítimo de la fuerza por parte del personal policial.
Otro de los artículos destacados es el referido a la prohibición del uso de la fuerza.
-Hostigamiento, entendido como el conjunto de prácticas que constituyen las relaciones entre el personal policial y la ciudadanía.
-Utilizar técnicas de defensa personal que impliquen riesgo para la vida de las personas.
-Efectuar disparos hacia una multitud.
-Efectuar disparos desde o hacia vehículos en movimiento. Se exceptúa esta regla en los casos en que se encuentre en riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial y/o la de terceras personas y no hubiere otra opción de abordaje de la situación.
-Efectuar disparos hacia un objetivo que no se encuentre lo suficientemente definido a través de ventanas, puertas, paredes u otros obstáculos.
-Efectuar disparos cuando éstos impliquen un riesgo inminente para terceros.
-Efectuar disparos para controlar a personas que solamente se encuentran causando daños a objetos materiales.
-Efectuar disparos para detener a personas cuyas acciones solamente pueden producir lesiones a sí mismas.
-Utilizar el arma de fuego directamente o como herramienta de disuasión frente a la huida de un control vehicular, la fuga de una persona legalmente aprehendida o perseguida para aprehender o la falta de cumplimiento de una orden verbal, salvo que se encuentre en riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial y/o la de terceras personas.
-Desenfundar o manipular un arma de fuego a menos que su uso potencial en la situación sea adecuado al presente protocolo, o si las circunstancias claramente requieren el uso del arma para controlar una situación peligrosa para la vida.
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